Una denuncia penal pide investigar al intendente y al concejal por la autorización de la competencia. El escrito advierte sobre movimientos de arena, beneficios económicos para los organizadores y un vínculo societario que podría configurar un conflicto de intereses.

Pinamar: el Enduro llegó a la Justicia con una denuncia contra Ibarguren y Alejo Yeza

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Una presentación judicial cuestiona la autorización del Enduro del Invierno 2026 en las playas de Pinamar y pide investigar al intendente Juan Manuel Ibarguren y al concejal Alejo Yeza. La denuncia sostiene que hubo beneficios económicos para los organizadores, exenciones de tasas y posibles incompatibilidades derivadas de un vínculo societario previo.

La denuncia fue presentada ante la U.F.I.J. y Delitos de Corrupción N° 4 de Dolores por el abogado y exfuncionario municipal Lucas Ventoso, quien solicitó investigar a Ibarguren y Yeza por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, además de un eventual daño agravado sobre bienes del dominio público. El escrito pide también medidas urgentes de prueba y una constatación técnica sobre las intervenciones realizadas en la costa.

El eje de la presentación está puesto en la Ordenanza 7342/26, sancionada el 14 de agosto por el Concejo Deliberante a partir de un pedido de Rodrigo Ezequiel Allue, representante de EDV Entertainment S.A., para realizar el Enduro del Invierno los días 29 y 30 de agosto. Según la denuncia, el circuito tuvo unos 3.400 metros de extensión por unos 60 metros de ancho, ocupando íntegramente un sector de playa pública entre los balnearios El Pájaro y Rada Beach.

Uno de los puntos más cuestionados es el beneficio económico otorgado a la organización. El municipio habría cedido gratuitamente ese sector de playa y, de acuerdo con la presentación, la ordenanza eximió al organizador del pago de tasas y cánones por ocupación del espacio público, además de derechos vinculados con publicidad y propaganda comercial.

La denuncia sostiene además que las obras ejecutadas para montar el circuito implicaron excavaciones profundas, movimientos de arena y la construcción de taludes y rampas de aproximadamente tres metros de altura. Para el denunciante, esas intervenciones alteraron la morfología natural de la playa distal y del pie de médano y contradijeron normas municipales que restringen este tipo de modificaciones.

El escrito cuestiona que las intervenciones se habrían realizado sin una Declaración de Impacto Ambiental y sin la autorización técnica suficiente de los organismos provinciales competentes en materia ambiental e hidráulica. La denuncia recuerda que las playas marítimas integran el dominio público provincial y que la autorización municipal, por sí sola, no reemplaza las competencias de la Provincia.

Asimismo se analiza la relación entre el concejal Alejo Yeza y el organizador del evento. Según la documentación acompañada, Yeza y Rodrigo Ezequiel Allue integraron la sociedad Grupo TR2 Pinamar SRL, constituida en abril de 2022 y cuyo objeto incluye actividades de construcción e inmobiliarias, entre otras.

Para el denunciante, ese vínculo podría configurar un conflicto de intereses que obligaba al concejal a comunicar la situación al cuerpo legislativo y abstenerse de intervenir en asuntos vinculados con su socio comercial. Sin embargo, Yeza participó de la discusión y votó favorablemente la ordenanza.

La denuncia subraya que la ordenanza necesitaba diez votos afirmativos y que obtuvo precisamente esa cantidad, incluyendo el voto de Yeza. Por eso, sostiene que su participación “fue meramente accesoria o inocua” no resulta aplicable: según el planteo, de haberse abstenido por su vínculo societario, la autorización no habría alcanzado la mayoría agravada requerida.

El escrito también pone la lupa sobre la rentabilidad del evento. Según la documentación citada, las inscripciones costaban entre 250 y 320 dólares, las entradas generales $50.000, las preferenciales $120.000 y las VIP a boxes $300.000. A esto se sumaban ingresos por publicidad y sponsoreo de marcas vinculadas al motociclismo. El denunciante estima preliminarmente que el volumen económico del evento pudo acercarse a US$500.000, aunque plantea que esa cifra deberá ser determinada mediante prueba contable e informativa.

También se pide investigar el papel institucional de la Municipalidad de Pinamar en la promoción del evento, particularmente si se utilizaron recursos, canales oficiales o infraestructura pública para favorecer una explotación económica privada sobre un sector del dominio público costero.

Respecto de Yeza, la presentación plantea que su voto pudo contribuir a autorizar una actividad que, según la denuncia, estaba prohibida por ordenanzas locales y no contaba con la evaluación ambiental previa exigida por la Ley Provincial 11.723. También sostiene que debe investigarse si existió un interés directo derivado de su vínculo societario.

En cuanto a Ibarguren, el denunciante cuestiona que haya promulgado la Ordenanza 7342/26 y permitido la ejecución del evento pese a que, según afirma, ya había recibido una denuncia administrativa con fotografías y referencias a las intervenciones realizadas sobre el frente costero. Para el escrito, también debe determinarse si el jefe comunal omitió medidas de control, prevención o suspensión.

Finalmente, la presentación reclama una inspección ocular urgente sobre el sector intervenido, con registro fotográfico, fílmico y georreferenciado, además de la preservación de toda la documentación municipal relacionada con la autorización, promoción, fiscalización y ejecución del Enduro del Invierno 2026. El objetivo es determinar el impacto ambiental y establecer si las excavaciones y movimientos de arena provocaron un daño sobre bienes del dominio público.

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