9 de agosto de 2013
POLEMICA
Azul: Pagos extra excesivos
El Sindicato de Obreros y Empleados municipales presentó una denuncia a la Justicia por supuestas remuneraciones adicionales ilegítimas abonadas por el gobierno de José Inza. Además, plantearon un encubierto aumento de sueldo a funcionarios del oficialismo por medio de decretos firmados por el Intendente
El Sindicato de Obreros y Empleados municipales presentó una denuncia a la Justicia por supuestas remuneraciones adicionales ilegítimas abonadas por el gobierno de José Inza. Además, plantearon un encubierto aumento de sueldo a funcionarios del oficialismo por medio de decretos firmados por el Intendente
Este último tiempo no fue el mejor para el jefe comunal de Azul, José Inza. El fallo sobre el Ejercicio 2011 que le devolvió el Tribunal de Cuentas bonaerense, las supuestas irregularidades por el pago de horas extra y aumento de sueldo de funcionarios y una segunda interpelación en el Concejo Deliberante generaron un combo explosivo que movió el piso y provocó grandes impactos políticos. Tal es así que ya pocos son los concejales que responden a él dentro del cuerpo.
A estos acontecimientos hay que sumarle un hecho significativo: una denuncia penal presentada en la Justicia por algunos de los casos antes citados.
Días atrás, Miguel Angel Burgos (secretario general adjunto) y Sergio Oscar Pacheco, (secretario de Finanzas) del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido de Azul (SOEMPA), ratificaron ante la Justicia una demanda por “conductas ilegítimas” por parte de los funcionarios públicos.
Por un lado, plantean que se han abonado remuneraciones en concepto de horas extra sin que se hayan cumplido las actividades que justifican tal devengamiento de haberes y que ciertos funcionarios estaban al tanto de la inexistencia de estas maniobras para percibir un plus de dinero sin haber realizado ningún tipo de tarea adicional.
Por otro, denuncian que se abonaron remuneraciones a cuatro funcionarios municipales en forma ilegítima, produciendo una violación de la escala salarial aprobada por el Concejo Deliberante. “Para ello se ha utilizado un ardid documental -el decreto- dirigido a que el resto de los funcionarios municipales aceptaran un pago a todas luces indebido”, se expresa en la denuncia.
“Sorpresivamente hemos descubierto que las conductas objeto de esa denuncia han derivado ilegítimamente una parte sustancial del presupuesto municipal en favor de distintos funcionarios políticos, es decir, personal sin estabilidad, que debió destinarse a los trabajadores municipales”, afirman los denunciantes.
En comunicación con Desafío Económico, Rubén Rodríguez dijo que presentaron la denuncia “porque estamos convencidos de que ha existido un accionar direccionado para cobrar de forma ilegal sueldos que no se corresponden con la escala salarial de los trabajadores municipales, aprobado por el Concejo Deliberante”.
Un plus ¿injustificado?
Una de las patas fuertes de esta presentación judicial es la que refiere al pago de horas extra a funcionarios municipales, que no habrían realizado las tareas que justifiquen el abono adicional. Según informaron desde SOEMPA, las remuneraciones en este concepto se han incrementado en los últimos meses, abonando, sólo en el mes de junio del corriente, más de $ 500.000 de horas extra.
“En abril se pagaron $ 370.000 de horas extra, en mayo 430.000 pesos y en junio, 500.000, no hay calendario que soporte estas horas. Es vergonzoso lo que está haciendo este gobierno”, dijo Miguel Burgos, secretario adjunto del Sindicato.
En la denuncia se presenta un ejemplo que generó mucha polémica. Es el caso del arquitecto Hernán Abel Conte, quien ingresó a la Municipalidad de Azul en planta temporaria como Profesional I, el 19 de diciembre de 2011 y actualmente se desempeña en la subsecretaría de Obras y Servicios Públicos a cargo de Claudio Mansilla. Conte habría cobrado una suma similar a su sueldo básico, pero como horas extra.
“En liquidación de haberes correspondiente al mes de junio de 2013 -dice la denuncia- percibió una remuneración básica de $ 4.383,77, y la suma de $ 4.173 en concepto de horas extra”. Resultando un sueldo total de bolsillo de $ 9.644. Esas horas fueron abonadas al 100%, es decir, el doble a una hora normal y se correspondieron con los días sábado a la tarde, domingos o feriados.
Sin embargo, mediante un relevamiento hecho por el Sindicato, detectaron que las horas adicionales no habían sido cumplidas. “La simple sumatoria de los días sábado a la tarde (5 días) y domingos (5 días) del mes de junio, indica que el agente debió cumplir diez horas en cada uno de esos días para completar lo abonado. Ello es sencillamente imposible, porque los días sábado tiene desempeño laboral al menos cuatro horas por su régimen de labor (serían 14 horas en total)”, se explica en la denuncia.
Es decir que para realizar labores por 100 horas extra, debió hacerlo a un promedio de cinco horas extra por día, sumadas al desempeño habitual de su cargo, al menos once horas diarias. “No existen obras municipales o actividades de desempeño equivalentes para que el nombrado pueda realizar horas extra”, expresaron desde SOEMPA.
“Está comprobado que no cumplió con las tareas, que no existieron, incluso en este caso era un profesional”, dijo Rodríguez a Desafío. “Nosotros lo justificamos con la Justicia, tenemos información, por eso denunciamos los sobresueldos en la Justicia, no lo inventamos”, afirmó a este medio Miguel Burgos.
Por su parte, desde el Municipio, el secretario de Gobierno, Mauro Grandicelli, dijo que esto se dio por una simple equivocación. “Lo que hubo fue un error en la liquidación de las horas extra, que se habían liquidado al 100% y eran al 50%, pero ya se había detectado, incluso con anterioridad”, dijo el funcionario a diario El Tiempo.
Sin embargo, dese el Sindicato no creen en esta afirmación: “El secretario de Gobierno para rebatir nuestras pruebas, lo que debería haber hecho es mostrar sus pruebas, pero no lo hizo”, contó Rubén Rodríguez. Y agregó: “Nosotros estamos convencidos de que hay una falta muy grave donde está en juego el dinero de los vecinos de Azul”.
De los 500.000 pesos abonados en concepto de trabajos adicionales, la mayor parte corresponde a funcionarios de planta temporaria ingresados entre mediados de diciembre de 2011 -cuando asumió Inza- y 2013.
Por último, hay que remarcar que si bien aquí se presenta sólo lo sucedido con el arquitecto Conte, el número de beneficiarios habría cobrado un adicional remuneratorio por horas extras, sin que desempeñara tarea alguna, como contraprestación sería mayor a 50 casos.
Aumentos por decreto
Un hecho más que llamativo sucedió en el Ejecutivo. Luego de que el Concejo aprobó un aumento en los módulos salariales, José Inza firmó a través de cuatro decretos una nueva asignación remunerativa a funcionarios municipales. Esta operación, aún resulta compleja de comprender.
Las resoluciones fueron selladas por el Intendente el 19 de septiembre de 2012 bajo los números 2.408/2012, 2.409/2012, 2.410/2013 y 2.411/2012 y benefician al subsecretario de Comunicación, Daniel Puga; la subsecretaria General de Modernización, Laura Kolman; el director de Sistemas de Información, Daniel Evangelista, y el director de Auditoría y Gestión, Lucio Esteban Egyptien.
Estos decretos determinaron un pago mayor al correspondiente, elevando implícitamente las categorías. Así, un subsecretario percibía el sueldo de un secretario y un director cobraba el equivalente de un subsecretario.
Tomando como referencia el último acuerdo salarial pactado por los gremios municipales, el 1º de julio, el valor de cada módulo llegó a $ 1,7784. En los decretos se observa que la cantidad de módulos de Kolman y Puga aumentaron a 8.934, lo que equivale a un salario de 15.888 pesos. En el caso de Evangelista y Egyptien, las remuneraciones treparon a $ 12.710 mensuales.
Esto, inmediatamente, trae perjuicios a las arcas comunales, ya que trazando una esquematización anual con aguinaldo y aportes previsionales, se habría abonado indebidamente una suma que supera los 100.000 pesos.
En esta línea, Rubén Rodríguez dijo a Desafío: “Estoy convencido de que hay un gran desconocimiento de la administración pública. No se le puede achacar ninguna equivocación, hay una intencionalidad de favorecerse económicamente por medio el Estado municipal”.
En relación al funcionamiento que cumplieron las resoluciones autorizadas por Inza, la denuncia argumenta que “el conocimiento de instrumentar falsamente un crédito para abonar lo que no correspondía, constituye la figura de falsedad ideológica instrumental, en los cuales los decretos municipales fueron una herramienta pública indispensable para provocar el peculado”.
Sin embargo, la implementación de los decretos posee un trasfondo político más complejo que está vinculado a la división de su bloque en el Concejo. Tal es así que, de nueve ediles que tienen el espacio del Frente para la Victoria, sólo uno responde directamente al alcalde.
Sin representación en el HCD
La concejal oficialista del FpV, Cristina Crohare, expresó a Desafío que “venimos solicitando información reiteradamente y se nos niega. En caso de que no nos brinden los requerimientos sobre el pago de horas extra y el aumento de los módulos a los funcionarios, iremos por la segunda interpelación”. La afirmación habla por sí sola y deja al descubierto el conflicto en el bloque oficial.
Otro dato que muestra este quiebre dentro del cuerpo es que en el acto de presentación de la lista del Frente para la Victoria local, sólo un concejal se hizo presente: Rodolfo Rancez. Crohare ratificó a este medio que “es el único edil que acude a las reuniones de Intendencia”.
Está claro que cuando Inza necesita aprobar un proyecto “dudoso” o que al menos incita al debate, el Concejo se transforma en una trinchera enemiga. Debido a esto, la única metodología existente y versátil para el Intendente es el decreto.
Así, el Intendente mantiene su gobernabilidad de la mano de su Ejecutivo. El problema mayúsculo es que las modificaciones a través de estas resoluciones le están generando grandes dolores de cabeza.
“Como concejal del FpV, observo una falta total de transparencia en las políticas que lleva adelante esta gestión”, subrayó a Desafío Cristina Crohare.
Sin apoyo en el Concejo Deliberante, con una nueva denuncia penal en su contra y otra interpelación en camino, el panorama para el intendente José Inza se torna un tanto escabroso.
El oficialismo cree que se trata de cuestiones políticas
Uno de los funcionarios azuleños que salió a desmentir la denuncia penal presentada por el Sindicato fue el secretario de Gobierno, Mauro Grandicelli, quien planteó que se instala “una verdad absoluta sobre la base de lo que es una absoluta mentira” y que desde SOEMPA se “busca continuar con los beneficios y provechos personales para 4 o 5 gremialistas”. En una entrevista concedida al diario El Tiempo dijo, respecto del pago de las horas extra, que “habría habido algún error al momento de la liquidación, nosotros le pedimos también a la liquidadora de sueldos, una empleada con 37 años de antigüedad en el Municipio, que nos diera un informe también sobre ese tema, y ahí lo que hubo fue un error en la liquidación de las horas extra que se habían liquidado al 100% y eran al 50%, pero ya se había detectado, incluso con anterioridad”. Otro tema al que hace alusión Grandicelli es el referido a la transparencia en el Municipio que fue muy criticada por los denunciantes: “Nosotros no escondemos la información, está a disposición de ellos, pero esto deja al descubierto la conducta extorsiva de los gremialistas”. Sin embargo, estas declaraciones no tienen una base firme si se tienen en cuenta las palabras de la concejala oficialista Cristina Crohare, quien dijo a este medio que “es imposible pedir información al Gabinete municipal”.
La carta de los concejales a Inza
Los concejales que integran la Comisión de Interpretación, Legislación y Seguridad Pública (Carlos Bevacqua y Cristina Crohare del FpV, Ramiro Ortiz de Unión para el Progreso Social, Andrea Marina de la UCR y Maya Vena del FAP) solicitaron a través de un escrito que el Ejecutivo remita al Concejo Deliberante toda la información vinculada con el pago de horas extra y los decretos que derivaron en el aumento de sueldos de cuatro funcionarios. En la misiva se observa un pedido reiterado: “El presente requerimiento lo formulamos reiterando anteriores solicitudes realizadas tanto por expedientes iniciados por distintos bloques, entre ellos, los expediente C-347/13 del 25 de febrero de 2013, el B-163/13 del 10 de abril de 2013 y B-229/13 del 20 de mayo de 2013. Ninguno de estos requerimientos vio la luz. Un dato importante es que los concejales le otorgaron un plazo máximo de 48 horas para que Inza brinde la información. Entre la documentación que exigen se encuentran copias de la totalidad de los actos administrativos dictados por el Departamento Ejecutivo a su cargo, a partir del 11 de diciembre de 2011 y, en especial, de los decretos N° 2.408, 2.409, 2.410, 2.411, y los reclamos ratificados en la resolución N° 3.284/2013 y 3.288/2013.En caso de que las pretensiones esgrimidas por los ediles no sean respetadas y respondidas, la segunda interpelación de Inza sería cuestión de tiempo.
LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN Nº 62 DE DESAFÍO ECONÓMICO