Nuevamente la relación entre el Municipio de Quilmes y la empresa recolectora de residuos Covelia ingresa a los primeros planos. Ya no está en juego la discusión sobre si el servicio es eficiente, sino que la nueva contratación directa llevada a cabo por la comuna abre un nuevo proceso judicial que tiene como principales denunciados a los concejales que levantaron la mano y dieron el visto bueno a un nuevo contrato ilegal.
Ahora, los concejales de la oposición quilmeña decidieron realizar una denuncia penal contra los ediles que aprobaron el expediente Nº 4.091-1345-s-13, para la nueva contratación del servicio público de higiene urbana y servicio complementario de barrido manual para cinco zonas del distrito. Los acusados son José Migliaccio, Claudio González, Mario Buono, María Luján Dubrocca, Graciela Gómez, Eva Stolbizer, Rubén Aranda, Cristina Sánchez, Edith Llanos, Estela Silvera, Cora Otamendi, José Casazza, Susy Paz y Roberto Gaudio.
“Lo que se ha votado es una barbaridad jurídica inconcebible. Han votado un expediente sin dictamen de asesoría letrada del Concejo porque ningún abogado va a poner su firma en sintonía con el Ejecutivo ya que se jugaría su título, ellos saben que esto es ilegal y que sería un nuevo negociado con Covelia”, expresó Diego Buffone a Desafío Económico.
Desde mayo hasta noviembre, la empresa se hará cargo de la recolección de residuos en el distrito y la comuna abonará aproximadamente 11 millones de pesos por mes.
Uno de los concejales opositores que más cuestionó esta aprobación fue el mencionado Buffone, quien catalogó como principales responsables “penal y civilmente” a los concejales que aprobaron el proyecto.
“Seguramente serán imputados por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos estipulados en el Artículo 248 de nuestro Código Penal, el cual establece prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales”, expresó el concejal.
El mayor cuestionamiento por parte de los denunciantes se basa en una ilegalidad de la Emergencia Ambiental, expresada en febrero pasado por el Tribunal de Cuentas (ver recuadro), y que el intendente Francisco Gutiérrez ha otorgado desde febrero de 2012, cuando venció la última prórroga permitida por la licitación original. Desde entonces, actualizó el precio del servicio en un 60 por ciento.
Además, en este punto entran en juego los artículos 232 y 156 inciso 5 de la ley Orgánica de las Municipalidades. En relación al primero, que permite contratar en forma directa a empresas cuando existe una situación de emergencia en el Municipio, se afirma que la prestación de este servicio es una locación y no una concesión, por lo que se debe realizar bajo la modalidad de contratación, impuesta en los artículos 151 y subsiguientes de dicha ley.
En relación al segundo caso, este artículo que admite compras y contrataciones directas cuando habiéndose realizado dos concursos de precios o licitaciones y no hubieran recibido ofertas o las recibidas no fueren convenientes, sólo se puede utilizar antes de los 60 días después de caído el segundo llamado y el último proceso licitatorio se dio de baja hace más de cuatro meses.
Prórrogas y números
Con este nuevo permiso, suman 4 las prórrogas otorgadas por el Ejecutivo quilmeño, que además de sumar más de un año y medio en el tiempo, añade una alta cifra de dinero que el Municipio pagó a la empresa relacionada con el sindicalista Hugo Moyano.
Para describir su historia, hay que retrotraerse a 2005, cuando se va del distrito la anterior firma recolectora, Cliba SA, y Covelia se hace cargo de las zonas 1, 2 y 3 del partido de Quilmes.
Posteriormente, mediante la licitación 08/2007 y a través del decreto 3.379/07, Covelia se adjudicó las zonas 4 y 5, generando un monopolio en la ciudad, con el control definitivo del servicio. En lo que respecta al contrato, todas las zonas fueron establecidas por el Art. 1 de la ordenanza 10.043/04, en un término de 6 años a contar desde el 16 de agosto de 2005 finalizando el 15 de agosto del 2011.
Sin embargo, llegado ese momento, se extendió el plazo 180 días utilizando la cláusula 8º del pliego de bases y condiciones, que concluye indefectiblemente a las 0 horas del 12 de febrero de 2012.
Bajo la modalidad de Emergencia Ambiental, el Concejo aprobó la ordenanza 11.818, la cual autorizaba a contratar a una empresa en forma directa por 90 días desde febrero de 2012 hasta el 10 de agosto de ese año. Al vencerse esta emergencia y con la excusa de que un nuevo proceso licitatorio estaba en marcha, bajaron una segunda extensión que se aprobó con la ordenanza 11.873 que extendía por otros 90 días la emergencia hasta el 7 de noviembre. Por esto, el Municipio abonó la elevada suma de 66 millones de pesos, es decir, 11 por mes.
“Fue otro gran negociado, el Intendente le dio el negocio de la basura a Moyano por 6 meses más. De pagarle 7 millones de pesos pasó a pagarle más de 60. Es un negocio multimillonario para Covelia y una licitación que seguramente va a estar armada, siempre y cuando no se municipalice el servicio”, afirmaba hace algunos meses el concejal Mario Sahagún a Desafío.
Posteriormente, se llama a un proceso licitatorio en el que la empresa pide un canon de 11 millones por mes para llevar adelante el servicio de recolección de residuos. Sin embargo, el Municipio no aceptó la propuesta (la oferta oficial fue de 6,2 millones). De esta manera, el proceso quedó desierto, Gutiérrez acordó con la firma y bajo la aprobación de la ordenanza 11.988/12, se dio el visto bueno a la prórroga por 3 meses, cobrando 8,5 millones de pesos mensuales.
Pero, como si esto fuera poco, en febrero de este año, se extiende automáticamente el contrato con la excusa de una futura municipalización del servicio, mediante un crédito proveniente de Nación por unos 120 millones de pesos. Sin embargo, nada de eso pasa y nuevamente, el Concejo Deliberante convalida otra prórroga por más de 11 millones de pesos.
“Nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a ir a la Justicia y denunciaremos este nuevo atropello que seguramente le costará a los quilmeños en sólo cuatro meses más de 40 millones de pesos”, afirmó Buffone a este medio.
La prórroga ya está firmada y Covelia tiene vía libre para llevar a cabo el servicio por 180 días más en la localidad que conduce Francisco Gutiérrez. En cambio, los concejales leales al Intendente quedaron apuntados por avalar un contrato que un órgano del Estado provincial ya había decretado ilegal. Será cuestión de esperar cómo se desenvuelve el caso, quién toma la investigación y qué dicen los ediles que levantaron la mano para convalidar la nueva prórroga.
Lo dijo el tribunal contrato ilegal
Hace poco más de un mes que el organismo provincial confirmó que el articulado 232 de la ley Orgánica que utiliza la gestión de Francisco Gutiérrez no está correctamente implementado.
Por eso, el Tribunal recomendó a la comuna ejecutar el 151, que hace mención a la necesidad de licitar el servicio. La respuesta se dio luego del pedido del concejal Mario Sahagún en noviembre de 2012, donde expresaba un interrogante en la utilización de este articulado por parte del Gabinete del “Barba”.
Incógnitas frente al servicio
Varias sorpresas y rarezas se dieron en torno de esta nueva prórroga votada por el Concejo quilmeño. Y una de ellas radica en el desconocimiento, por parte de la mayoría de los ediles y de algunos funcionarios, de la totalidad del contrato con la empresa Covelia.
Sorpresivamente, el secretario de Hacienda, Alejandro Tózzola, sólo reconoció a Radio Quilmes que se pagará a la empresa 11 millones de pesos mensuales, pero no supo dar precisiones del recorrido que efectuará la empresa y con qué flota contará.
El contrato prorrogado estipula una frecuencia de recolección de seis días por semana, aunque pocas veces el camión pasa tres veces por semana. Ante las consultas de la prensa, el responsable de Hacienda le tiró la pelota a su colega, a cargo de la secretaría de Ambiente y dijo que “quien debe responder y dar detalles del contrato y de la zonas donde Covelia presta servicio y qué servicios presta, es la secretaría de Medio Ambiente”, a cargo del señor Claudio Olivares.
Otros datos
$ 8.500.000 recibió por mes la empresa Covelia durante febrero, marzo y abril. Esa había sido la última prórroga.
$ 11.000.000 es el monto que la empresa recolectora recibirá por mes por parte del Municipio durante el nuevo período de emergencia.
$ 94.061.521 es lo que el Municipio conducido por Gutiérrez pagó, durante 2012, a la firma “violeta”.
$ 6.200.000 fue el presupuesto oficial de la última licitación. Covelia presentó una oferta en la que pedía 11 millones.
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