Política Provincial
15 de marzo de 2013
PRESUPUESTO BONAERENSE
Educación: Buenos Aires, la que más invierte
La provincia que más fondos de su presupuesto destina a educación, aunque en la erogación por alumno estatal individual quedó a mitad de tabla
Buenos Aires encabeza el ranking de recursos presupuestarios destinados a la educación, aunque varios problemas estructurales, como la gran población escolar y los bajos recursos fiscales disponibles, vienen condicionando estas inversiones.
Según datos de fines de 2011 de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE), Buenos Aires fue la provincia que más porcentaje de su presupuesto destinó a educación (36%), seguida por Santa Fe, Río Negro, Corrientes, Mendoza, Misiones, Chaco y Jujuy. Estas ocho jurisdicciones superaron el promedio nacional del 30,3%, debajo del cual quedó el resto, aunque ocho de ellas superaron el piso de financiamiento del 26% que estableció la Ley de Financiamiento Educativo (LFE) en 2006.
Por su parte, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) destacó que Buenos Aires viene ocupando la primera posición del ranking desde 1999, salvo en 2009, y que alcanzó sus mayores marcas durante la actual gestión: en 2008 llegó a un máximo del 38%, para descender al 37,5% en 2009, y pasar al 36,2% en 2011.
La organización destacó además que “aunque seguramente la Provincia alcanzó su tope en 2008, desde 2009 destina aproximadamente uno de cada tres pesos a educación, cuando en 1994 era uno de cada cuatro”.
Sin embargo, aunque Buenos Aires sea el territorio que más porcentaje destine de su presupuesto a educación, en el gasto por alumno estatal (lo efectivamente gastado por estudiante individual) está en el duodécimo lugar, a mitad de tabla. En efecto, según el CGECSE, el gasto bonaerense por alumno público es de $ 9.350, debajo de los $ 9.500 a nivel nacional y de lo que destinan Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Neuquén, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Catamarca, Santa Fe, La Rioja y Entre Ríos.
Factores condicionantes
El CIPPEC exime de culpa a la Gobernación por el bajo gasto por alumno estatal, asegurando que se debe a “la gran concentración de la población escolar (un tercio del total nacional) y los pocos recursos fiscales disponibles (por las bajas ayudas nacionales)”. Sobre esto último, la organización explicó que la inequitativa distribución de la coparticipación provocó fuertes desigualdades en el financiamiento educativo: por ejemplo, en 2010 Tierra del Fuego tenía recursos fiscales por $ 22.000 por habitante, mientras que Buenos Aires apenas alcanzaba $ 4.300. Este esquema -sostuvo-, “perjudica a las jurisdicciones de mayor tamaño y genera una diferencia de ocho a uno entre la provincia que más recibe por habitante y la que menos”.
En este escenario, el CIPPEC afirma que, como seguramente continuará manteniéndose el esquema de distribución inequitativa, una alternativa para disminuir la desigualdad en el gasto por alumno sería aumentar la participación nacional en el financiamiento educativo. Según dijo, en 2010 las provincias financiaban el 71% del gasto en educación y la Nación, el 29% restante, pero, gracias a la LFE, los desembolsos nacionales pasaron al 30% en 2007, aunque ese umbral permaneció congelado desde entonces.
Por otra parte, las provincias también poseen dificultades para aumentar sus inversiones educativas, porque tienen anclado el 92% de sus desembolsos al pago de salarios, cifra que incluye los sueldos públicos (79%) y los subsidios para los privados (13%). Buenos Aires está en el lugar 18 en el ranking de los mejores salarios, con un sueldo bruto de $ 4.092 (para un maestro de grado de jornada simple y con diez años de antigüedad), que sólo supera a Jujuy, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Catamarca y Formosa. Sin embargo, esta cifra es la del convenio vigente a fines de 2012, que se actualizará cuando concluyan las actuales paritarias docentes.
Más allá del 92% que destinan a salarios, del resto de la torta las provincias usan apenas el 3% para bienes y servicios, el 3% para gastos de capital y el restante 2% para otras transferencias al sector privado, mientras que las inversiones en infraestructura las hace la Nación.