El 2013 arrancó reviviendo un “clásico” de todos los veranos: el de las negociaciones salariales. Al acuerdo del gremio bancario por un aumento de 24,2% le sigue en febrero la paritaria de los docentes bonaerenses, negociación clave por su carácter de testigo para otros gremios y con alta incidencia sobre las finanzas públicas. Mientras tanto, se han escuchado múltiples declaraciones, algunas atendibles (negociaciones sector por sector, en base a productividad) y otras ciertamente fuera de lugar (la mención al “Rodrigazo”).
La evolución reciente de los salarios ha estado lejos de la moderación que piden empresarios y Gobierno, creciendo apenas por encima de la inflación. Con datos a noviembre, las remuneraciones promedio de la economía aumentaron un 27% respecto al año anterior, suba que fue mayor para los trabajadores del sector privado (31% tanto registrados como informales) que para los empleados públicos (14%). Con una inflación acumulada de entre 23% (Provincias) y 25% (Congreso), el poder adquisitivo promedio logró un nuevo aumento.
Para el año entrante, el Gobierno intentará nuevamente acordar un “pacto social” entre empresarios y sindicatos que logre moderar la puja distributiva que alimenta la inflación. En concreto, la estrategia anti-inflacionaria oficial busca que empresarios y gremialistas lleguen a un acuerdo respecto a las subas de precios y salarios. Mientras que la Secretaría de Comercio (con sus clásicos controles) sería la fiscalizadora por el lado de las empresas, el Ministerio de Trabajo se encargaría de verificar que los gremios negocien aumentos salariales cercanos al 20%.
Sin embargo, varios factores juegan en contra de esta estrategia. Para empezar, las paritarias, concentradas en el primer semestre, deberán negociarse con un piso de inflación más alto que el del año pasado. A ello se sumará la presión adicional de aumentos estacionales durante los primeros meses del año (esparcimiento, educación e indumentaria), la persistente suba en los precios de los alimentos (que representan un tercio de la canasta de consumo) y los ajustes impositivos y tarifarios motivados por el ajuste fiscal en los distintos niveles de gobierno.
Por si fuera poco, la fractura sindical tampoco ayudaría, ya que la puja por demostrar qué central obtiene mayores beneficios puede llevar a acuerdos por encima del porcentaje apuntado por el Gobierno Nacional. Por el lado sindical, el éxito del pacto social requiere de alguna prenda de cambio por la cual los gremios afines estén dispuestos a tomar el riesgo de negociar aumentos cercanos al 20%. El ajuste del mínimo no imponible de Ganancias, el aumento de las asignaciones familiares o la solución del conflicto de los fondos de las obras sociales sindicales, podrían ser argumentos convincentes, aunque onerosos para las finanzas públicas, que estarán bajo presión extra por las elecciones legislativas. Así todo, cualquiera de estas ventajas implica beneficios para los trabajadores formales, protegidos por el accionar de los gremios, mientras que el poder adquisitivo de los empleados no registrados (1 de cada 3 ocupados) quedaría más rezagado.
Paradójicamente, la pata sindical de la estrategia anti-inflacionaria requeriría de fondos fiscales que, a menos que sean financiados con otros impuestos (¿sobre la renta financiera o la minería?), serán cubiertos vía emisión monetaria del BCRA, lo que tensionará la propia inflación que se trata de combatir.
Al margen de lo anterior, la cuestión electoral no es neutral. Si la inflación continúa sin ceder, las presiones sindicales irán en aumento, y el Gobierno se enfrentará con dilema: aceptar o no un ajuste del salario real. A comienzos del 2012, esta puja se resolvió con el Gobierno cediendo en su posición para no exacerbar la desaceleración económica, que ya se presagiaba por las restricciones comerciales, el cepo cambiario y la sequía agrícola. Enfrentado con la misma situación en 2013, consideramos que este déjà vu político y económico tendrá la misma solución, aunque más por necesidades electorales que económicas. La diferencia estará en que mientras en 2012 los salarios le ganaron (por poco) a la suba de precios, en 2013, aún cuando el Gobierno ceda en sus pretensiones, el resultado de esta contienda todavía no está claro, ya que continúan sin atacarse los factores que alimentan la inflación.
*Managment & Fit |
