Política Provincial
2 de marzo de 2012
NUEVA COSTA DEL PLATA
En Quilmes y Avellaneda, un negocio para pocos
Ferraresi y Gutiérrez no ceden en su intención de abrir paso al emprendimiento inmobiliario de Techint. La millonaria inversión logró que los alcaldes evadan a la Justicia en pos del proyecto
Ningún kirchnerista haría alarde de un emprendimiento inmobiliario elitista, originado en tiempos de dictadura militar, privatista y llevado adelante por uno de los grupos empresarios menos preferidos por la administración nacional. Ninguno, salvo los intendentes de Avellaneda y Quilmes, donde ya se desarrolla -ilegalmente- el megaproyecto urbanístico Nuevo Costa del Plata.
A principios de este año topadoras con el logo de Techint iniciaron el desmonte de la selva marginal costera, uno de los pocos pulmones verdes que le quedan al Conurbano bonaerense, a pesar de que la firma aún no tiene el visto bueno del Concejo Deliberante quilmeño ni de la Justicia para avanzar en el desarrollo de la estructura comercial. Todo esto, por supuesto, propiciado por la vista gorda de las administraciones comunales.
Jorge Ferraresi y Francisco Gutiérrez -intendentes de Avellaneda y Quilmes- están empecinados en que esta multimillonaria inversión se concrete, muy a pesar del entorno ambiental y urbanístico de los vecinos de sus distritos. De hecho, ningún ciudadano de ambas localidades podrá llegar fácilmente a los terrenos de este proyecto cuando esté concluido. Además de las barreras económicas -el lugar se publicita como un nuevo Puerto Madero-, estarán las físicas: el núcleo habitacional y comercial será accesible sólo desde la autopista Buenos Aires-La Plata. El polo exclusivo estará exento de la llegada de servicios de transporte público y tendrá su propia prestación de servicios básicos, lo que desmiente de hecho que el proyecto coadyuve al desarrollo económico, social y turístico de las localidades que prestan su territorio.
En los hechos, la inversora hará uso de espacios públicos para desarrollar su emprendimiento privado. “Pretenden quedarse con un bien colectivo para hacer negocios privados”, señalaron a La Tecla desde la asociación civil Ambiente Sur, que en 2009 radicó una denuncia contra el grupo empresario que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Pero no sólo los vecinos pusieron el ojo sobre este proyecto que, cuatro años después de su presentación, no ha dado a conocer los supuestos beneficios “para toda la comunidad” de la costa rioplatense.
El ex diputado Sebastián Cinquerrui elevó un pedido de informes que nunca llegó al recinto. En el documento, el entonces legislador preguntaba sobre la situación dominial de los terrenos y los resultados de los estudios de impacto ambiental. “La Cámara no lo aprobó, seguramente por lobby de aquellos legisladores que están vinculados. Es muy raro que la Legislatura no apruebe un pedido. Me pasó sólo dos veces”, contó Cinquerrui. “Parecería que todos los actores políticos de Nación, Provincia y el municipio de Avellaneda se pusieron de acuerdo para hacer oídos sordos”, consideró el diputado nacional Roberto Roberti consultado sobre este tema.
Sin embargo, el juego está en manos de los oficialismos. Dado el visto bueno de Ferraresi y su Concejo, la presión está sobre Gutiérrez quien esta vez no piensa fallar: su postura ya cuenta con el apoyo de los ediles del PRO, y sólo hacen falta trece manos levantadas para la rezonificación, lo que elevaría exponencialmente el precio de los terrenos que comercializará Techint. Hasta ahora, las autoridades quilmeñas no han valorado necesario informar en qué consisten las inversiones y cuáles son los compromisos asumidos.
“Esperamos que salga pronto la aprobación del Concejo de Quilmes, y luego la de la Provincia, que no se va a demorar mucho, porque allí ya conocen el proyecto, e incluso han aprobado la parte de Avellaneda”, presionó Ernesto Rona, director de Recursos Humanos de Techint.
Ante la sensación de una inminente aprobación en el cuerpo deliberativo quilmeño, se espera un similar escándalo al de diciembre, cuando vecinos coparon el recinto. De aprobarse, la decisión y el coste político estarán en el escritorio de Daniel Scioli.