Con la lupa nacional sobre las cuentas provinciales
En el convenio firmado por la Provincia para postergar la deuda con Nación hay requisitos que permiten a la Rosada tener un acabado conocimiento de las arcas bonaerenses. Nación no podría exigir un ajuste, pero sí mirar las cuentas y decidir no ayudar a alguna jurisdicción. El fantasma de Santa Cruz
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Papá Noel le trajo a Daniel Scioli, y a la mayoría de sus colegas gobernadores, el regalo más esperado cuando 2011 daba las hurras. La postergación del pago de la deuda que las provincias tienen con el Gobierno nacional evita a Buenos Aires una erogación de 3.195 millones de pesos para el corriente ejercicio. Un gran alivio, aunque ello no signifique que Buenos Aires pueda respirar por sus propios medios.
El botón de encendido y apagado del pulmotor está en Balcarce 50, y desde allí ahora aumentan las exigencias para continuar con el financiamiento. El control del Estado na-cional sobre las administraciones provinciales siempre va un paso más adelante, y en esta oportunidad no hay excepciones.
El convenio, al que La Tecla accedió, firmado por Scioli con el ministro de Economía nacional, Hernán Lorenzino, establece en el cuarto punto una serie de requisitos cuyo incumplimiento antes del 29 de fe-brero significará la “pérdida de los beneficios establecidos” en el acuerdo. Entre esos requisitos se pide la nómina de todo el personal de la Provincia y los municipios, ade-más de la lista de los prestadores de servicios que revistan como trabajadores autónomos. También los pagos de deuda y otras erogaciones. Un celoso monitoreo que la administración bonaerense deberá cumplir de manera mensual, trimestral y anual, de acuerdo a diferentes pautas.
Financieramente atada y económicamente comprometida, la Provincia debió aceptar el acuerdo en las condiciones establecidas por el Estado nacional. Pese a los intentos por disimular, hay una fuerte preocupación en el gobierno bonaerense. Santa Cruz y, bajo otras circunstancias, la situación de Río Negro, se ciernen como peligrosos fantasmas.
Trazar un paralelismo entre la despoblada Santa Cruz con la mayor provincia ar-gentina en habitantes y producción, parece un ejercicio difícil. No lo es bajo las concepciones K. Todos los gobiernos provinciales conocen las circunstancias por las que el cargo del gobernador Daniel Peralta estuvo en jaque: Nación pidió un ajuste para equilibrar las finanzas santacruceñas; Peralta avanzó, hubo reacción de los estatales, batalla con la Policía y posterior crisis política. La Cámpora dejó de apoyar al mandatario, y éste quedó como único deudor del costo político.
“Lo mandaron a hacer el ajuste y cuando la situación se volvió en contra, le sacaron el cuerpo”, reflexionó un funcionario bonaerense al reconocer la incertidumbre generada a partir de las exigencias nacionales respecto del gasto mensual de la Provincia.
Se deduce, a priori, que el goteo de dinero de partidas especiales hacia la administración Scioli será de acuerdo a las urgentes necesidades, y no más. ¿Las riendas aún más cortas? Es una premisa kirchnerista con objetivos más allá de lo económico. Es la política, estúpido, diría cualquier conocedor del accionar K.
Tampoco debe desconocerse la revisión que el Gobierno nacional realizará sobre sus propios empleados.
Especificaciones
“No se delegan atribuciones, sólo se pide información”, responden, con cierto fastidio, en los despachos oficiales bonaerenses sobre el hurgueteo nacional en las partidas salariales.
En rigor, Nación no podría exigir un ajuste, pero sí mirar las cuentas y decidir no ayudar a alguna jurisdicción. O sea, no lo puede hacer directamente, pero sí inducirlo.
Los recursos de coparticipación, el Fondo Sojero, el Fondo del Conurbano y el Fondo Federal de Educación son todos automáticos, y el Gobierno nacional no puede cortarlos, pero hay ayudas extra, que puede escasear si se advierte gasto de más, sin sentido o ineficiente.
Fuentes oficiales aseguraron a La Tecla que “al decir de la AFIP, la provincia de Buenos Aires es una de las más ordenadas, sino la mejor, en cuanto al registro de personal (unos 580 mil agentes); vía IPS o IOMA está toda la información provincial y municipal a disposición”. Descartan de esa manera inconvenientes también con los estados municipales y la existencia de trabajadores autónomos. Ese, sin embargo, es uno de los puntos en los cuales el Gobierno nacional pone el acento. “No queremos ñoquis en ninguna parte”, suelen repetir.
Incumplimiento en la información serviría como excusa para endurecer la postura nacional si en la Rosada lo consideraran necesario. Todo atado a lo político, claro.
De esto advierte la oposición, que en la mayoría de los sectores coincide en señalar que “el problema es depender de esas prórrogas, es la debilidad que tiene el Gobernador frente a Cristina Fernández”.
Para legisladores opositores, el convenio “constituye un paliativo, pero nada hace a la cuestión de fondo, ya que es nada más que una prórroga, que el Gobierno vende como ventajosa pero que deja a Scioli atado a la voluntad del gobierno federal, cuando tiene herramientas para exigir otras medidas de fondo”.
Cualquiera sean las consecuencias, lo innegable es la extensión del control sobre las arcas provinciales que se ejerce desde el gobierno “federal”.