A poco de dejar el poder, el gobierno de María Eugenia Vidal quedó envuelto en una fuerte polémica en el ámbito académico y de la cultura. A través de un decreto, la mandataria suprimió varias direcciones del Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires, una medida que desató un fuerte rechazo de académicos y legisladores.
Mediante el decreto 1345/19, la mandataria dispuso eliminar el cargo de director del Archivo Histórico bonaerense “Doctor Ricardo Levene”. La Dirección del organismo, destacado por su enorme acervo cultural, figura como una unidad organizativa a suprimir en el anexo 5 del decreto y es transferida a la órbita de la Dirección Provincial de
Museos y Preservación Patrimonial.
Vidal firmó el decreto el 17 de octubre y se publicó en el Boletín Oficial el 23 de octubre. La decisión se inscribe en una decisión de adecuar la estructura orgánico-funcional del Ministerio de Gestión Cultural a partir del 1° de enero de 2019.
“Le quita capacidad operativa y presupuestaria a uno de los repositorios de documentación histórica más importantes del país y de la región, que contiene más de 1.200 metros lineales de documentación correspondiente a los siglos XVII, XVIII, XIX y XX”, observó en un comunicado el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de La Plata.
La Asociación Argentina de Historia Económica y la Asociación Argentina de Investigadores en Historia salieron a sumar su respaldo a los distintos comunicados que manifestaron su preocupación y pidieron que se retrotraiga la medida.
“Con un acervo que incluye documentos del siglo XVI hasta el XX, divididos en fondos de gran valor, como los de la Real Audiencia de Buenos Aires; Sala de Representantes; Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de la Provincia; Juzgado del Crimen; Ministerio de Obras Públicas; Dirección General de Escuelas; Ministerio de Gobierno, Escribanía Mayor de Gobierno, Contaduría, Banco Hipotecario, así como una nutrida colección de mapas y fotografías, archivo oral y diarios provinciales, además de una gran biblioteca de historia local y regional, el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires es uno de los más importantes del país. Resulta por ello imperativo mantener su jerarquía y su capacidad operativa y presupuestaria”, señalaron en un comunicado.
Asimismo, ambas entidades cuestionaron las modificaciones introducidas a poco de dejar el poder y manifestaron su “profunda preocupación por la falta de política pública para la preservación de la memoria histórica e institucional de la Provincia de Buenos Aires” e instaron “a la gobernadora actual a no realizar cambios que comprometan el patrimonio de los bonaerenses y al gobernador entrante a que defina su futura acción de gobierno sobre el tema”.
El Archivo funciona sobre Calle 49 Nº 588 entre 6 y 7 en el segundo piso del edificio del Pasaje Dardo Rocha. Fue creado en diciembre de 1925 por el gobernador José Luis Cantilo, con la finalidad de reunir y organizar los fondos documentales existentes en las oficinas públicas de la Provincia.
Polémica
Cuando se conoció la medida, hubo rechazos inmediatos. No solo legisladores de la oposición salieron a oponerse, también lo hizo la Defensoría del Pueblo Bonaerense y hasta sectores académicos.
El Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, ligado a exdirectores del Archivo como Claudio Panella o Guillermo Clarke, salió a rápidamente a oponerse a la medida. En la actualidad, el organismo es dirigido por el profesor Guillermo Ruíz, quien, según trascendió, tiene un contrato precario.
En un comunicado, el Departamento sostuvo que el decreto “compromete severamente el desarrollo de la historiografía argentina y de la región del período colonial y hasta nuestros días, y da cuenta no sólo del desinterés por la memoria histórica, sino también de la falta de conocimiento respecto de las necesidades y características específicas de los archivos”.
“La desjerarquización en la estructura estatal provincial y su subordinación a una Dirección Provincial junto con organismos de muy diversa índole no hacen más que profundizar carencias de un organismo central para la vida política de la Provincia de Buenos Aires y de la Argentina”, advirtió la entidad.
A los rechazos se sumaron también la Defensoría del Pueblo Bonaerense y el diputado Mariano Pinedo (Unidad Ciudadana), quien incluso presentó un proyecto para que se deje sin efecto la medida.
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