Antes del debate presupuestario, la oposición da un gesto de unidad con la Justicia como eje

Mientras el oficialismo apura los tiempos y las reuniones para consolidar los votos que garanticen el tratamiento del Presupuesto y Endeudamiento 2019, la oposición dejó un mensaje de unidad. Claro está, el consenso de tres de los cuatro bloques peronistas tiene la mirada puesta en el funcionamiento del Poder Judicial.

Es que, los bloques de diputados de Unidad Ciudadana, Frente Renovador y el Frente Amplio Justicialista unificaron criterios para reclamar la provincialización de la justicia.

En definitiva, el proyecto que tiene el visto bueno del Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand, impulsa la creación de Juzgados en lo Correccional y Criminal, Fiscalías y Defensorías en cada uno de los municipios. La medida ingresada, fue impulsada por el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona.

De esa manera, el proyecto con las firmas de los kirchneristas Florencia Saintout, Mariano Pinedo, Rubén; los massistas Rubén Eslaiman y Ricardo Lissalde; más la peronista Alejandra Martínez, apunta a generar “cercanía del sistema judicial con los distritos”.

“Una justicia que solo atiende en Capital, La Plata, y un puñado de ciudades bonaerenses y deja a los vecinos de todas nuestras ciudades y localidades sin acceso efectivo, no es justicia”, sentenciaron en la previa. Asimismo, el texto con el apoyo de Conte Grand busca mayor acceso a la justicia y una rápida resolución de las problemáticas que corresponden a la seguridad de la Provincia.

“Es imprescindible reorganizar el ordenamiento territorial y funcional del Poder Judicial”, sostiene el texto presentado en la Cámara baja. Y agrega: “las veintiún cabeceras departamentales no están dando respuestas con celeridad”. A su vez, destaca las diferentes normativas sancionadas a fin de dotar de celeridad al sistema judicial.

De esa manera, sentencia que “debemos avanzar en dotar de recursos satisfaciendo a todos los sectores que interesan a la Justicia, no solamente desde el punto de vista administrativo”.

“Si no tomamos medidas para resolver estos casos, estaremos reforzando en nuestro sistema judicial un cuello de botella que no brinda soluciones, debilita la institucionalidad y deteriora cada vez más la calidad de vida y la seguridad de nuestros ciudadanos”, cierra el texto.