Tercera y última entrega del extenso análisis que el consultor Ricardo Rouvier realizó sobre los puntos más salientes de lo que se lleva de transitado de 2011. "Los errores de apreciación y de metodología en el desalojo del Parque Indoamericano, por parte de las fuerzas de seguridad que responden al gobierno nacional, significaron unas primeras 48 hs. de pérdida de popularidad", admitió el analista
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Diciembre no fue un buen mes para el gobierno, que vio perder unos puntos de adhesión por los sucesos de la toma de terrenos en la Ciudad de Bs.As. Los errores de apreciación y de metodología en el desalojo del Parque Indoamericano, por parte de las fuerzas de seguridad que responden al gobierno nacional, significaron unas primeras 48 hs. de pérdida de popularidad.
Pero además, en el mismo mes se agregó la toma de una cancha de fútbol de Villa Lugano y los desmanes ocurridos en la Plaza Constitución, en que se unió la tozudez del PO en cortar las vías en el Roca, durante las horas pico de tránsito de miles de personas y la lentitud oficial para reaccionar.
Llamó la atención que el gobierno careciera de información previa sobre los hechos, que pudiera evitar la sorpresa y la acción de operadores del conflicto, sin desconocer la legitimidad de la problemática social. Es fácil advertir, inclusive para un neófito sobre seguridad como el que escribe, que se nota claramente la falta de previsión de los hechos. Todo indica que las fuerzas de inteligencia no trabajan con eficacia en el anticipo de los hechos y en la información estratégica sobre seguridad.
El gobierno, fiel a su raíz kirchnerista, actúo de contragolpe constituyendo el Ministerio de Seguridad y poniendo al frente a Nilda Garré. Con una importante gestión en el Ministerio de Defensa, Garré tiene sobrados títulos para encabezar políticas de seguridad. No obstante, debemos señalar que para la Ministra constituye un verdadero desafío el cargo, teniendo en cuenta que parte de la sociedad “solucionaría” el tema con metodologías autoritarias y represivas atentatorias de los derechos humanos. Es decir que no solucionaría el tema.
Pero, hay una cosa que debe quedar claro; es que no puede desaparecer el Estado frente a la inseguridad real. No se debe pensar que los multimedios van a cambiar y dejar que se multipliquen en sus pantallas y radios los hechos. Hay que establecer políticas de seguridad que resuelvan, perdón es mejor decir aminoren la acción delictiva.
Es todo un tema para el pensamiento progresista (no encuentro un término mejor para describirlo), la cuestión de la seguridad en el marco de ideologías que respetan los derechos humanos, que afirman las causas sociales del delito, y que son garantistas en la aplicación del derecho. Esta es una postura evolucionada frente a los que creen, falsamente, que la tolerancia cero resuelve algo.
El gobierno debe instalar en la subjetividad colectiva la convicción de que se ocupa seriamente de la cuestión de seguridad, y evitar esta percepción de anarquía, de falta de control y de impunidad. Hasta ahora no lo ha logrado.
Ante hechos delictivos en los que intervienen menores, resurge el intento de bajar la edad de imputabilidad. Este reclamo no solo aparece en dirigentes opositores, sino también en el gobernador Scioli. Es cierto, que la mayoría de la población está de acuerdo con la disminución de la edad punible, pero eso no significa renunciar a modelos de pensamiento basados en los fundamentos sociales del delito. La baja de la edad es un tema que merece, por lo menos, un debate profundo y serio sin presión coyuntural, de parte de los legisladores. Acá no solamente intervienen con, muchas veces ninguna eficacia, instituciones del Estado, sino que tiene que ver con núcleos culturales que apuntan al desprecio por la vida, en el cual la flia. tiene un lugar preponderante.
Las modificaciones educativas y la evolución de la legislación no son suficientes para incluir a sectores (entre otros juveniles) que constituyen espacios de violencia individual y social.