El asesinato de un hombre en Tolosa a manos de menores reavivó el debate acerca de qué hacer con los menores que delinquen. Las opiniones de los ministros de Justicia y los reclamos de la oposición. ¿Puede hacerse algo?
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Cuando aún no se disipan los ecos de la conmoción que generó el asesinato de un hombre a manos de menores de edad, ocurrido días atrás en Tolosa, el debate acerca de qué hacer con los menores que delinquen se reaviva y aparecen las voces a favor y en contra de la sanción de la Ley Penal Juvenil.
Entre los primeros en manifestarse estuvo el Gobierno provincial, de la mano del debilitado ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal. Al respecto, recalcó “la necesidad de terminar con el debate sobre la Ley Penal Juvenil, que el gobernador Scioli lo viene reclamando desde hace dos años y medios”. Casal recordó que hubo consenso de todos los bloques políticos con representación parlamentaria “que permitió su aprobación en el Senado”.
Casal señaló que el proyecto que descansa en el Congreso es, “más allá de la edad de imputabilidad y de la prisión, una Ley para poder regular y prevenir” la concreción de delitos por parte de menores.
La iniciativa, explicó casal, busca prevenir casos como el registrado en Tolosa, en el que el único acusado “tenía causas por robo a mano armada y el 10 de enero le habían allanado su casa secuestrándole un arma”.
No fue el único que se expresó sobre el particular. Su par en Nación, Julio Alak, también se refirió a la necesidad de la sanción de una normativa que permita que los menores sean juzgados.
“Es un tema de gran complejidad, lo tiene el Congreso, nosotros hemos promovido la sanción de esa ley en su momento, pensamos que hay que establecer un régimen especial para los jóvenes que delinquen, donde no solamente se atienda a la seguridad sino también a su readaptación”, apuntó Alak.
Luego añadió que “es importante tener en cuenta que ningún niño nace delincuente, pero es necesario establecer sistemas en los que puedan ser reeducados, que puedan tener asistencia psicológica, alimentaria, social y de readaptación”.
También la oposición dijo lo suyo. Francisco De Narváez –cuándo no- salió con los tapones de punta contra Ricardo Casal, a quien acusó de estar “mal informado”. “Primero que todo, el ministro (Ricardo) Casal está mal informado. En el Senado se presentó, autoría de la Senadora (Sonia) Escudero, un proyecto de Ley por el cuál se baja la edad de imputabilidad a 14 años, esto es correcto, tiene media sanción en el Senado, ahora esta ley tiene algunas otras condiciones como que sólo se puede detener a un menor si comete un homicidio”.
Agregó luego sobre el proyecto que “llegó, se discutió en la comisión de legislación penal, y el kirchnerismo sacó un proyecto de mayoría, que no fue tratado, pero que dejaba la edad en 16 años”.
La política reaviva una discusión que, en realidad, nunca debería haberse abandonado. Corre, como siempre, detrás de los hechos y con los ánimos caldeados y discusiones fogoneadas por el año electoral que atravesamos. No es, lo que se dice, el marco ideal para el debate.