Nueve de los catorce concejales de la comuna gobernada por Carlos Gorosito se encontrarían inhabilitados para ocupar sus bancas, debido a que también son proveedores del Municipio
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
A pesar del frío invierno, en el recinto del Concejo Deliberante de Saladillo la situación está bastante caliente. La noticia de estos días es que nueve de los catorce concejales de esa localidad estarían inhabilitados para ejercer el cargo que la gente les confió en las elecciones pasadas.
¿Ficción o realidad? En el campo de la política bonaerense, todo es posible. La Ley Orgánica que establece la organización de los municipios en la Provincia declara que los representantes del pueblo no pueden mantener negocios con el propio municipio, ni ser proveedores de servicio alguno.
Esta crisis institucional sucede en Saladillo. Sin embargo, lo más insólito de la situación es que el tema surge ahora, en el medio del año legislativo, y no en el momento en que los ediles asumieron en sus bancas, en diciembre de 2009.
Para peor, si no se hace una interpretación diferente de las normas, no quedaría otra opción para los concejales que renunciar a sus cargos.
Entre oficialistas y opositores se reparten las acusaciones. Lissalde, Dalmazzo, Negri, Dortona, Zalazar, Robles, Lavernia, Tomatti Rivanera y el propio presidente del HCD, Alejandro Armendáriz, son los ediles cuestionados por supuesta inhabilitación. Las razones varían según el caso, pero todos están bajo observación y deberán resolver la situación en las próximas semanas.
El concejal de Unión-PRO Ricardo Lissalde es uno de los que se encuentran en el ojo de la tormenta. El edil opositor alquiló un inmueble al Ejecutivo local en una de las esquinas más importantes de la ciudad. El contrato todavía se encuentra en vigencia, lo que legalmente estaría fuera de las normas establecidas por la Ley Orgánica. “Tengo los contratos firmados por la propia Municipalidad”, asegura Lissalde a La Tecla.
Lea la versión completa de la nota en la edición de papel de La Tecla.
En 2009 Lissalde se postuló como concejal y fue elegido. El edil explica: “Hice la consulta ante el Municipio sobre cómo se resuelve mi situación, se consultó de forma verbal al Tribunal de Cuentas y se autorizó a que se cediera el contrato al otro condómino. Hice el trámite que tenía que hacer. Se suspendieron los pagos y salieron todos los pagos a nombre del otro condómino”.
El funcionario legislativo agrega: “Lo que pasa es que la cláusula para rescindir el contrato es a favor del Municipio. Yo tampoco puedo rescindirlo, así que estoy preso de una situación que por el otro lado es angustiante”.
Lissalde expresa que “ellos han avanzado en la comisión investigadora, ¿y yo qué voy a hacer, me niego a que me investiguen? La ley señala que nadie se beneficie con una medida de gobierno estando en la función pública, ¿yo en qué me voy a beneficiar en algo que viene de tiempo atrás y en-cima soy opositor al gobierno municipal?”.
Sin duda, la de Saladillo es una situación que no ha estallado en ningún otro municipio, pero que puede comenzar a ser recurrente en las pequeñas alcaldías.
Hay antecedentes de crear una comisión investigadora, en el caso a la conducta de una persona, pero nunca en nueve concejales. En los últimos días se sucedieron una serie de reuniones en pos de buscar una solución, nada fácil por cierto. De hecho, el conflicto necesita cerrarse antes de una intervención judicial más profunda.