Caso Insaurralde: la Justicia desestimó los videos de Jésica Cirio por falta de autenticidad
Un peritaje oficial detectó inconsistencias en los archivos, ausencia de metadatos originales y dudas sobre la cadena de custodia. El material había sido incorporado al expediente que investiga al exintendente de Lomas de Zamora y a la modelo.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La investigación judicial que tiene como protagonistas al exjefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y a Jésica Cirio recibió un revés para una de las pruebas que había generado mayor repercusión pública. Un informe elaborado por especialistas del Ministerio Público Fiscal determinó que los videos incorporados al expediente no cuentan con elementos suficientes para acreditar su autenticidad, origen e integridad.
El estudio fue realizado por el Laboratorio de Análisis Técnico de Telecomunicaciones de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP). Los peritos analizaron siete archivos audiovisuales que habían sido entregados como parte de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Uno de los principales obstáculos detectados está relacionado con la fecha de los archivos. Según el informe, los siete videos presentan como fecha de creación y último acceso el 24 de junio de 2026. Para los especialistas, ese registro no permite establecer cuándo fueron filmadas las imágenes, sino que sería compatible con el momento en que fueron copiadas al dispositivo USB analizado.
La única referencia temporal previa encontrada corresponde al 24 de abril de 2023, aunque los peritos remarcaron que ese dato no resulta suficiente para determinar de manera concluyente cuándo se generaron originalmente los videos.
El análisis técnico también encontró inconvenientes en los metadatos internos de los archivos. A través de herramientas forenses como ExifTool y FFprobe, los especialistas verificaron que las marcas relacionadas con la captura original de las imágenes aparecían sin información útil.
De esta manera, no pudo determinarse qué dispositivo fue utilizado para registrar las imágenes, cuándo se realizó la filmación ni qué tratamiento recibieron los archivos antes de ser almacenados en el pendrive.
Los peritos señalaron que esta situación puede producirse cuando un archivo atraviesa distintos procesos tecnológicos, como una edición, una conversión de formato o una transferencia mediante aplicaciones de mensajería. En consecuencia, la información disponible no permite reconstruir con certeza el recorrido digital de los videos.
Otro elemento que despertó interrogantes fue la coincidencia temporal entre distintos grupos de archivos. Los videos identificados del uno al cuatro presentan la misma hora, minutos y segundos de modificación, mientras que ocurre algo similar con los archivos cinco, seis y siete.
Para los especialistas, ese patrón puede resultar compatible con una copia conjunta desde otro sistema de almacenamiento o con una eventual modificación de los metadatos mediante herramientas informáticas.
Además, los siete archivos estaban contenidos en una carpeta denominada “copia2406”, una denominación que también remite a una operación de copia realizada el 24 de junio.
El peritaje no se limitó al contenido digital. Los investigadores detectaron además una inconsistencia vinculada con la identificación de uno de los elementos incorporados al expediente.
En la documentación correspondiente al denominado “efecto 51” figuraba la entrega de un pendrive. Sin embargo, al abrir el sobre correspondiente, los especialistas encontraron una tarjeta micro SD de 32 GB marca Kingston.
La diferencia entre lo consignado en la documentación y el soporte efectivamente hallado sumó interrogantes respecto de la trazabilidad del material y de las condiciones en las que fue conservado hasta su análisis.
Con todos estos elementos, el laboratorio concluyó que no existen condiciones técnicas suficientes para establecer de manera clara y comprobable la fecha original de creación de los archivos. La ausencia de metadatos de origen, las inconsistencias detectadas y los cuestionamientos sobre la cadena de custodia complican así su incorporación como evidencia con valor probatorio.
El dictamen representa un elemento relevante para el expediente que busca determinar el patrimonio y los movimientos económicos de Insaurralde y Cirio. En particular, porque los videos habían adquirido notoriedad luego de su difusión pública y mostraban a la conductora en un vestidor junto a varios fajos de dólares.
Ahora, el informe técnico de la Justicia introduce un fuerte interrogante sobre el origen y la trazabilidad de esas imágenes y podría limitar el peso que tengan dentro de la investigación judicial.