El pase de predios del INTA al AABE para subastarlos es la más reciente instancia de una ofensiva de la administración Milei para desprenderse de terrenos en la provincia de Buenos Aires y el resto del país. Kicillof reclama que le transfieran las tierras como se hizo en otras provincias, pero la relación tensa entre ambos gobiernos lo hace improbable.

De remate: la Nación pone a la venta tierras e inmuebles en suelo bonaerense

El gobierno nacional avanza con la iniciativa de desprenderse de terrenos e inmuebles a través de cuya venta esperaba generar ingresos por 300 millones de dólares pero que seguramente le reportarán más: a la fecha, ya obtuvo casi 280 millones.

El más reciente objetivo de esta ofensiva son los predios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que fueron quedando inactivos con la reasignación del personal a otras áreas, y que fueron transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que disponga de ellos. Es el preludio del remate.

De estos inmuebles, una veintena están en territorio de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Axel Kicillof busca que la Nación le transfiera algunos de ellos en lugar de ponerlos a subasta, pero es dudoso que esto ocurra, a pesar de que la Nación ya lo hizo con otras provincias.

En territorio bonaerense, el INTA, presidido por Nicolás Bronzovich, decidió desactivar las agencias de Vedia y Rojas en la región Buenos Aires Norte. En tanto, en la región Sur se avanzará con el cierre de otras nueve dependencias: Laprida, Lamadrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo. Esto se suma a las 9 agencias pertenecientes a la Estación Experimental AMBA, que ya fue puesta parcialmente en disponibilidad (17 hectáreas de las 31 que la componen fueron transferidas a la AABE).

Nicolás Bronzovich

Hay hectáreas en otras partes del país que se entregaron a las respectivas provincias. Son unas 1600 hectáreas en Formosa, 1800 en Chaco, 2400 en Río Negro y unas 5800 en Santiago del Estero.

En cambio, una histórica propiedad del INTA, de alta valuación, fue directamente puesta a remate y se vendió por 18,5 millones de dólares. Se trata del “edificio Cerviño”, en el barrio porteño de Palermo, uno de los más caros de la Argentina. Ubicado en la esquina de las calles Cerviño y Ortiz de Ocampo, el inmueble (dedicado a alojar oficinas administrativas del INTA) atrajo ofertas de varias desarrolladoras inmobiliarias, y finalmente se lo quedó la compañía Brukman Mansilla. La subasta superó ampliamente el precio base, que había sido fijado en USD 6,738 millones. El edificio ya está siendo demolido.

El gobierno de Axel Kicillof solicitó a la Nación que le transfiera las hectáreas puestas en disponibilidad de lo que fue la estación experimental AMBA, mientras se espera que pasen a esa misma situación las otras 20 unidades del INTA desparramadas por el territorio bonaerense que fueron cedidas a la AABE y que correrán el mismo destino. De ellas, la Provincia busca retener las que comprenden hectáreas de campo aptas para la investigación.

“Nosotros tenemos 16 chacras experimentales. Hacemos un trabajo similar al del INTA y podemos usar esas tierras para realizar investigación y capacitación”, dijo a La Tecla el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, quien envió la nota a la titular de la AABE, Tania Yedro.

Javier Rodríguez

¿Está el gobierno nacional obligado a entregarle los predios a la Provincia, como lo hizo con otras jurisdicciones? No. Podría negarse. Para Rodríguez, “es difícil justificar que se cierren líneas de trabajo y de investigación a cambio de tener un retorno por las tierras; yo creo que se tiene que priorizar la investigación, el desarrollo productivo. No es que sean tierras ociosas o improductivas”.

Pero la relación tensa entre Nación y Provincia hace pensar que la transferencia podría no ocurrir. Hay antecedentes de una falta de entendimiento o de voluntad, en general y en particular con los temas agrarios.

“Con el titular del INTA tenemos diálogo, pero no venimos teniendo respuestas positivas a nuestros planteos”, dijo el ministro. “Para nosotros estaba mal que se desfinanciara la Ley Ovina y lo planteamos. Como planteamos que estaba mal que se cerraran 20 agencias de extensión rural del INTA en la provincia, porque hay 8000 productores que tienen vinculación con ese sistema. También planteamos que se volviera atrás con los despidos de los técnicos de la Secretaría de Agricultura que estaban dedicados al área de agricultura familiar.”

En este punto, Julieta Boedo, integrante de la coordinación nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el INTA, es clara: en su análisis, a la actual gestión no le interesan ni las familias agricultoras ni los pequeños productores a los que el INTA auxilia y capacita. “El 80% del campo en la Argentina corresponde a la agricultura familiar. Pero ellos quieren orientarlo al 20% que concentran las megacorporaciones”, resaltó.

Julieta Boedo

Es más, Boedo cree que tampoco los trabajadores del propio organismo son prioridad y que las reasignaciones internas de personal que dejaron libres las unidades que se cerraron no son sino el preludio de un plan de despidos. Por el momento, el organismo abrió un programa de retiros voluntarios. “Pero, si no lo aceptan suficientes trabajadores, creemos que van a empezar a despedir gente, porque ya manifestaron que quieren reducir en 1500 personas el plantel”, dijo la gremialista, que trabaja en el área de Sistemas del INTA.

“Estamos en un momento de desgaste muy fuerte hacia los trabajadores por parte del gobierno. Tienen varias formas de vaciar el INTA, y lo están haciendo de manera muy ‘quirúrgica’”, subrayó Boedo.

Un plan abortado
Los restos del PROCREAR, a subasta

La Nación también avanzó en la venta de otros predios que la Provincia buscó que le transfiriera, pero sin éxito. Se trata de lotes con viviendas que se enmarcaban en el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), creado en 2012 y relanzado en 2020 como PROCREAR II.

La historia del PROCREAR terminó abruptamente en 2024, cuando el gobierno de Milei decidió cancelarlo y poner los predios, con las viviendas en distintos grados de avance, a disposición de la Secretaría de Obras Públicas, para su venta a privados.

Los convenios con municipios en el contexto del plan hacían difícil una transferencia directa al Estado bonaerense, ya que había que desenredar una “maraña legal”, dijo a La Tecla la ministra de Hábitat bonaerense, Silvina Batakis, el año pasado, cuando se confirmó la disolución del PROCREAR, dejando unas 10.000 casas a medio construir en territorio bonaerense. De todas maneras, puntualizó que la Provincia no tenía los recursos como para hacerse cargo de su finalización, dado el alto costo que suponía.

El gobierno nacional ya publicó la lista de los emprendimientos de vivienda que habían quedado finalizados, pero nunca fueron entregados a sus beneficiarios al darse de baja el programa, y que se subastarán al mejor postor. Son 22 en total; de ellos, 16 se encuentran en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de los predios Navarro, Mercedes, San Antonio de Areco, Junín, San Nicolás, Quilmes, LCS Lezama, LCS Lincoln, LCS La Plata y LCS Florencio Varela (ubicados en los municipios homónimos), Wilde, Larralde, Crucecita y Piñeyro/Rivadavia (los cuatro en Avellaneda), Constituyentes (en Escobar) y Querandíes (en Ciudad Evita, La Matanza).

Preocupación en Mar del Plata
Con el ojo puesto en tierras militares

Mientras avanzan formalmente las ofertas de terrenos del INTA y el ex PROCREAR, en Mar del Plata temen que el gobierno nacional también pase a disponibilidad para su remate una serie de inmuebles militares emblemáticos de la zona.

Entre ellos se encuentran la Base Naval, el Complejo Turístico de Chapadmalal, el Faro de Mar del Plata (donde funciona un sitio de memoria sobre los crímenes de la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983), la Delegación Naval, la Base Aérea Militar y la Base de Artillería Antiaérea.

La concejal Melisa Centurión, de Acción Marplatense, presentó un proyecto de resolución que le solicita al gobierno nacional abstenerse de avanzar en cualquier tipo de concesión de las tierras de las Fuerzas Armadas sin previa consulta a instituciones, vecinos y organizaciones locales.

Melisa Centurión

“Cualquier intento de disposición sobre estos espacios debe contemplar el interés colectivo de la comunidad marplatense y no puede resolverse de manera unilateral desde el gobierno nacional”, consideró Centurión. También apuntó que sería necesario evaluar si esos inmuebles no están cumpliendo un rol importante en materia de defensa nacional como para ponerlos a remate.

“En ningún caso deja de resultar amenazante la hipótesis de una depredación especulativa si la definición del futuro de esas tierras queda en manos de operadores privados”, advirtió la edil.

De remate
Lo que ya se vendió

En lo que lleva el gobierno libertario, el Estado nacional ya ingresó casi 280 millones de dólares por la venta de inmuebles que estaban bajo la órbita de diversas dependencias. Entre los más grandes figura un predio del INTA en Ezeiza.

Otros inmuebles que ya fueron subastados y que se encuentran en la provincia de Buenos Aires eran dependencias del Estado Mayor de la Armada y de la Gendarmería Nacional en La Plata, de la Dirección Nacional de Vialidad en Luján, del Ministerio de Seguridad Nacional en Pinamar, de Trenes Argentinos Infraestructura (formalmente Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, ADIF) en Tigre, Pergamino, Salazar y Barrow, y del Estado Mayor en Pablo Podestá.

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