El cierre de fábricas en la provincia de Buenos Aires continúa. El caso de FATE puso sobre la mesa la necesidad de pensar en alternativas para mantenerlas funcionando: la provincialización, la ocupación temporal y la expropiación para dejar la producción en manos de los trabajadores. ¿Pueden funcionar?

Empresas en crisis: ¿la Provincia puede hacerse cargo?

¿Qué hacer ante el cierre de empresas productivas en continuado en la provincia de Buenos Aires? La decisión de Javier Madanes Quintanilla de bajar la persiana de la planta de Virreyes de la Fábrica Argentina de Tejidos Engomados (FATE), la empresa nacional líder en la producción de neumáticos, y el prolongado conflicto posterior que aún sigue, motorizado por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), pusieron sobre el tapete las alternativas para hacer frente a lo que desde diversos puntos del arco político se designa como un “industricidio”.

El Sindicato del Neumático propone que el Estado bonaerense se haga cargo de FATE por un año. El argumento: lo que produce tiene valor estratégico para el país.

Ante la debacle del sector industrial y las dificultades para sostener la producción, volvieron a primer plano las opciones que tiene el Estado para mantener en funcionamiento la estructura productiva.

Cada cierre supone un proceso que incluye la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense y, a veces, no la mayoría, la reincorporación de todos o parte de los trabajadores despedidos. Pero hay otras alternativas. El SUTNA puso sobre la mesa una de ellas, que le presentó al gobernador Axel Kicillof y luego envió, en forma de proyecto de ley, a la Legislatura bonaerense.

La propuesta del sindicato implica una intervención de la Provincia. En los primeros días del conflicto se habló de la posibilidad de, directamente, provincializar FATE, pero la propuesta del sindicato es más modesta y, por ello, más realizable. Se trata de una figura conocida como “ocupación temporánea”, que supone que el Estado bonaerense tome el control de la compañía por un año, de manera que la producción continúe, pero al cabo de ese tiempo ésta vuelva a ser manejada por sus propietarios.

Alejandro Crespo está al frente del SUTNA y de la pelea por la reapertura de FATE.

“La ventaja de la ocupación temporánea es que no le cuesta un peso al Estado”, explicó Alejandro Crespo, líder del SUTNA, en diálogo con La Tecla.

El miércoles pasado, Crespo y otros dirigentes del SUTNA marcharon hacia la Legislatura bonaerense y se reunieron con diputados del peronismo, el radicalismo, la Coalición Cívica y la Izquierda. Quedaron en que los legisladores analizarían la iniciativa; habrá una nueva reunión este miércoles. Desde el sindicato se entusiasman porque las cuentas que hacen les indican que con el apoyo de todos esos bloques se podría lograr la mayoría para aprobar el proyecto.

Trabajadores del neumático marcharon por las calles platenses y se reunieron con diputados en la Legislatura

La provincialización lisa y llana sí supondría un costo potencialmente importante para las arcas de la Provincia, aunque también significaría que el beneficio por las ventas quedaría en el erario público.

Provincialización
Desafíos pasados y presentes

Los antecedentes son complejos. En Buenos Aires funciona una empresa que pasó a la órbita del Estado provincial en los años ’90: el Astillero Río Santiago (ARS), en Ensenada. Hoy su ecuación económica es desastrosa: el año pasado tuvo un déficit de unos 100.000 millones de pesos, según trascendió.

El Astillero Río Santiago fue provincializado en 1993. Su situación financiera es endeble y tiene un fuerte déficit estructural.

Respecto de la actual situación del ARS, el diputado provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU) Christian Castillo no cree que el caso demuestre la inviabilidad del mecanismo de provincialización.

“El astillero está en crisis por una mala administración, no porque no tenga potencial. Tiene una producción diversificada y podría tener una rentabilidad muy importante”, apunta el legislador izquierdista. “El tema es si hay voluntad política de la Provincia. Hoy vemos que hay un industricidio por culpa de las políticas delirantes de Javier Milei. Y Kicillof parece un periodista más que un gobernador: sale a describir la crisis y a opinar, en vez de hacer algo.”

“Las políticas de Milei son delirantes y Kicillof parece un periodista”, dice Christian Castillo.

Por otra parte, Kicillof viene intentando que la Provincia tenga su propio laboratorio de medicamentos, pero aún no logró que la Legislatura aprobara la ley.

Aun con esos antecedentes, el Gobernador no ceja en su empeño de incluir en la órbita provincial estructuras de alto costo que, se supone, pueden producir altos rendimientos si se administran bien. El año pasado pidió que el Estado nacional le transfiriera nada menos que Aerolíneas Argentinas, la empresa aérea de bandera. La administración Milei lo ignoró.

Axel Kicillof aún no logró que la Provincia tenga un laboratorio de medicamentos propio, pero quiso quedarse con Aerolíneas Argentinas.

Ambas opciones (provincialización y ocupación temporánea) se sustentarían en el valor estratégico de lo que produce una empresa: no es cuestión de provincializar cualquier cosa. En el caso del astillero, el laboratorio o incluso la aerolínea se trata de sectores de claro valor estratégico. Crespo afirma que la producción de neumáticos también lo es, porque son un elemento esencial para los camiones y el transporte público, y no hay otras empresas nacionales que produzcan ese tipo de insumos.

Fábricas recuperadas
Una continuidad más allá de la debacle

La otra alternativa es la que se popularizó durante la crisis de 2001–2002: la transferencia de las empresas a manos de sus propios trabajadores, a través de expropiaciones u otros mecanismos, para pasar a funcionar como cooperativas. En aquel tiempo surgió un Movimiento de Fábricas Recuperadas que propició la adopción de este método a lo largo y ancho del país.

Hoy, esa vía ya no es común, pero tampoco está muerta: en la provincia de Buenos Aires funcionan no menos de 188 fábricas recuperadas por sus trabajadores. En el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) mencionan el caso de Cristalux, en Avellaneda, como una de las experiencias particularmente exitosas de este modelo.

Durante el gobierno de María Eugenia Vidal se abandonó la política de expropiaciones de empresas.

De todas maneras, advierten que no es una solución universal. Por una parte, depende de que los trabajadores deseen adoptar ese modelo, que presenta sus propios desafíos. Y por la otra, no resuelve los problemas del contexto que llevó a la empresa a entrar en crisis en primer lugar.

“Una fábrica puede funcionar muy bien como cooperativa. Pero si no hay a quién venderle, se termina cayendo”, afirman desde el IPAC.

“Es una política que continuó durante varios años, hasta después del final del gobierno de Daniel Scioli”, recuerda el diputado Castillo. “En el gobierno de María Eugenia Vidal se frenaron. Aunque en ese momento se terminaron de concretar algunas, como Madygraf.”

Madygraf es la última gran cooperativa formada tras la expropiación de una fábrica. En este caso se trata de la imprenta Donnelley, en Garín.

Entre las experiencias más duraderas de esta estrategia se encuentra Textiles Pigüé, una cooperativa surgida de los restos de la fábrica Gatic, que dejó plantas cerradas en distintos puntos del país.

Hoy, Textiles Pigüé no escapa a la crisis que asuela al sector industrial en general; se vende poco y, por lo tanto, se gana poco. Pero su presidente, Francisco Martínez, destaca que aun en este contexto ofrece varios elementos valiosos: para los socios/trabajadores, la seguridad de conservar el puesto aun en lo más arduo de la tormenta, y para la comunidad de Pigüé, la conservación de activos productivos que de otra manera podrían perderse.

Respecto del primer punto, Martínez dijo a La Tecla que “el concepto de laburo es totalmente distinto” en la cooperativa que en cualquier empresa privada. “La situación es pésima, pero acá nadie pierde su trabajo. El mercado no nos va a venir a decir que no podemos ir a trabajar”, enfatizó el exempleado de Gatic que formó parte del grupo fundador de Textiles Pigüé.

Respecto de la segunda ventaja, Martínez es claro. “Hasta 2023 invertimos millones de dólares en tecnología, pensando en aumentar la producción. Compramos una caldera que hoy tiene un valor de mercado de 700.000 dólares. Resulta que después vino Milei y ahora producimos una tercera parte que antes. Pero la caldera está ahí, funciona, y en 40 años va a seguir estando y le va a seguir siendo útil a Pigüé”, resalta.

Textiles Pigüé funciona desde 2004 como fábrica recuperada por sus trabajadores. “La situación es pésima, pero acá nadie se queda sin trabajo”, dice su presidente.

En el IPAC también ponen el foco en este aspecto. “Cuando cierra una fábrica y se inicia un conflicto, la principal preocupación de los trabajadores son las máquines”, explicó una fuente del Instituto. “Muchas veces se trata de herramientas con las que han vivido gran parte de su vida. Entonces hacen lo posible para protegerlas y evitar, por ejemplo, que los dueños vacíen los talleres.”

Textiles Pigüé atraviesa, como el sector productivo en general, una crisis, con poca producción, deudas y muy bajos salarios. Pero también, de alguna manera, sigue avanzando. Recientemente la empresa compró 200 lotes para construir allí viviendas para los 120 trabajadores actuales y otros que se sumen en el futuro.

“Cuando empezamos, hablábamos de cómo comer cuatro veces al día. Después empezamos a hablar de salud. Después de educación, del colegio de los chicos. Ahora ya estamos hablando de vivienda”, destacó Martínez.

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