Cambio en la regulación para la realización de obras hídricas
Infraestructura derogó normas obsoletas y lanzó un nuevo procedimiento para frenar obras clandestinas. El desafío será pasar del papel al control real.
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El Gobierno bonaerense actualizó el régimen para detectar y resolver obras hidráulicas no autorizadas, una problemática histórica que durante años avanzó sin controles efectivos en gran parte del territorio provincial. La Resolución N° 46/2026, firmada por el ministro Gabriel Katopodis, reemplaza normas vigentes desde hace más de dos décadas y expone, de hecho, el atraso del Estado frente al desorden hídrico acumulado.
La medida aprueba un nuevo procedimiento para denunciar, constatar y sancionar canalizaciones, terraplenes y otras intervenciones ilegales sobre cursos de agua, muchas de las cuales alteraron cuencas, agravaron inundaciones y generaron conflictos entre productores, municipios y vecinos. El propio texto oficial reconoce la necesidad de “modernizar” los controles, incorporando tecnología satelital y sistemas de monitoreo geoespacial.
El nuevo esquema refuerza el rol de la Autoridad del Agua y de los municipios, que actuarán de manera concurrente en la detección de infracciones. Sin embargo, la descentralización vuelve a dejar en evidencia una falencia estructural: durante años, las obras clandestinas proliferaron ante la falta de inspecciones, recursos y decisiones políticas para intervenir a tiempo.
La resolución también deroga los procedimientos de 2002 y 2003, que quedaron obsoletos frente a los cambios normativos y tecnológicos. En los hechos, la Provincia admite que el marco vigente no fue suficiente para frenar prácticas ilegales que impactaron de lleno en la seguridad hídrica y ambiental.
Aunque el nuevo régimen promete mayor rapidez y cobertura territorial, el desafío sigue siendo la ejecución. Sin controles sostenidos, sanciones efectivas y restitución real de las obras ilegales, la actualización normativa corre el riesgo de quedar, una vez más, en el plano declarativo.
