El secretario de Carbap, Pablo Ginestet, advirtió en diálogo con Desconfiados que las inundaciones ya comprometen más de un millón de hectáreas y que ni la Provincia ni la Nación destinan recursos suficientes para infraestructura hídrica.

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La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) volvió a encender las alarmas por la situación crítica en la cuenca del río Salado y el escaso acompañamiento estatal frente a las inundaciones que se profundizan desde marzo. En diálogo con Desconfiados, el secretario de la entidad, Pablo Ginestet, señaló que hay distritos que ya acumulan más de nueve meses con anegamientos severos y que el epicentro continúa en 9 de julio, Carlos Casares, Bolívar, Henderson y Pehuajó, aunque la problemática avanzó hacia Bragado, General Viamonte, Lincoln y 25 de mayo.

Según los cálculos de CARBAP, las pérdidas potenciales de cara al 2026 rondan los 2.000 millones de dólares, por la imposibilidad de sembrar maíz y soja, la mortandad de animales y la caída de la producción. Ginestet estimó que “un millón y medio de hectáreas” están bajo agua o inutilizadas, mientras el sector mantiene una mínima expectativa en que el clima permita recuperar algo de la campaña. “Estamos dependiendo de la suerte para ver si se puede sembrar o si algunos pueblos recuperan accesibilidad”, expresó el dirigente.

El referente ruralista cuestionó el enfoque presupuestario de la Provincia y de la Nación, al remarcar que no existen partidas extraordinarias para obras hídricas a pesar de la emergencia declarada. “La provincia apenas destina entre 4 y 5 millones de dólares para obras, cuando existe un aumento previsto del impuesto inmobiliario rural que supera los 70 millones de dólares”, detalló. Además, reclamó que el gobierno nacional asuma su responsabilidad, considerando que la cuenca del Salado representa el 25% de la producción agropecuaria del país, un área que definió como “el Vaca Muerta de la agricultura”.

Ginestet sostuvo que el atraso en la obra estructural del Salado “no es nuevo ni inesperado”, ya que el plan elaborado décadas atrás por la consultora inglesa Halcro está ejecutado solo por la mitad. Aseguró que, aunque apareciera el financiamiento completo, la finalización “no sería inmediata”, ya que requeriría entre tres y cinco años. “Si en el 2030 seguimos discutiendo lo mismo, será porque otra vez no se hizo lo que había que hacer”, remarcó.

Pablo Ginestet

El ruralista también advirtió que el impacto de la inundación tendrá consecuencias económicas durante todo el próximo año en el interior bonaerense. Mencionó que habrá menos movimiento comercial, menos trabajo estacional, menos transporte de cargas y un freno en los servicios vinculados al agro. “La economía de los pueblos se va a achicar muchísimo, y eso implica incluso desplazamientos de población hacia las ciudades en busca de oportunidades que tampoco abundan”, explicó.

Otro punto crítico es la situación de los caminos rurales, donde Ginestet fue categórico. Señaló que muchos municipios “no destinan la tasa vial al mantenimiento”, lo que derivó en rutas productivas intransitables. “Ese fue el primer colapso: sin caminos no solo no se puede sacar la producción, sino que los trabajadores del campo deben mudarse a los pueblos, los chicos no pueden ir a la escuela y la actividad se paraliza”.

Frente a este panorama, CARBAP insiste en que es necesario fijar un plazo concreto y políticamente ineludible para completar las obras estructurales. Ginestet planteó que un horizonte razonable sería el 2030, siempre que Provincia y Nación prioricen la inversión. “No importa quién tuvo la culpa en años anteriores; lo que importa es que sin obras vamos a repetir esta crisis una y otra vez”, concluyó.

DIPUTADOS

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La comisión de Presupuesto e Impuestos impuso su número y dio luz verde a las dos iniciativas del Ejecutivo. Sin embargo, postergó para el 25 de noviembre el Financiamiento, a la espera de consensos y negociación con los opositores, que presentaron su propia propuesta. El peronismo dio una muestra de unidad.

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