18 de noviembre de 2025
JUDICIALES
Cada vez más complicado: procesaron a Alberto Fernández por la causa seguros
Además de continuar con la denuncia por violencia de género sobre Fabiola Yañez, el juez Casanello lo acusó de direccionar contratos estatales hacia Nación Seguros y embargó sus bienes por más de 14.600 millones de pesos.
El ex presidente Alberto Fernández fue formalmente procesado en el marco de la llamada “causa Seguros”, en una decisión judicial que ya genera múltiples debates políticos y mediáticos. Según el juez federal Sebastián Casanello, Fernández incurrió en el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” durante su mandato.
La investigación sostiene que, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, distintos organismos del Estado contrataron pólizas de seguros a través de Nación Seguros S.A., estableciendo un esquema que, según la Justicia, fue organizado de manera coordinada por múltiples actores. Casanello, además, trabó un embargo sobre los bienes de Fernández por 14.634.220.283,68 pesos.
Entre los procesados también figura Héctor Martínez Sosa, broker amigo del expresidente, y su esposa María Cantero, su histórica secretaria privada. Según la causa, esta pareja habría sido parte clave en el direccionamiento de contratos hacia Nación Seguros, beneficiándose con comisiones millonarias.
Fernández salió al cruce de la acusación con un descargo en sus redes sociales, donde denunció que se trata de una “persecución por ser peronista” y cuestionó que se interpretaron las pruebas para mantenerlo “arbitrariamente ligado al proceso”. Su defensa apeló el procesamiento y solicitó la falta de mérito, argumentando que no se le tomó declaración indagatoria antes de la resolución y que varias pruebas aún no fueron analizadas correctamente.
Paralelamente, en tribunales federales el expresidente reclamó la nulidad de su procesamiento. Según sus abogados, el decreto 823/21, que obligaba a todas las reparticiones estatales a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros, fue una decisión política legítima y no debe ser penalizada como un delito.
Este procesamiento es uno de los más resonantes desde que Fernández dejó el poder. No solo por el monto millonario del embargo, sino porque pone en el centro del debate las relaciones entre el Estado y los intermediarios privados en el mercado asegurador.
En su descargo, Fernández también advirtió sobre un “riesgo ético”: según él, al nombrar a María Cantero como su secretaria privada, la Justicia lo acusa de no haber previsto un conflicto, cuando esa designación —afirma— ya era conocida.
Mientras tanto, el caso seguirá su curso judicial: la defensa espera que la Cámara Federal de Apelaciones revise el procesamiento, y el juzgado continúa profundizando la investigación para determinar responsabilidades concretas y si realmente existió un esquema sistemático de corrupción detrás del decreto y los contratos de seguros.