El día después de las elecciones del 26 de octubre traerá aparejado la apertura de una etapa de tiempos belicosos para el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Los debates pendientes se pondrán sobre la mesa y marcarán el rumbo hacia fin de año, pero fundamentalmente con vistas al 2027 con la intención de volver a gobernar al país.
La disputa entre Axel Kicillof y Cristina Fernández con un Sergio Massa más que activo en la discusión ingresará en una nueva fase desde el lunes 27. La serie de puntos a resolver incluyen aspectos que hacen a la gestión del Gobierno bonaerense como así también a cuestiones partidarias del justicialismo.
En cuanto a la administración provincial, el Gobernador insiste con la probación del proyecto de endeudamiento o “ley corta” para obtener financiamiento tanto para hacer frente a deudas que arrastra el Estado bonaerense como para llegar a fin de año sin mayores complicaciones. No obstante, no ha encontrado respuestas favorables desde sectores propios del oficialismo ni de la oposición.
En el tintero también se encuentran las iniciativas sobre el Presupuesto 2026 y la Fiscal Impositiva, pero eso también está lejos. Hay consenso mayoritario en la Legislatura para que se trate todo el paquete económico junto y no como plantea Kicillof.
Pero no todo termina ahí, una de las tantas condiciones que ponen en el parlamento es abrir el abanico de posibilidades para intercambiar apoyos y meterse de lleno en la resolución de los cargos vacantes. Ahí juegan desde los cuatro jueces de la Corte, como el directorio del Banco Provincia, ABSA, Consejo General de Cultura y Educación, Contaduría General, entre otros.
Hasta el momento no hay certezas sobre el tratamiento de estos proyectos en la Legislatura y todas las voces coinciden que se retomará la discusión en serio luego de los comicios. Mientras tanto crecen los reclamos de varios intendentes hacia el Gobierno provincial porque sus cuentas no le cierran y se les dificulta pagar salarios.
Del mismo modo, la Provincia profundiza el retaceo de recursos tantos a los distritos como a los ministerios con la intención de ajustar el cinturón. La prioridad es el pago de salarios a los empleados públicos y dejan de lado el pago a los proveedores. También implica atrasos en la realización de obras, como así también en el pago de algunos programas.
Varias voces coinciden -oficialistas y opositoras- que las tensiones internas en el peronismo traban sistemáticamente las discusiones en el parlamento. En el último mes Kicillof se reunió con Cristina y luego con Sergio Massa, pero no se observan canales de acercamiento para resolver debates y lo que se observa solamente es un pacto forzado de no agresión.
El Gobernador también deberá resolver qué hace con el gabinete en medio de presiones internas y una idea que ronda en su cabeza. El mandatario provincial hizo saber a más de uno que tiene en mente una reestructuración. No obstante, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, negó públicamente que haya modificaciones en el plantel de ministros, pero dejó dudas sobre el futuro de aquellos que fueron electos legisladores.
Desde el kicillofismo y el cristinismo existen críticas cruzadas sobre el funcionamiento del equipo de gobierno. En algunas coindicen como el caso de IOMA y del Ministerio de Mujeres y Diversidad. Son dos áreas que cosechan cuestionamientos, pero la situación de la obra social es de suma sensibilidad en el interior bonaerense. La desastrosa performance del organismo genera bronca en los usuarios, pero también en la dirigencia del oficialismo.
Un punto que genera recelos profundos es sobre la renovación de autoridades en el Partido Justicialista (PJ) bonaerense. Los nombres para hacerse con la conducción comienzan a brotar con mayor facilidad mientras se espera la convocatoria a elecciones.
Máximo Kirchner tiene mandato hasta el 18 de diciembre, pero hasta el momento no se llamó para comenzar con el proceso electoral. Con los plazos vencidos, en el kirchnerismo no ven con malos ojos la continuidad del líder de La Cámpora.
En las últimas horas el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, se sumó a la danza de figuras y no descartó ser una opción para suceder al diputado nacional. Se trata de un nombre de peso que forma parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Del mismo sector también suena el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
La vicegobernadora, Verónica Magario, es una dirigente que puede ocupar ese lugar, sobre todo si se tiene en cuenta que no podrá ser candidata a gobernadora. Hay quienes se preguntan si Kicillof puede ocupar la silla que hoy ostenta Máximo.
Por el lado de un sector de intendentes, en sintonía con el entorno del Gobernador, proponen a Federico Otermín como prenda de unidad. El alcalde de Lomas de Zamora contaría con el aval de sus pares Federico Achaval (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza), entre otros. Además, dicen que podrían sumar a otros jefes comunales a ese clamor y dejan en claro que su intención es mediar entre el Gobernador y la expresidenta, y que sostienen autonomía del cristinismo.