12 de julio de 2025
JUDICIALES
Duro golpe de la Justicia a Nación por el cobro de tasas municipales
La Justicia federal declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Economía que limitaba el cobro de tasas municipales. El fallo, que beneficia a Escobar, refuerza la autonomía local y cuestiona la injerencia del Gobierno nacional en la gestión de los recursos comunales
La Cámara Federal de San Martín declaró la inconstitucionalidad de una resolución emitida por el Ministerio de Economía de la Nación que limitaba el cobro de tasas municipales, en un fallo que constituye un duro revés para el Gobierno nacional y una victoria para la Municipalidad de Escobar.
El tribunal de alzada confirmó la sentencia del Juzgado Federal de Campana, que se había pronunciado en el mismo sentido, y sostuvo la autonomía de los gobiernos locales en la gestión de sus recursos. La norma cuestionada es la Resolución N° 267, emitida en septiembre de 2024 por la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del ministro de Economía, Luis Caputo. Dicha resolución impedía que los municipios incorporaran a las tasas conceptos ajenos al valor pactado entre el consumidor y el prestador del servicio.
En su momento, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, había advertido que la medida constituía un intento de “avasallar la autonomía municipal” y exhortó al ministro Caputo a abandonar “las bravuconadas y los ataques a los municipios” para avanzar en un trabajo conjunto enfocado en “mejorar la calidad de vida de nuestra gente”.
El fallo judicial remarca que la disposición del Ministerio implicaba un “grave perjuicio social” y revestía “una inusitada gravedad inconstitucional”. De haber seguido en vigor, la resolución habría afectado de manera crítica la capacidad del Municipio para financiar servicios esenciales como alumbrado público, recolección de residuos y mantenimiento de la infraestructura vial, además de limitar recursos clave para áreas como salud, educación y seguridad.
Además, la sentencia permite retomar y dar continuidad a múltiples obras financiadas con fondos municipales que habían quedado paralizadas tras la interrupción del financiamiento nacional a partir de diciembre de 2023.
Con este fallo, la Justicia establece un precedente significativo en defensa de la autonomía de los municipios y marca un límite claro a la injerencia del Ejecutivo nacional en la administración económica de los gobiernos locales.