Cómo impacta en la Provincia la cancelación del programa para el acceso a la vivienda. El déficit habitacional que aumenta con la crisis. ¿Podrá hacerse cargo el gobierno de Kicillof?
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“Así es como termina el mundo: no con una explosión, sino con un gemido.” Los versos finales de Los hombres huecos, el famoso poema de T. S. Eliot, pueden aplicarse también, acaso, al fin del Plan PROCREAR, el programa de viviendas del Estado nacional que ya había quedado inactivo hacía un año y medio y cuya disolución deja casi 10.000 casas a medio construir en la provincia de Buenos Aires, sin que nadie sepa muy bien quién va a terminarlas, cuándo ni cómo.
Entre los estertores del final anunciado se encuentran la insólita entrega a efectivos de fuerzas federales de 160 departamentos que ya habían sido asignados a vecinos de Avellaneda y la entrega del negocio remanente al banco de un grupo empresario cercano al presidente de la Nación, Javier Milei.
Entre las viviendas del plan que quedaron inconclusas en territorio bonaerense, cuando Milei se hizo cargo del Gobierno nacional y decidió frenar la obra pública, hay algunas que tenían un alto grado de avance.
El relevamiento realizado por el ministerio de Hábitat bonaerense, que conduce Silvina Batakis, determinó que hay 9.908 viviendas en esa condición, en 26 de los 135 distritos bonaerenses. El municipio donde se encuentran más viviendas frenadas del PROCREAR es Avellaneda, con 2.724; pero lo que iba a ser el barrio más grande de la Argentina, de 1.403 casas, y que en su momento se anunció con bombos y platillos, está en Berazategui. De esas 1.403 viviendas ninguna llegó a entregarse.
En Morón, donde quedaron sin terminar 534 casas en un predio de la localidad de El Palomar cedido por el ministerio de Defensa, el intendente Lucas Ghi se puso al frente del reclamo para su terminación. En los primeros meses del gobierno mileísta se reunió con el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Héctor Lostri, para procurar “la continuidad y finalización” de ese proyecto. Pero no hubo novedades, y en la apertura de sesiones de este año en el Concejo Deliberante anunció que pediría el traspaso a la Provincia, para que lo pudiera concluir.
Pero ¿puede hacerse cargo el gobierno de Axel Kicillof de esas casi 10.000 viviendas? La ministra de Hábitat bonaerense, Silvina Batakis, afirma que es complicado.
“Nosotros pudimos tomar las viviendas inconclusas de dos programas que estaban a cargo del ministerio de Hábitat de la Nación, que son el programa Reconstruir y el programa Casa Propia. Pero en el caso del PROCREAR, que es un fideicomiso, hay cuestiones legales difíciles de resolver para poder tomarlo y, además, el costo es mucho más elevado”, explica Batakis en diálogo con La Tecla.
Por ejemplo, completar las 1.413 viviendas del megabarrio inconcluso de Berazategui insumiría el doble del presupuesto anual del ministerio que conduce, grafica Batakis. Cuando se confirmó el fin del Plan PROCREAR, el ex secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, hizo notar que tras la disolución “le garantizan el negocio a IRSA”, el grupo empresario encabezado por Eduardo Elsztain, cercano a Milei. Ocurre que el Banco Hipotecario, de ese grupo, quedó a cargo del cobro de las cuotas de las viviendas ya entregadas.
Quinientos pasos adelante, miles atrás
La cancelación del plan PROCREAR representa un retroceso en la puja por cerrar la brecha entre la necesidad de vivienda en la población y las viviendas efectivamente disponibles. Esa diferencia se denomina déficit habitacional, y en la provincia de Buenos Aires alcanza a unas 89.000 viviendas.
Cuando Javier Milei se hizo cargo del país, había unas 16.000 casas a medio construir, algunas ya casi terminadas, en distintos puntos del territorio bonaerense, en virtud de distintos programas nacionales. Todas esas unidades habitacionales quedaron paradas. Ahora, la Provincia está llevando adelante el Programa Completar, para concluir las viviendas detenidas de los programas nacionales Reconstruir y Casa Propia. Se trata de unas 8.000 unidades de las cuales este año se concluirían unas 500 y el resto, en años subsiguientes.
Sin embargo, el cierre del PROCREAR retrotrae las perspectivas de reducción del déficit, ya que en la Provincia hay casi 10.000 casas de ese programa que quedaron sin visos de completarse.
“El gobierno no cree en esto y quiere recuperar la plata que puso”
“Para nosotros, las 16.000 viviendas que están paradas en la Provincia hay que terminarlas sí o sí”, afirma la ministra de Hábitat bonaerense, Silvina Batakis. “Porque la Provincia tiene un déficit habitacional que, además, con la crisis económica, se agrava, porque hay menos gente que puede alquilar. Y además, porque creemos en la obra pública como motor de desarrollo productivo y social y como generadora de empleo”, agrega.
Además de un plan de viviendas propio con el que piensa entregar 8.000 casas de aquí a 2027, el Gobierno bonaerense avanza en la conclusión de viviendas de programas nacionales que fueron parados, pero, en el caso del PROCREAR, el diálogo está en punto muerto, explica la funcionaria.
“El Gobierno nacional quiere recuperar la plata que puso. Nosotros creemos que el objetivo era hacer viviendas y que las viviendas deben hacerse. Y ahí estamos, sin poder encontrarle la vuelta. Porque es imposible para nosotros poner esos fondos”, detalla Batakis.
Cuando anunció el cierre del plan, el Gobierno nacional especificó que las viviendas podrán ser terminadas por las provincias, los municipios o el sector privado. Pero para eso hay que resolver cuestiones legales que son complejas. Implica rescindir contratos existentes con empresas constructoras y es aún más difícil cuando ya hay unidades preadjudicadas.
Además, hay distintas situaciones según quién haya aportado los terrenos: hay predios que eran del Estado nacional, otros que fueron cedidos por la propia Provincia y otros por los municipios.
“En definitiva, el Gobierno nacional no cree en este instrumento. No cree en la obra pública ni como motor de desarrollo ni como creadora de puestos de trabajo”, apunta Batakis. “Apenas se inició la presidencia de Milei, hubo entregas de viviendas nacionales en algunos municipios. Los intendentes se acercaron a los funcionarios del área de Hábitat para decirles: ‘Están estas viviendas para entregar, ¿vienen?’ Y la respuesta fue: ‘No, entregalas vos, nosotros no vamos a ser parte de esa foto, porque no creemos en eso’”, agrega.
“Tuve que parar mi vida para esto y ahora la vivienda se la lleva otro”
Alexander Zalazar (Alex) tiene 24 años, es obrero metalúrgico y es uno de los 160 supuestos beneficiados con un departamento en el edificio Sagol, en Avellaneda, cuyo nombre rinde homenaje al radical Luis Raúl Sagol, el primer intendente del distrito tras la vuelta de la democracia.
“Supuestos”, porque no sólo el plan PROCREAR, a través del cual Alex salió sorteado, fue primero freezado y luego cancelado por el Gobierno, sino porque ahora todos los departamentos de ese edificio fueron entregados a miembros de las fuerzas de seguridad. La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, encabezó el acto de entrega, que se realizó en el propio edificio, mientras, a poca distancia de allí, unas cuarenta familias, incluida la de Alex Zalazar, protestaban amargamente.
Lo que arrojó sal en la herida fue que, en ese acto, Bullrich deslizara que el PROCREAR “en muchos casos estaba mal destinado” porque las unidades no se utilizaban como vivienda familiar sino para alquileres temporarios “tipo AirBNB” y además, que muchas veces se entregaban a “amigos de la política”.
“Me siento decepcionado con este gobierno y con su manera de hacer las cosas”, dice Zalazar. “Vienen a hablar mal de nosotros, que somos trabajadores, diciendo que somos acomodados. En vez de atacar el verdadero problema, nos atacan a nosotros”, agrega.
“No estamos en contra de que los gendarmes tengan sus casas. Ellos también son personas. Lo que nos molesta es la manera”, aclara Alex. Y dispara: “Yo tuve que parar mi vida por esto. Porque para que te adjudiquen una vivienda tenés que cumplir requisitos, como tener un año de antigüedad en el trabajo, o sea que no podés cambiar de trabajo hasta que te salga. Y ahora se lo dieron a otra gente. Mi ilusión se destrozó de un momento a otro. Fuimos desplazados como si no existiéramos”.
El defensor del pueblo de Avellaneda, Daniel García, cuestionó la movida de Bullrich, diciendo que se realizó “de manera arbitraria y muy poco clara” y que constituye “un acto de despojo”.
