14 de junio de 2025
CADENA RIO
Loteos ilegales en La Plata: más de 400 barrios sin aval ni servicios
En La Plata se detectaron más de 400 desarrollos inmobiliarios irregulares aprobados por ordenanzas de excepción durante la gestión de Julio Garro. Sin convalidación provincial, generaron expansión desordenada, falta de servicios, riesgos ambientales y perjuicios a compradores sin posibilidad de escriturar.
El concejal platense Juan Manuel Granillo Fernández dialogó con el programa “Desconfiados” por Cadena Río sobre los loteos ilegales en la ciudad, la responsabilidad de la gestión del exintendente Julio Garro y los lineamientos del nuevo Código de Ordenamiento Urbano-Territorial impulsado por la actual administración.
“Esto efectivamente es un problema de muchos años en la ciudad, por sucesivas marchas que se fueron haciendo a nuestro Código de Ordenamiento Urbano-Territorial, sobre todo en las dos gestiones de Julio Garro, en la cual se estableció un régimen de excepciones permanentes a esa normativa general. Esto lo que generó fue un proceso de desplanificación de la ciudad, un crecimiento desorganizado, desordenado”, afirmó el concejal.
Granillo Fernández, quien ingresó al Concejo Deliberante en 2021, señaló que ya en ese momento se advertía sobre las consecuencias de esta gestión del uso del suelo: “Me tocó ingresar en el Concejo Deliberante en el 2021, ya en ese momento advertíamos que este modo de gestionar el uso del suelo en nuestra ciudad atendía más cuestiones particulares que cuestiones de interés público. Y el resultado de todo esto es una ciudad que se expandió muchísimo en términos de mancha urbana y que se achicó en prestación de servicios por desbordar lo que son los límites de la planificación de la ciudad y lo que tenemos hoy es un montón de desarrollos de barrios que se fueron haciendo que no tuvieron convalidación en Provincia”.
El concejal explicó que, según la Ley 89.12 de la Provincia de Buenos Aires, los proyectos de ordenamiento territorial requieren una doble conformidad: “El municipio eleva los proyectos de ordenamiento territorial y la Provincia, a través de la Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorio, tiene que convalidar esos planes, porque verifica que se adecúen a los lineamientos generales de la Ley 89.12 que lo que hace es tratar de que el conjunto de los municipios de la provincia tengan una línea similar en términos de crecimiento de las ciudades”. Sin embargo, durante la gestión de Garro, “esas sucesivas ordenanzas, que eran excepciones al código nuestro a nivel local, no fueron convalidadas por Provincia, porque la provincia decía, me estás enviando permanentemente excepciones al código y lo que tenés que hacer es un nuevo proyecto integral. Son sucesivos parches, lo que hace es no poder verificar cuál es el plan integral para la ciudad”.
Sobre las consecuencias de los desarrollos inmobiliarios sin autorización, Granillo Fernández indicó: “Perjudica primero porque vos ampliás la demografía, la densidad, en lugares donde no está previsto la ampliación de los servicios. En muchos casos, el argumento era que el propio desarrollador se encargaba de llevar los servicios a esos lugares, pero lo que no se atendió fue que eso se haga, y segundo, cuál es el impacto en otras urbanizaciones que se dan por fuera de ese emprendimiento particular”. Esto generó un “corrimiento de la frontera de ocupación territorial del municipio en contraposición con la planificación que tiene que tener la ciudad en cuanto a llevar agua, cloacas, transporte, recolección de residuos, luminaria, seguridad, salud y educación”, lo que derivó en problemas como inundaciones, el avance sobre el cordón frutihortícola y el encarecimiento de propiedades.
El concejal también destacó el impacto en los compradores de buena fe: “Hay un conjunto de problemáticas que están atrás de esto, más allá de las personas que efectivamente compraron de buena fe en esos emprendimientos que hoy no tienen posibilidad de escriturar porque no tienen una convalidación de la ordenanza que les dio la zonificación en su momento”.
Ante esta situación, señaló: “Es un proceso muy complejo y lo que hizo el Intendente Alak fue decir, bueno, paramos la pelota, por eso suspendió esas ordenanzas y empezamos a trabajar en un nuevo código. Lo que sancionamos nosotros es una primera etapa de ese nuevo código en el cual el Intendente envió lo que sería el modelo de ciudad en el cual se busca que sea más compacta, que se trate de primeramente ocupar las zonas vacantes que están más cerca de la zona ya densificada o ya consolidada y de esa manera ir organizando el crecimiento. O sea, más cerca del casco”.
Respecto a los 400 proyectos comercializados de manera irregular, Granillo Fernández señaló que “hay lugares donde también se establecen distintos grados de posibilidades de saneamiento de esto. En zonas inundables, por ejemplo, no se puede convalidar, porque la verdad que hay que evitar que la gente viva ahí porque que es riesgoso. Hay otros casos que son más grises, digamos, por eso hay que hacer un análisis puntual caso por caso, pero sobre todo que se adecue al plan de la ciudad”. En los casos de barrios consolidados, se realizará una “revisión exhaustiva caso por caso”.
Sobre el conocimiento o posible complicidad de la gestión anterior, el concejal fue contundente: “La Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano-Territorial había advertido en dos oportunidades al municipio que no siga enviando este tipo de ordenanzas de excepción. Y así todo se decidió seguir avanzando”. Añadió que “no es que había desconocimiento, sino que hubo una decisión de desoír esa advertencia que se estaba haciendo la Provincia, y se avanzó igualmente. Bueno, las consecuencias son estas. Hay, de hecho, un proceso judicial en marcha, que bueno, se verán las responsabilidades penales, civiles, administrativas”. En este contexto, recordó que “Garro en marzo pasado fue imputado, procesado en esta causa, acusado por asociación ilícita, y el perjuicio económico se estima que alcanzaría los 1.500 millones de dólares”.