14 de junio de 2025
RECLAMO
El campo fue al hueso y exige terminar obras en el Río Salado
Carbap reclamó la reactivación del Plan Maestro del Río Salado, paralizado desde hace 25 años. Denuncian pérdidas por USD 5.000 millones y exigen fondos para completar obras clave en una cuenca que aporta gran parte de la producción ganadera, agrícola y lechera del país.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) reclamó una urgente reactivación del Plan Maestro del Río Salado, ante el agravamiento de las pérdidas productivas y la falta de avances en las obras comprometidas desde hace más de dos décadas.
El proyecto, diseñado en 1999 con financiamiento del Banco Mundial, tenía como objetivo mitigar inundaciones y sequías en una cuenca estratégica de 17 millones de hectáreas, que concentra el 75% del stock bovino bonaerense, más del 70% de la producción de granos de la provincia y el 20% de la leche del país.
Pese a su importancia, y a que debía estar concluido en 15 años, sólo se ejecutó el 50% de las obras tras 25 años de demora. Las consecuencias son notorias: pérdidas productivas por más de USD 5.000 millones y eventos climáticos cada vez más severos, como los registrados en 2025, cuando tres fenómenos extremos anegaron más de 2 millones de hectáreas.
En contraste, la región aportó más de USD 35.000 millones solo en derechos de exportación, un monto que, según CARBAP, podría haber financiado reiteradamente el plan completo. “La paradoja es clara: se le niegan las obras a una región que las ha pagado una y otra vez”, denunciaron desde la entidad.
El comunicado subraya que el costo total de la inacción ya supera los USD 40.000 millones, y considera que completar el Plan Maestro no es solo una deuda histórica, sino una decisión estratégica que exige liderazgo político, financiamiento nacional y coordinación federal.
“Desde CARBAP hacemos un llamado firme a toda la dirigencia política, sin distinción de niveles de gobierno ni pertenencia partidaria, para que asuma la dimensión de este desafío y garantice la asignación inmediata de los fondos necesarios”, advirtieron.
“No hay argumentos técnicos, económicos ni éticos para seguir postergando una solución ya planificada y reclamada durante décadas”, concluyeron.