Desguace en la seguridad previsional

El presidente Javier Milei realizó una nueva poda con motosierra en el Estado nacional, esta vez cercenó directamente a aquellos organismos que sostienen la seguridad social de los argentinos, en este caso los afectados fueron Anses y los Centros de Referencia. Si bien el Gobierno justifica estas decisiones

El Ministerio de Capital Humano informa que cerrará 59 Centros de Referencia (CDR) que actualmente funcionan como cajas de la política y aguantaderos militantes. La medida constituye un ahorro anual de $5.000.000.000.

Como resultado de la auditoría interna que está realizando el…

— Ministerio de Capital Humano (@MindeCapitalH) March 4, 2024 " target="_blank">escudándose en el ahorro, el panorama que describen los trabajadores que forman parte de estos entes es el de un sistema que está a punto de quedar al borde del abismo.  

Tal como señaló el Presidente en su discurso en la apertura de sesiones del Congreso, se encuentra en marcha una reforma previsional. Aunque se sospecha que este cambio estructural está en suspenso, desde el Ejecutivo nacional no quieren dejar nada librado al azar y prefieren esperar a que se resuelva el Pacto de Mayo. Entre los cambios que busca introducir la gestión libertaria se incluye la baja de los jubilados que entraron en las últimas moratorias, la extensión de la edad jubilatoria de las mujeres y la implementación de un esquema similar a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Uno de los motivos detrás del desmantelamiento es liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Anses, que tiene en su poder bonos de la deuda pública y acciones de empresas privadas. Las acciones que forman parte de la caja de los jubilados sumaban hasta noviembre USD 13.100 millones, al cambio oficial, y representan el 17,4% del total del fondo.

Por otro lado, las decisiones que el Gobierno nacional gestiona a través del Ministerio de Capital Humano embaten directamente contra la delicada situación de los sectores populares. 

En territorio bonaerense, los CDR se encuentran distribuidos en las localidades del interior (Bahía Blanca, Mar del Plata, Mercedes, Tandil, Dolores, Pergamino, entre otras) con la intención de ayudar a la población en la gestión de trámites que mayormente se harían las ciudades cabecera. Donde la tarea es la de recibir consultas y gestionar programas como Potenciar Trabajo, Mi Pieza, Mi Baño o tramitar medicaciones de alto costo para pacientes que no pueden cubrirla. 

En diálogo en La Tecla, el secretario general del SECASFPI (Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social), Carlos Ortega, señaló que la realidad es la misma en todo el país, pero en la Provincia las oficinas que apagaron sus luces definitivamente fueron las de Salliqueló y Ciudad Evita (Buenos Aires).

“En total echaron 470 personas 320 planta permanente y 150 contratados”, expresó Ortega, tras remarcar que “echaron de todos lados, de La Cámpora, del peronismo, Patria Grande”, ante la acusación que deslizó el Gobierno de que las oficinas de Anses eran cuevas de la agrupación de Maximo Kirchner. “Cerrar porque si no tiene ningún sentido, es dejar a pueblos sin poder atenderse”, exclama.  

Respecto al futuro del organismo, apunta que la intención de Miles es “desguazar y privatizar parte del sistema previsional, ya están haciendo planes, sacaron cientos de institutos que tenía el Anses que van camino a desaparecer”. Además, agrega que otro de los cambios estructurales por ejecutar sería el de “quitar las jubilaciones por moratoria y darle a esas personas un plan social, tipo Potenciar”. 

En la misma línea, Patricia Coronel, una de las trabajadoras que formaba parte del CDR de Mar del Plata, denuncia el cierre y desmantelamiento de los espacios de atención. “Es nefasto que las problemáticas que nosotros abordamos pasen a ser atendidas a través de un formulario online”, indica.

Coronel destaca que más allá de las tareas propias de los CDR también se resolvían otras necesidades socioeconómicas de la comunidad. “En una inundación o en el incendio de una vivienda precaria somos los primeros que estamos y, a su vez, los vecinos saben que si se acercan una respuesta van a tener”, comenta.

Respecto a la realidad de los trabajadores de los CDR, indica que “el 70% de los contratos del Estado en todo el país se vencen el 31 de marzo, veremos en todos los ministerios y organismos descentralizados despidos muy masivos”, en caso de que el Gobierno no revea la situación. 

Por último, el intendente de Salliqueló, Ariel Sucurro, evidencia de primera mano lo que sucede en el territorio. “Trabajamos durante muchos años para que el municipio tenga la oficina de Anses, sin esa oficina los vecinos tienen que trasladarse 100 kilómetros hasta Trenque Lauquen y eso implica tiempo, combustible y el medio para poder ir”, señala.

“Esa oficina arrancó a trabajar con tres personas y a los seis meses, cabe destacar que no es una UDAI, empezamos a realizar jubilaciones. La oficina de Salliqueló, tramitaba por día entre 50 y 70 personas”, destaca.

“La oficina la vienen apagando, no está cerrada aún, pero es la intención”, y agrega que “primero venían unas personas a abrir unos días a la semana y ahora solo los viernes, lo que están haciendo es cerrar la oficina”.

“Se cae de maduro que están empleando toda la fuerza para que se privatice. Es fundamental decirle a la gente eso,¿no?¿A dónde nos quieren llevar? Tengo el presentimiento que los propios jubilados, a corto y mediano plazo, se van a movilizar por esto”, concluyó Sucurro ante la posibilidad de volver a un modelo como fue el de las AFJP.

Resta saber si las reformas que planea el jefe de Gabinete, Nicolas Posse, llegarán a su meta o se chocarán con un descontento imposible de eludir. Mientras se cocina el caldo de cultivo para un nuevo estallido social en Argentina, los accionistas se frotan las manos esperando la liquidación de la caja de Anses.