Previa con guiños y anuncios en educación para distender la relación con los gobernadores

A través de su publicación en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei, dio continuidad al artículo 7 de la Ley 26.075, de Financiamiento Educativo. De esta manera, la casa rosada enviará dinero a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires “para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”.

Entre los considerandos, se destaca que la medida responde a “la situación económica y social del país que requiere que se garantice la disponibilidad de fondos”.

Cabe destacar que, el artículo 7° de la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo estableció por el plazo de cinco (5) años una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esta manera, se puntualizó que, vencido el plazo fijado en la citada ley, se han dispuesto sucesivas prórrogas del referido artículo 7°, con el fin de asegurar el financiamiento del sector, siendo la última la dispuesta por el artículo 13 de la Ley N° 27.701. También se especificó que la asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión del presupuesto de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en educación, destinando dichos recursos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa.

Esta medida se dio a conocer un día antes de la convocatoria formal a los gobernadores para el viernes, donde la Rosada, buscará avanzar en acuerdos para la rúbrica del denominado Pacto de Mayo, en Córdoba el próximo 25 de mayo, con diez puntos básicos de consenso que incluye reformas en lo político, previsional, laboral, además de la “inviolabilidad de la propiedad privada” como primer punto.

Asimismo, la cuestión educativa era uno de los puntos de discordia entre la administración nacional y las provincias tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una masa de recursos que la Nación enviaba a las provincias.