El 1 de marzo comienza el ciclo lectivo 2024 en un contexto más que difícil. El gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, puso en crisis el sistema educativo de manera integral y deja varias materias “previas”. No solo porque eliminó el Ministerio de Educación, sino porque suspendió obras, cortó el pago del Fondo de Incentivo Docente y prorrogó el Presupuesto 2023 para el corriente ejercicio, lo que garantiza el pago de obligaciones hasta el mes de abril, entre otras cuestiones.
En este marco, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) anunció un paro nacional docente para el 26 de febrero, día en que debían comenzar las clases en diez provincias argentinas, entre las que no se encuentra Buenos Aires.
En territorio bonaerense, el gobernador Axel Kicillof ha entablado una excelente relación con los gremios docentes, que hasta cuentan con representación en las segundas filas de la Dirección General de Cultura y Educación.
Durante todo su primer mandato, los oficialismos sindicalistas no convocaron a medidas de fuerza en reclamo de incrementos salariales. El Gobierno de la Provincia se sentó de manera periódica en la mesa de discusión salarial y le garantizó a los trabajadores salarios acordes a la inflación.
Pero, en el comienzo de su segundo mandato, Kicillof se encontró con un problema: el no pago del Fondo de Incentivo Docente que debe abonar Nación y significa, aproximadamente, un 10 por ciento del salario. Si bien Provincia se hizo cargo del monto durante el primer mes del año, no garantizó su pago durante todo el ciclo lectivo, lo que generó un primer frente de conflicto.
“El recorte de fondos como el FONID y las políticas de ajuste que viene aplicando el Gobierno nacional implican un ataque frontal contra la educación y un abandono de sus obligaciones. Un rumbo que lejos de mejorar el sistema educativo solo genera incertidumbre", señaló al respecto el Gobernador.
"Ante ese escenario nosotros tenemos un mandato y una responsabilidad concreta, que es seguir reclamando lo que nos corresponde, transformar la educación pública y defender los derechos de sus trabajadores", añadió.
"Hemos mostrado la voluntad con la paritaria que se cerró para los sueldos que vienen, un aumento del 20% para todos los trabajadores y trabajadoras", dijo en referencia a la paritaria y agregó: "Representa un esfuerzo enorme que no queremos supeditar a reemplazar partidas que abandona el Gobierno nacional".
El segundo frente de conflicto es la obra pública. O mejor dicho, la falta de obra pública. De acuerdo a un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense son 65 las escuelas en obra de 28 municipios que quedaron paralizadas, lo que “afecta el derecho a la educación actualmente y en el futuro de cientos de alumnas y alumnos bonaerenses”.
En base a la información otorgada por la Dirección General de Cultura y Educación, la Defensoría pudo constatar que faltan enviar más de 14 mil millones de pesos, a valor de noviembre de 2023, de los más de 25.266 millones comprometidos.
Las obras afectadas pertenecen a los distritos de 25 de Mayo, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Almirante Brown, Avellaneda, Baradero, Berazategui, Berisso, Bolívar, Cañuelas, Chascomús, Ensenada, Ezeiza, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, Junín, Leandro N. Alem, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Mar Chiquita, Morón, Navarro, Pehuajó, Pila, Quilmes, Saladillo y San Vicente.
El tercer frente de conflicto apunta directamente a las escuelas de gestión privada que, en la provincia de Buenos Aires también están reguladas por el Estado provincial, por lo que no solo se ven afectados por los ajustes del Gobierno nacional, sino también porque su supervivencia depende de la economía de las familias que asisten a sus instituciones.
“En las escuelas de gestión privada de la provincia de Buenos Aires hay una presencia muy fuerte del gobierno provincial, porque comprende que el sistema educativo es uno solo, que lo que cambia es la gestión y que el Estado es responsable de regular. El aumento de cuotas en la Provincia está más controlado. No obstante la crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo van a impactar lamentablemente si no se corrige el rumbo de esta economía, que está dejando a las familias a la deriva”, sentenció en diálogo con La Tecla, Adriana Donzelli, secretaria general de SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados).
“Sabemos que va a impactar negativamente en las escuelas de gestión privada. Hoy por hoy todavía no podemos hablar de cierre masivo de colegios, ni de cursos. Las dificultades son todavía muy puntuales y estamos tratando de buscar soluciones, peleando para que se puedan sostener no solo los puestos de trabajo, sino el servicio educativo, porque cada escuela de gestión privada también es un lugar de pertenencia. Luchamos mucho contra esa dicotomía que quieren instalar de la educación estatal versus la privada. Somos parte de un mismo sistema, estamos bajo una misma Ley de Educación y bajo los mismos valores que están establecidos en esa ley. Sin embargo, los datos que hoy tenemos no son alentadores”, añadió.
SADOP es uno de los sindicatos cegetistas que levantaron su adhesión al paro nacional tras conocerse la convocatoria del Gobierno a una mesa de negociación para el martes 27 de febrero. Las expectativas acerca de la reunión, son bajas. “Estamos atravesados por la compleja situación económica nacional, por el impacto que tiene el recorte de los fondos nacionales en las provincias, particularmente en educación, el recorte que incluye el Fondo de Incentivo Docente y conectividad, además de programas de infraestructura y programas de capacitación. En provincia de Buenos Aires la situación es acuciante y tiene que ver con el contexto económico, con la inflación y es lo que nos tiene más en alerta. Hemos logrado un acuerdo a pesar de la situación económica que está sufriendo la provincia de Buenos Aires por parte del gobierno nacional. A pesar de todas las dificultades contamos con un alivio para el bolsillo de los docentes bonaerenses, pero preocupados por el devenir de toda esta situación nacional”, señaló Donzelli, quien destacó la gestión de Kicillof en materia educativa en los últimos cuatro años.
“Es un gobierno que permanentemente promueve el diálogo, que promueve la búsqueda de soluciones, con un contacto muy frecuente. Sabemos que la vocación del Gobierno de la Provincia es mejorar las condiciones de trabajo, mejorar los salarios, teniendo en cuenta las dificultades de los últimos años y que se han profundizado desde ya en estos dos últimos meses”, cerró.
Alejandro Finocchiaro: “Es un sistema hecho a la medida del kirchnerismo”
El ex ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, Alejandro Finocchiaro, es uno de los mayores críticos de la gestión de Axel Kicillof. En conversación con La Tecla, aseguró que “el de la provincia de Buenos Aires es un sistema educativo hecho a la medida del kirchnerismo, que sigue engordando con cargos docentes a quienes no tienen ningún tipo de efectividad en el aula en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Creo que sin embargo genera mucho más dinero, que podría básicamente darse a aquellos docentes que están en el aula y aquellos docentes que sin estar en el aula sí tienen una relación con la educación de los chicos”.
“Es un Ministerio que está manejado básicamente por SUTEBA, en prácticamente todas sus líneas, y con una lógica que es la de tener a los chicos amontonados en el aula más allá de si aprenden o no, con un fuerte adoctrinamiento político”, apuntó.
En base a su gestión, que inició en 2015 en la Provincia con María Eugenia Vidal y luego continuó en Nación junto a Mauricio Macri, señaló que “empezamos por poner los cimientos para un cambio. Cuando asumí me enteré a los 15 minutos que debíamos 6.000 millones de pesos más de lo que me habían dicho, que básicamente eran deudas con IOMA y con algunos organismos previsionales. No sabíamos, por ejemplo, la cantidad de edificios escolares que había, no sabíamos en qué estado estaban, no sabíamos cuántos edificios se alquilaban. Nos llegaban demandas o intimaciones a pagar. Tiene una planta administrativa sobredimensionada”.
Sobre el recorte del FONID, expresó: "Creo que hay una discusión bastante más profunda que tiene que ver con que clarifiquemos y pongamos en blanco sobre negro en qué le corresponde a cada uno de los tres niveles federales. Más allá del FONID, hay una discusión en muchos otros aspectos: qué le corresponde el Estado nacional, qué le corresponde a los estados provinciales y qué le corresponde a las intendencias, para que no se solapen las partidas, para tener una inversión y un gasto más eficiente ¿El Estado debe pagar conceptos del salario docente cuya gestión es provincial? De la misma manera, que el Poder Ejecutivo Nacional no llama a los gobernadores para pagar los salarios de los generales, de los rectores de las universidades nacionales. Sino seguimos tapando con parches. El FONID, entiendo que es un dinero que entra en el salario docente y que, por supuesto, decile a los docente que no lo va a cobrar más. Pero la solución es que, en todo caso, se incorpore al salario en blanco y que se hagan cargo las jurisdicciones provinciales. El FONID no es remunerativo, es no bonificable, no entra la para la jubilación. Es un muy mal ejemplo que el Estado pague en negro”.
En relación con la crisis que atraviesa el sector privado, expresó: “Estoy a favor de la educación de gestión estatal y de la educación de gestión privada, creo que eso da más posibilidad de elegir a la familia. Pero el Estado tiene que tener una educación de gestión estatal de excelencia, y que en todo caso la escuela de gestión privada sea elegida porque ofrece una variante”.
“Muchas familias van para que los chicos aprendan a escribir. Nosotros hoy tenemos alumnos de sexto grado en la provincia que no leen de recorrido. En algún momento tiene que nivelarse la cuestión y esto también tiene que ver con el haber pisado artificialmente, como pasa con las prepagas o con las tarifas, a los colegios que reciben aportes. Las clases deberían empezar, sería muy triste que en este momento con el país tan mal, como está este pozo de decadencia, no empiecen las clases. Siempre he sostenido que el salario docente no se discuta en febrero sino en abril o mayo, cuando las clases ya han empezado, porque esto es darle un poder de extorsión tremendo a CTERA y SUTEBA en la provincia de Buenos Aires. Kicillof ya estudió y se recibió. Sileoni también. A ellos no les afecta, pero afecta a la educación de los chicos que es el futuro de nuestro país y también afecta la organización de la familia, y a las de menores recursos”, expresó.
“Desde que se crearon los sindicatos en el siglo 19, el paro siempre fue el último ratio de un conflicto, no el primer escenario frente al disenso”, cerró.
|
