La administración nacional blanqueó sus intenciones de declarar a la educación como servicio esencial. En caso de tener luz verde, sería la tercera vez que el Poder Ejecutivo Nacional intenta impulsar la medida en estos dos meses de gestión. A ello se suma el descontento por la caducidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
En este sentido, Secretaria General Adjunta en SUTEBA, Silvia Almazán dialogó con La Tecla y señaló: "Estas es una categoría dentro de un ordenamiento de un marco jurídico que plantea cuáles son las condiciones y actividades que ponen en riesgo la vida, la salud o generan un peligro para una parte o toda la población. Entonces, Servicio esencial estaría incluyendo salud, algunas vinculadas al transporte que tienen delimitadas sus actividades, como por ejemplo medidas de fuerza, siempre que la actividad tenga que garantizar la salud, evitar peligros o riesgos de muerte para toda la población".
Además agregó: "La Organización Internacional del Trabajo (OIT) no incluye dentro de las áreas de servicio esencial a la Educación Pública. Nosotros hicimos una presentación ante la justicia durante el gobierno de Fernando De La Rúa, porque esta no fue la primera intención, con esto, se está tratando de construir una herramienta para cercenar el derecho a protesta y huelga de los trabajadores de la educación".
"Por eso la Justicia ya se expidió al decir que no es servicio esencial y también hicimos una presentación en la OIT que volvió a ratificar" señaló.
También explicó: "Servicio esencial tiene que ver con la definición de las restricción para medidas de fuerza de una actividad, laboral y productiva. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con que se busque una herramienta punitiva y disciplinadora a los trabajadores de la educación para restringir nuestro derecho a peticionar toda vez que hay una vulneración de nuestros derechos".
Otro de los puntos de la discordia es la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, al respecto Almazán consideró: "El gobierno nacional suspender la transferencia de recursos y una responsabilidad que tiene basada en la Ley de Educación Nacional donde es el responsable del financiamiento de la Educación, del derecho de los docentes, y del derecho social a la educación".
También la Ley de Financiamiento Educativo marca la inversión que tienen que hacer la Nación y las provincias que es el 6% del Producto Bruto Interno y dentro de ella fija metas, porque nosotros no sólo estamos planteando el destino del FONID, sino además que con esta medida va a haber un recorte de entre un 10 y un 20% de los programas educativos que a veces no se mencionan pero van a impactar en la cotidianeidad del ciclo lectivo como, la extensión de la jornada escolar en Primaria, el Conectar Igualdad, el programa de mejora de escuelas técnicas, los recursos a cooperadoras, complementos nutritivos para comedores; esos son recursos que el estado tiene la responsabilidad de enviar a las provincias".
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