Entre los argumentos esgrimidos por el Gobierno para recurrir la medida, se basan en que “no se solicitó un Informe previo al fallo”, ya que, según entienden, “se requiere un informe previo al dictado de una medida cautelar contra el Estado. Y esto no ocurrió”, apuntaron las fuentes.
Señalaron que esta instancia “está reglamentada en el art. 4° de la ley 26.854, donde dice que solicitada la medida cautelar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud”.
La audiencia pública había comenzado el lunes y debía desarrollarse durante tres días, lunes, martes y miércoles, y finalizaba a las 24 de ayer. Pero tres horas antes de la finalización de la audiencia de 72 horas de duración, a las 21, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, interpuso una cautelar que provocó la interrupción del proceso.
Puntualizaron que “en 2022 (del 26 al 28 de diciembre), cuando se hizo una instancia de participación ciudadana igual a la de ahora (para aumentar tarifas mensualmente por IPC), hubo solamente 28 comentarios y 14 personas que participaron. Mientras que, en la instancia de participación ciudadana de ahora, se realizaron 245 comentarios en total”.
El pedido de Gray
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora hizo lugar al recurso de amparo presentado por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y suspendió la convocatoria a la audiencia pública que había convocado la Secretaría de Transporte de la Nación para tratar los aumentos en el cuadro tarifario del transporte público en la Provincia de Buenos Aires.
“No resulta atinente realizar la consulta pública mediante un sistema al que no todos los usuarios tienen acceso y que a su vez, contiene fallas tecnológicas, impidiendo el cumplimiento de su finalidad, de modo que los ciudadanos que deseen participar puedan dar su opinión”, dice el comunicado de la Justicia que le dio el visto bueno al planteo de Gray que había apuntado centralmente contra el mecanismo que había adoptado la cartera nacional que depende del Ministerio de Infraestructura.
El viernes 19 de enero, el ministerio a cargo de Guillermo Ferraro había establecido un plazo de tres días hábiles administrativos para que las personas interesadas presenten sus opiniones y propuestas a través del sitio web del organismo.
“De esta manera, anulan cualquier instancia de intercambio y debate, y convierten la audiencia en un posteo de redes”, había advertido el intendente de Esteban Echeverría en su presentación. “No se puede encarar un proceso que afectará el ingreso de millones de familias a espaldas de la ciudadanía”, agregó.
En el recurso judicial, Gray también enfatizaba la falta de información pública adecuada y la ausencia de tiempo necesario para evaluar el nuevo cuadro tarifario y efectuar un análisis previo pormenorizado de los antecedentes de las tarifas, lo que afecta el ejercicio pleno del derecho de participación y defensa de las usuarias y los usuarios.
La resolución que lleva la firma de Ernesto Kreplak establece un plazo de 5 días, para que la Secretaría de Transporte modifique la convocatoria original y garantice os derechos que Gray advertía como vulnerados y facilite la participación de la ciudadanía para definir el cuadro tarifario propuesto.
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