Apenas comenzado el año ya hay números preocupantes para las economías provinciales. La caída de transferencias automáticas por coparticipación en los primeros 15 días de 2024 fue del 7,5 por ciento en términos reales, si se compara con el mismo período de 2023, de acuerdo a un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). La más afectada fue Buenos Aires, que perdió el 11,1 por ciento (la única por encima del dígito). Se agrega a la percepción de una baja en la recaudación propia por efectos de la recesión. Pero esto no es todo. La incertidumbre sobre la continuidad o no de programas y obras, solventadas hasta ahora por el Gobierno nacional, completa el combo explosivo. La mayoría de esos proyectos están interrumpidos y faltan certezas sobre qué pasará finalmente con ellos por parte de las autoridades nacionales.
En este contexto, Axel Kicillof intensificó en los últimos días la agenda con los ministros para empezar a fijar las líneas de acción en cada una de las áreas, establecer prioridades y pedirles a los funcionarios que traten de administrar con la mayor originalidad y austeridad un Presupuesto que en el propio Gobierno llaman “de ajuste y restricciones”. En la última reunión de gabinete, el ministro de Economía, Pablo López, pintó un cuadro gris de la situación; el Gobernador acompañó esa visión pero insistió en que nada de lo que está en marcha puede frenarse. Un verdadero desafío para los funciona rios, sobre todo para quienes deben continuar con obras o tienen una demanda alta de insumos. Los precios bailan a un ritmo que la economía provincial no puede seguir.
¿Una cuasimoneda aparece como opción? No. Al menos por ahora. Eso también quedó descartado en el encuentro celebrado la semana pasada en las oficinas del Gobernador. López promete surfear la ola con los recursos que lleguen y con una herramienta que hasta el momento le ha servido de mucho, tanto a él como a sus antecesores: las Letras de Tesorería. El ministro de Economía tiene como prioridad absoluta garantizar la masa salarial todos los meses y, después, administrar el sobrante. Además buscará el dinero que le habilita la ley de endeudamiento votada en diciembre, que le permite tomar préstamos en pesos hasta el equivalente a 1.800 millones de dólares.
Más allá de los proyectos propios, que deberán continuarse en un panorama de escasez, lo que preocupa en muchos ministerios bonaerenses (ver recuadros) es la falta de precisiones acerca de programas claves solventados por la Nación u obras, como el plan carcelario y de alcaidías, que había comenzado en la Provincia el Gobierno de Alberto Fernández y ahora está paralizado. Una tarea extra para el nuevo ministro Juan Martín Mena, quien entre sus prioridades de gestión tiene descomprimir el sistema penitenciario, por un lado, y completar las cada vez mayores vacantes en la Justicia.
El Plan de Infraestructura Penitenciaria; el programa MESA, que lleva adelante Desarrollo de la Comunidad; y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires (FOFOFI), que está destinado exclusivamente a Seguridad, son los que más aportan dentro del combo de partidas discrecionales enviadas por el Ejecutivo nacional. Sumados al resto de los programas ayudan a que la magra coparticipación bonaerense, que oscila entre el 21,5 y el 21,7 por ciento, se eleve por encima del 24 en cuanto a los aportes que hasta ahora hacía la Nación. Pero todo eso está en un limbo que es imperioso aclarar. “No hay comunicación en el tema de los fondos discrecionales, que (Luis, ministro de Economía) Caputo dijo que los va a reducir, pero no dijo cuál va a seguir, cuál no y cuánto los va a reducir”, se quejó un funcionario provincial.
Más allá de los recursos, la situación es empeorada por el escenario político de confrontación de los dos modelos, claramente expresados por el Gobierno nacional y el bonaerense en cada uno de sus extremos. Javier Milei quiere subir al ring a Axel Kicillof para una pelea directa. El Gobernador prefiere evitar ese juego, aunque aparece como punta de lanza de un peronismo que debe plantarse fuerte ante las políticas del libertario en medio de un proceso de reordenamiento interno. Por eso la batalla no se juega solamente en el plano económico y en las restricciones presupuestarias que la Nación quiere imponer en la búsqueda innegociable de reducir el gasto público.
En ese sentido hay políticas propias de la Provincia que colisionan con la visión del Presidente y, también, exigen una demanda de originalidad y audacia para llevarlas adelante sin echar más nafta al fuego. Por caso, el Estado bonaerense no retrocede en las iniciativas vinculadas al género y la diversidad que lleva adelante la cartera afín, liderada por Estela Díaz. O las iniciativas medioambientales del ministerio a cargo de Daniela Vilar, que, entre otras, para este año tiene una agenda vinculada al cambio climático, la producción sustentable y la educación ambiental; además de un ambicioso proyecto de gestión integral de residuos con inclusión social que, entre otras cosas, busca sanear basurales a cielo abierto.
Tengan o no convenios con Nación, todos los ministros de la provincia de Buenos Aires miran la gestión de Javier Milei con suma atención, porque saben que cada acción tendrá una repercusión que les puede generar nuevos desafíos. Es lo que pasa, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, donde Walter Correa ya vaticina mediaciones constantes por conflictos laborales en las empresas que se vean seriamente afectadas por la recesión. Llegaron las épocas de las vacas flacas, y para los funcionarios es el momento de sacar agua de las piedras.
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
Crece la demanda alimentaria y hay incertidumbre por un plan clave
En épocas de crisis la cartera que conduce Andrés “Cuervo” Larroque es la más requerida y la que más necesita dar respuestas rápidamente. Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad reconocieron que la demanda de asistencia crece, a la vez que también se aceleran los pedidos para incrementar el envío de mercadería a los comedores.
“Aumentó la demanda porque subieron criminalmente los precios y el Gobierno nacional discontinuó la asistencia alimentaria”, aseguraron desde el ministerio, y agregaron que “la demanda en los comedores está aumentando y nos piden que subamos entre el 50 y el 100 % las partidas de alimentos que reciben las organizaciones y espacios comunitarios para compensar lo que el Gobierno ya no les da”. Desde que comenzó la gestión, el Servicio Alimentario Escolar (SAE) nunca se discontinuó (se mantiene en los recesos de verano e invierno). De acuerdo a los últimos datos, 2.380.568 niños, niñas y adolescentes acceden a esta prestación. El costo actual es de más de 13 millones de pesos por mes, y subir las partidas significa una erogación también millonaria, pero imperiosa. El Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA Bonaerense) es un programa que solventa Nación y entrega mensualmente un kit alimentario compuesto por alimentos para almuerzo/ cena. Es una gran preocupación en la Provincia saber si seguirá o no, porque, en caso de ser discontinuado, el Ejecutivo bonaerense debería absorber el costo de esa asistencia, que llega a 2.061.252 personas de 11.000 establecimientos educativos de niveles inicial, primario y secundario, y que consideran imposible suprimir.
El plan Un Vaso de Leche por Día entrega 767.000 kilos de leche en polvo y tiene más de 737.000 beneficiarios. Por su parte, la provisión de alimentos secos a personas en situación de vulnerabilidad social alcanza a 620.000 familias (2.480.000 individuos, aproximadamente). El programa de Fortalecimiento Alimentario a Espacios Comunitarios (FAEC) es un aporte económico, a través de una tarjeta de débito, a comedores y merenderos comunitarios, que se destina a la compra de alimentos frescos, equipamiento y gastos de funcionamiento. Actualmente el FAEC tiene 7.414 módulos de $29.120 distribuidos en 2.770 tarjetas. El costo mensual es de $306.955.680 y requiere actualización. Por último, el Comprar Comunidad busca disminuir el valor de los alimentos a partir de la reducción del costo de traslado, fomentando mercados de venta directa de productores familiares, que, además de frutas y verduras, ha incorporado carnes, pastas y lácteos. El ministerio se hace cargo del traslado de este mercado itinerante. También prevén que deberán incrementar este tipo de ofertas.
EDUCACION
Un paquete de iniciativas vitales para el sostenimiento de las políticas
Hay 17 políticas educativas que cuentan con el apoyo y el financiamiento del Estado nacional y que en algunos casos representan millones de pesos para la Provincia (de manera directa o indirecta), como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, la implementación de la quinta hora, los proyectos de conectividad y la capacitación docente. Y es trascendente el proyecto de infraestructura que solventa el poder central para la construcción de escuelas y que, en principio, existiría el compromiso por parte de la ministra de capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, para que continúe vigente. Al menos esa es la promesa que se llevó el Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, de su reunión con la funcionaria.
● Infraestructura (Convenios tripartitos para construcción de escuelas, claves frente a un escenario futuro de más demanda por el costo de la educación privada).
● Plan FinEs (Para culminación de estudios secundarios).
●Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
● Programa de ampliación de jornada para las escuelas primarias (Quinta hora y jornada completa).
● Secundaria profesional. n Capacitación laboral de alcance nacional (CLAN). n Fondo para Educación Técnico Profesional.
● Conectividad (Prestación de servicios de telecomunicaciones en áreas sin conexión).
● Conectar Igualdad (Distribución de material educativo y tecnológico).
● Coros y orquestas infantiles y juveniles.
● Formación docente. n Educación Sexual Integral (ESI).
● Distribución de libros para los niveles primario y secundario. n Programa Progresar (Cursos de formación profesional).
● Fondo de Cooperación Escolar.
● Fondos que llegan directamente a las escuelas a través de SITRARED.
● Financiamiento de equipos técnicos para distintos programas.
SALUD
Muchos programas que dependen de Nación y el impacto inflacionario
En el Ministerio de Salud crece la preocupación por la falta de precisiones acerca de cuál va a ser el destino de programas claves que corren por cuenta de la Nación y que aparecen con un futuro incierto. Para empezar ya hay problemas con el Programa Federal Incluir Salud, que asiste a personas con discapacidad y lleva semanas con los pagos cortados a los prestadores. También Nación hace aportes para la provisión de drogas oncológicas, entrega medicamentos para tratamientos de VIH y lleva adelante el programa Remediar, que brinda acceso y cobertura de medicamentos a través de su distribución directa a los centros de salud.
Del Estado nacional depende la entrega de vacunas. Hay equipamiento que llega vía convenios con el poder central, que, además, lleva adelante el programa Sumar, que promueve el acceso equitativo a los servicios de salud para quienes no poseen cobertura formal y construye centros de salud. Las preocupaciones se extienden a las prestaciones que dependen directamente de la Provincia, sobre todo por el impacto en el Presupuesto. Han tenido un fuerte incremento (en algunos casos cotizados en dólares) medicamentos, insumos (tanto de laboratorio como del resto de las prestaciones), anestesias y mantenimiento de equipamiento. Pero uno de los impactos más fuertes llega por el lado menos esperado: el aumento de la canasta alimentaria impacta muy fuerte en las partidas presupuestarias de los hospitales. Y en el contexto actual se hace cada vez más difícil seguir con las obras de mejora edilicia. También prevén en Salud una mayor demanda del sistema público ante el encarecimiento de la red privada.
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Escaneo sobre obras con la premisa de terminar lo que está en marcha
Seguir con la obra pública es un verdadero desafío en un contexto de alta inflación y de un Gobierno nacional que ya anunció que no habrá iniciativas nuevas y que, pese a haberse comprometido a terminar las que están en marcha, la mayoría de esos proyectos se encuentran paralizados. En su edición anterior La Tecla publicó todos los trabajos que están en marcha en la Provincia con recursos nacionales y se encuentran en suspenso. Al margen, Axel Kicillof quiere tener cintas para cortar este año difícil. Por eso, en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos analizan caso por caso para ver cómo avanzar.
“Estamos haciendo un escaneo por región, sección electoral y ciudad por ciudad. Estamos relevando el estado de las obras que tienen financiamiento provincial y su situación (una por una), pero también las que venían de Nación. Con esa información se va a establecer un esquema de trabajo en etapas que esté muy relacionado con el Presupuesto actual y las diversas fuentes de financiamiento con las que podría contar el ministerio. La absoluta prioridad es sostener el nivel de empleo (directo e indirecto) en el sector de la construcción y, también, la solvencia de las empresas que intervienen. Ya hubo reuniones y estrategias de trabajo planteadas con CAMARCO y con la UOCRA”, dijo a La Tecla una fuente de la cartera que conduce Gabriel Katopodis.
Tarea similar llevan adelante en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a cargo de Silvina Batakis. “La prioridad es terminar todas las casas que están avanzadas y entregar las que están terminadas. Por ejemplo, en los próximos días entregan casas en Tapalqué y Trenque Lauquen, y hay obras en casi todos los municipios”, aseguraron desde la dependencia.
POR AHORA SE DESCARTA
Cuasimoneda: entre el dicho y el hecho hay mucho trecho
El fantasma de las cuasimonedas resurgió en el mismo momento en que Javier Milei y su plan motosierra llegaron al poder. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dio el primer paso, sin embargo podría quedar solo en una iniciativa que, según los especialistas en economía, es apresurada y con más tinte político que financiero.
El propio Axel Kicillof y sus funcionarios dejan siempre la puerta abierta cuando se los consulta al respecto, pero también es más una señal política que una idea a concretarse en breve. En la reunión de gabinete de la semana pasada se conversó sobre el tema. Dirán el Gobernador y los miembros del gabinete que la posibilidad de un émulo del Patacón se está analizando, pero lo concreto es que el mandatario y su área económica no piensan en avanzar en ese sentido. Alguien deslizó en ese encuentro en la Gobernación que “no es posible sacar una cuasimoneda, pero no lo podemos dejar solo a Quintela”.
Una de las razones fundamentales para evitar ese tipo de dinero es que el propio Presidente ya anunció que el Estado nacional no saldrá después al rescate de esos bonos, entonces se convertirían en una fabulosa emisión de deuda provincial. Por el momento, a Kicillof le funcionan de maravilla las Letras de Tesorería, con las que se hace de dinero fresco cuando lo necesita. Más descartada aún está la posibilidad de una moneda propia. Ir por ese camino roza con la ruptura del Pacto de San José de Flores, que añadió a Buenos Aires al resto del país. “Tendría que pasar una catástrofe de índole nuclear para que eso suceda”, admitió un funcionario de alto rango.
TRANSPORTE
La quita de los subsidios, más un problema que un millonario ahorro
El anunciado recorte de los subsidios al transporte es un tema de honda preocupación para el Ejecutivo bonaerense, donde se advierte que una quita total dispararía el precio de los boletos de colectivo a cifras impagables para la mayoría de los usuarios, aumentando la conflictividad social. Kicillof quisiera compensar, pero la falta de recursos se lo va a impedir. “Con todo el ahogamiento financiero que le hace la Nación, la Provincia no puede cubrirlos”, explica el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio.
La Provincia paga el 9 % de los subsidios del transporte del AMBA (el resto lo cubre Nación a través de dinero que le manda al fisco bonaerense) y el 100 % en el interior. El último desembolso para las líneas que operan fuera del Conurbano fue de 20.000 millones de pesos a principios de este mes. Supone, entonces, un alivio para las arcas provinciales que no haya que hacer frente a esos compromisos; sin embargo, en el Gobierno creen que se perdería más con el efecto adverso de una tarifa plana.
D’Onofrio se reunió en diciembre con el ministro de Infraestructura de la Nación, Guillermo Ferraro, quien hasta entonces no sabía que Nación cubría el gran porcentaje de los subsidios del transporte del AMBA. El bonaerense no sólo tuvo que informarlo, sino que pidió confirmaciones, que Ferraro no pudo dar. Un mes después, esas precisiones acerca de cómo y cuándo se suprimirán los subsidios siguen sin aparecer y en la Provincia se muestran preocupados; necesitan saberlo para diseñar una estrategia.
CATASTROFES
Sobre llovido, mojado
Si las cuentas provinciales están ajustadas y las economías particulares seriamente dañadas, la furia de la naturaleza ha agregado otro elemento al combo. Después de la sequía que hizo estragos en la economía productiva y, por ende, en las reservas del país, llegaron las lluvias, en muchos casos acompañadas por tormentas dañinas.
La catástrofe de Bahía Blanca del 16 de diciembre se llevó la vida de 13 personas y produjo muchísimos daños materiales. El temporal, que se extendió hasta el 17, ocasionó destrozos en otros 67 distritos de la Provincia y afectó a más de 30.000 familias (10.000 de Bahía). El costo total de la asistencia por parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad alcanzó a $2.898.975.200, y solo en la comunidad bahiense se erogaron $536.308.000. Se proveyeron alimentos, chapas y clavaderas, colchones, frazadas, agua, kits de limpieza y ropa.
Es solamente un ejemplo de las partidas especiales que deben tenerse previstas para casos como este o como el que sacudió a Miramar el 10 de enero. También hubo fuertes temporales en las últimas semanas que afectaron a la zona centro de la Provincia. Ruegan en el Gobierno que la naturaleza no sea otro factor de gasto no previsto en época de vacas flacas.
PRODUCCION
Programas interrumpidos y obras paradas en las terminales portuarias
En la cartera de Producción, que conduce Augusto Costa, afirman que la desaparición del Ministerio de Ciencia y Tecnología nacional implica que 22 obras para laboratorios de investigación estén paralizadas en la PBA. Las mismas tenían un presupuesto de $13.600 millones a través del programa Construir Ciencia. Había un compromiso, además, de enviar 191 equipos de laboratorio, por U$S 54 millones, que estaban dentro del ahora suspendido programa Equipar Ciencia.
El nuevo Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación no figura bajo la responsabilidad de ninguna de las áreas, lo que pone en riesgo la asistencia para Ciencia y Tecnología de las provincias. A valores de 2023: Vinculadores Tecnológicos Federales ($180 M -$7,5M por jurisdicción-), Fortalecimiento ($288 M -$12M por jurisdicción-) y Proyectos Federales de Innovación ($4.800 M -$200M por jurisdicción-). También la demora en los nombramientos del CONICET afecta a las universidades. En cuanto a Turismo, por el momento no hay definiciones sobre los distintos programas. Mediáticamente el Gobierno nacional declaró que el Previaje dejará de existir, y la provincia de Buenos Aires, al ser el principal receptor de turismo del país y el distrito con mayor cantidad de prestadores, sería la principal afectada. La demora en las designaciones en el área y la desregulación del sector propuesta en la Ley Omnibus ponen a la PBA en estado de alerta.
El impacto mayor es en Puertos, con cinco obras paralizadas, fundamentales para la operatoria portuaria, como la refuncionalización del único muelle de ultramar de San Pedro; y las defensas, red de incendio, repotenciación de línea de alta tensión y pavimentación de caminos en el puerto de Coronel Rosales. Asimismo, en los casos de las obras de San Nicolás (puesta en valor del muelle Sur) y Bahía Blanca (puesta en valor de la dársena de pescadores) fueron ejecutadas con fondos propios, y queda pendiente la remisión del dinero comprometido, que si no llega generará perjuicio financiero para ambos puertos. El presupuesto comprometido por el Ministerio de Transporte es de $1.786,3 millones. Respecto del programa de Digitalización y Modernización Tecnológica (proyecto VUCE del Ministerio de Economía) había comprometidos USD 3,11 millones con financiamiento del BID, y quedaba pendiente la entrega de servidores para cada puerto, equipamiento de videovigilancia y control de accesos, obras de mejora de conectividad y última milla, por un costo total de U$S 2,5 millones.
DESARROLLO AGRARIO
Iniciativas para morigerar la crisis
En el Ministerio de Desarrollo Agrario, a cargo de Javier Rodríguez, las preocupaciones no pasan por la caída de convenios con Nación, porque no los hay; las inquietudes se centran en las repercusiones que el ajuste y la recesión tendrán en la recaudación y, por ende, en los presupuestos ministeriales. Las prioridades de la cartera pasan por sostener el programa de arreglo de los caminos rurales (se les da ayuda a los municipios para mantener arterias por donde circula la producción o conducen a escuelas), además de continuar con el Plan Ganadero, mediante el cual se realizan gratuitamente los análisis de diagnóstico de ETS en los bovinos, y de mantener el programa de Buenas Prácticas Agrícolas.
Pero, frente a la crisis, el proyecto en el que se pone énfasis es el de Mercados Bonaerenses, donde se concentran más de 1.900 productores que, mediante ferias itinerantes, ofrecen sus productos de manera directa, abaratando costos y con un descuento del 40 % si se utiliza Cuenta DNI y un 25 % de ahorro respecto de canales tradicionales. El programa lleva más de 17.000 ferias realizadas y hay 113 municipios adheridos. Es una política pública que se extenderá para ayudar a paliar las dificultades que genera la inflación en sectores vulnerables y en la clase media.
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