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Con el fin de garantizarse la aprobación de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, el Gobierno de Javier Milei habría aceptado introducir varios cambios en consenso con la oposición dialoguista.
De este modo, accedió a limitar el período de la delegación de facultades extraordinarias, excluyó a YPF de las empresas plausibles de ser privatizadas a sola firma (no así al Banco Nación), limitó el poder del Ejecutivo para liquidar activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses y bajó a cero las retenciones para las economías regionales. En paralelo, todavía se barajan opciones alternativas a la eliminación lisa y llana de la ley de movilidad jubilatoria. También se negociaron cambios en materia de educación, seguridad, salud mental, género y cultura.
Así se desprende de un borrador que circula por estas horas en la Cámara baja. En total, se modificaron o adaptaron más de 100 artículos del proyecto original que el Poder Ejecutivo envió al Congreso a fines de diciembre, de entre un total de 664.
La intención del Gobierno es poder aprobar la ley al menos en Diputados antes del fin de las sesiones extraordinarias, el próximo 31 de enero. Lo deseable, para el Ejecutivo, es que sea antes del paro nacional.
Para ese fin, referentes parlamentarios y ejecutivos de La Libertad Avanza, liderados por Guillermo Francos (ministro del Interior), Martín Menem (presidente de Diputados) y el asesor Santiago Caputo negociaron en los últimos días con el bloque del PRO, la mayoría de la UCR y el bloque Hacemos Coalición Federal.
