La Suprema Corte de Justicia bonaerense emitió un fallo que podría significar un importante precedente en todo el territorio provincial en cuanto a la polémica por la fumigación con glifosato.
Es que el máximo tribunal levantó todas las cautelares que amparaban a productores de Campana que, pese a la existencia de una ordenanza votada en 2011 continuaban fumigando a escasos metros del barrio Los Pioneros.
“A partir de ahora en todo el territorio de Campana debe cumplirse la ordenanza municipal que nos protege mil metros de las fumigaciones terrestres con agrotóxicos y prohíbe fumigar las aéreas, gracias al fallo de la Suprema Corte de Justicia”, expresó la organización Pioneros por el Agua.
“Estamos felices y esto deja un precedente muy importante, pero nuestra lucha ahora es para que se cumpla de verdad la ordenanza y se controle esta situación. Los productores han hecho lo que han querido durante todo este tiempo y el municipio nunca ha controlado”, advirtió Verónica Betti, integrante del colectivo y vecina del barrio Los Pioneros desde hace ocho años.
Según publicó Tiempo, en 2021, cuando su hija menor tenía dos, sufrió una fuerte erupción cutánea. La pediatra fue quien alertó: podía deberse a exposición a agrotóxicos. Concretamente, al glifosato. Así comenzó la lucha de Verónica, que retomó la que otros vecinos y vecinas habían iniciado una década antes.
El 8 de septiembre de 2011 se sancionó en Campana la ordenanza 5792/11, que prohibía las aplicaciones aéreas de productos agroquímicos y/o plaguicidas y establecía una distancia de mil metros con respecto a zonas urbanas y periurbanas, escuelas y centros de salud.
Pero en ese momento los productores de la zona presentaron en el Contencioso Administrativo una cautelar que les permitió continuar con sus actividades. Las decisiones fueron avaladas por los distintos tribunales, hasta que llegó a la Corte.
Tal como publicó este medio, con el 40% de la producción agrícola concentrada en su territorio, la provincia de Buenos Aires no cuenta con una legislación que regule el uso de agroquímicos, una deuda que las autoridades buscan resolver y que genera debates entre científicos, políticos, productores y organizaciones ambientalistas.
La gestión de Cambiemos avanzó con una ley extremadamente permisiva, que autorizaba
fumigaciones a pocos metros de zonas pobladas. La avanzada provocó reacciones de rechazo, por lo que la misma fue congelada a las pocas horas de sancionarse.
Por ejemplo, varios diputados de la bancada de (en ese entonces) Unidad Ciudadana llevaron a la Justicia la resolución provincial que regulaba el uso de agroquímicos en la Provincia, además de presentar un proyecto de ley para que se deje sin efecto la resolución firmada por el exministro de Agroindustria bonaerense Leonardo Sarquis, en un acto al que asistieron varios jefes comunales.
El Ministerio de Desarrollo Agrario, que conduce Javier Rodríguez desde el inicio del Gobierno de Axel Kicillof, busca -a paso lento- llenar este vacío. Primero creó el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), integrado por veinte universidades y cinco centros de investigación, encargados de sistematizar la documentación existente para emitir un informe y convocar a los sectores interesados a debatir una normativa para toda la Provincia.
“El problema es que cada municipio tiene una ordenanza diferente, y es necesario homogeneizar una legislación para todos que ponga en claro cómo, de qué manera, se van a utilizar los agroquímicos en el territorio bonaerense”, señalaron desde la cartera agropecuaria.
Con la presión de los movimientos ambientalistas encima, la dirigencia política intenta dar una señal de coherencia. “Hay municipios que ponen una zona de 40 o 50 metros y otros, de mil metros; por eso es necesario homogeneizar las normativas de manera racional”, aseguran desde las organizaciones de productores rurales, aunque sostienen que, por el momento, no fueron convocadas a dar su postura sobre este espinoso tema. En efecto, el eje de la discusión siempre estuvo puesto en las variopintas interpretaciones para definir lo que se considera Zona de Exclusión (ZE) y Zona de Amortiguamiento (ZA). Además, varios proyectos legislativos propusieron diferente cantidad de metros para las fumigaciones terrestres y las aéreas.
Por el momento, la cartera agraria tomó contacto con varios municipios del norte bonaerense, para recoger experiencias y sensibilidades de lo que se dictamina en los territorios con respecto a un tema que preocupa, y mucho. Pero todavía el tema está en veremos. Ahora, con el fallo de la Corte, la historia podría llegar a cambiar.
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