Una sesión caliente fue la que se vivió horas atrás en el Concejo Deliberante de Carlos Casares, distrito gobernado por el peronista Daniel Stadnik.
Allí, las autoridades del cuerpo debieron levantar de manera abrupta la reunión, luego de que productores rurales del distrito “coparan” el recinto para protestar contra la tasa vial que cobra el Ejecutivo.
En concreto, reclamaron ante los ediles del Frente de Todos por el aumento en el impuesto, que consideran excesivo (supera el 130%, más que la inflación), sin ofrecer una real contraprestación.
“Si vos tenés los caminos donde está todo bien, donde tenés todo reparado, hacés un esfuerzo y pagás. Pero tenés los caminos sin arreglar y encima te quieren cobrar una tasa alta y completa, nos podemos nerviosos”, aseguró a Bichos de Campo el productor Miguel Sconfienza, quien integra la Comunidad Rural Carlos Casares.
En tal sentido, pidieron medidas de emergencia, como una rebaja en dicha tasa, ya que las lluvias anegaron varios caminos internos y tienen dificultades para sacar la producción.
Los concejales del oficialismo alegaron que la normativa les permite aumentar la tasa, pero no establecer rebajas en la misma. Y que, de todas maneras, de hacerlo pondrían en riesgo la estabilidad de las cuentas comunales, que ya presupuestaron dichos ingresos.
Sin embargo, no fue eso lo que más enojó a los productores, sino la difusión de un listado de deudores de la tasa vial. “Es un burdo intento de escrache, intimidando y descalificando a quienes hacen un reclamo luego de una prolongada inundación durante 2022, seguida de una sequía extrema en 2023 que recién comienza a superarse”, señalaron.
Y añadieron: “No es un delito no pagar la tasa vial; el delito es cobrarla y no prestar el servicio”, apuntado a la gestión del municipio en torno a los caminos rurales.
La cuestión no es nueva, aunque pocas veces llegó a un punto de tensión como la que se vivió en el deliberativo caserense, que debió interrumpir el debate ante el incremento de los cruces.
Desde Carbap, que nuclea a decenas de sociedades rurales del interior provincial, realizaron varios relevamientos, en los que pusieron de manifiesto el descontento de los productores con el estado de los caminos interiores bonaerenses.
Además, ponen de manifiesto alternativas como las que se concretaron en Tandil, vigente desde 1997, donde conformaron una cooperativa integrada por productores agropecuarios que diseñan el plan vial, que debe ser aprobado por el Ejecutivo.
Otra experiencia es la de Benito Juárez, que conformó una Comisión Vial municipal gestionada por representantes de productores, transportistas, acopiadores y consignatarios de hacienda, entre otros actores locales.
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