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Argentina
Política Provincial
15 de mayo de 2023
RESOLUCIóN

La Junta Electoral de la Provincia obliga a los partidos a organizar políticas contra la discriminación

A través de una resolución, el máximo tribunal electoral bonaerense dispuso que todas las alianzas deben comprometerse a realizar políticas activas ante cualquier tipo de discriminación.

La Junta Electoral de la Provincia obliga a los partidos a organizar políticas contra la discriminación
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A poco menos de dos meses para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires publicó una resolución donde obligan a todos los partidos políticos a realizar políticas activas para prevenir cualquier tipo de discriminación.

Esta medida está planteada para todas las alianzas políticas que tramitan su reconocimiento para presentarse en las próximas elecciones. La resolución lleva la firma del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Torres, la vicepresidenta de la entidad, Ana María Bourimborde, además de los vocales Gustavo de Santis y Federico Thea.

La resolución expresa, en conjunto con los derechos que adquieren al obtener el reconocimiento, los partidos políticos asumen el compromiso de impulsar acciones para evitar la discriminación, ya que la educación en el fomento del respeto a los derechos humanos, la igualdad y la tolerancia es vital para el sano desarrollo de una sociedad pluralista y democrática.

El fallo de la Junta Electoral está fundamentado por diversas normativas de la Constitución Provincial, en sus artículos 11 y 59, los artículos 16 y 38 de la Constitución Nacional y la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación y Tolerancia.

Los partidos políticos que tienen intenciones de participar en los próximos comicios deben asumir el compromiso de establecer políticas activas y efectivas contra cualquier tipo de discriminación, sea por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, salud, características físicas o cualquier otra condición amparada por las normas constitucionales y tratados internacionales.
 
 

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