En las últimas semanas, el conflicto entre el Gobierno bonaerense y los empresarios del transporte de pasajeros se recrudeció. La inseguridad que padecen los conductores en horario nocturno y el reclamo por el pago y la actualización de los subsidios se conjugaron en un combo explosivo que derivó en el paro de más de 200 líneas que prestan sus servicios en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Pese a la búsqueda de algunas soluciones, el problema amenaza con ser endémico, porque el dinero parece no alcanzar nunca, y las interrupciones de los servicios se suceden permanentemente.
Los empresarios piden más ayuda y, si bien se prevén actualizaciones en los subisidios atadas a la inflación, desde el Gobierno aclaran que no habrá incrementos por encima del Indice de Precios al Consumidor (IPC), como reclaman los prestatarios. La petición es para compensar el recorte en la partida destinada a los subsidios que decidió Alberto Fernández.
Haciendo caso al reclamo de gobernadores, legisladores e intendentes sobre las asimetrías existentes entre la provincia de Buenos Aires y el interior del país respecto a la repartija de los subsidios, el Presidente modificó drástica mente las partidas de 2023, destinando $140 mil millones anuales al AMBA y $66 mil millones al resto del país; eso significó un recorte de 20 millones con relación al año pasado para las compañías bonaerenses.
Así, el Gobierno deberá debatirse entre los usuarios y el empresariado. Siendo inviable el envío de más fondos, dado el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional, la actualización tarifaria, inevitablemente, impactará en el bolsillo de los usuarios, que seguirán siendo rehenes de una guerra que concluirá el día en que las partes definan posturas.
En este contexto, la Provincia queda atrapada en una disputa en la que es mera intermediaria. El dinero es liquidado por Nación hacia el Gobierno bonaerense y éste les paga luego a las empresas. Por eso, en la administración de Kicillof muestran cierto malestar por una situación que sufren directamente pero de la que no son responsables. El reclamo del empresariado por una actualización debe ser resuelto por la Nación, aunque las consecuencias de la protesta las paguen la Provincia y los sufridos usuarios del Conurbano bonaerense.
Ahora, un nuevo capítulo en la contienda entre el Gobierno y el sector empresario se inició el 3 de abril, cuando el ministro de Seguridad, Sergio Berni, fue agredido por choferes de la línea 620 que realizaban un piquete en reclamo de justicia por Daniel Barrientos, el conductor asesinado esa madrugada por delincuentes.
En ese marco volvió a abrirse el debate por la responsabilidad de cada parte en el servicio público. Desde el Ministerio de Transporte, que conduce Jorge D’Onofrio, pidieron a las distintas firmas que trabajan en territorio bonaerense que informen cuántas de sus unidades tienen cámaras.
Dicha información se solicitó en virtud de lo establecido en la Ley 14..897, promulgada en 2017 y que determina “que las unidades automotoras que se incorporen para ser afectadas a los servicios de transporte público de pasajeros de línea regular deberán contar con equipo de cámaras de seguridad, lo que deberá ser constatado por la Verificación Técnica Vehicular (VTV)”.
Desde las cámaras empresarias afirmaron que con el dinero que la gestión de Axel Kicillof envió para comprar dispositivos (2.500 millones) “se cubrieron otros costos”. Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) dijeron: “Al ser un nuevo ítem de una estructura atrasada por inflación y que se paga con demora permanente, ese ingreso no es considerado como extra y se prioriza cubrir los costos operativos para luego realizar las inversiones necesarias”.
Ante ello, D’Onofrio intimó a las empresas para que instalen las cámaras. Repitió un pedido que ya había hecho el 4 de enero, alegando que “el dinero ya fue entregado” y que “el Estado no va a pagar dos veces por lo mismo”. Pero la plata ya se la gastaron.
Sin nuevas partidas, el conflicto promete ser recurrente, los paros seguirán y la solución no se advierte en el corto plazo.
JOSÉ TROILO – CEAP
“Hay que desarmar el sistema”
En diálogo con La Tecla, José Troilo, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), señaló que “el valor de compensación por colectivo aprobado por el Estado es de, aproximadamente, dos millones de pesos. En realidad, si los precios calculados en esta polinómica fueran los exactos, el valor debiera estar entre un 20 y un 25% por encima. Este es el problema que viene arrastrando el sector”.
En ese marco añadió que el empresario no tiene rentabilidad porque “no están reconocidos correctamente sus costos”.
Asimismo, amplió: “Esto se agrava aún más cuando se suman los atrasos en los pagos. Muchas empresas tuvieron que reducir la cantidad de vehículos que sacan a la calle o las vueltas que dan”.
En esa línea, Troilo sostuvo que “tenemos un sistema que no es el deseado para las empresas: dependemos de los gobiernos de turno y que nos paguen en tiempo y forma (cosa que no sucede). Disponen de nuestro dinero, que es devuelto en treinta días. Hay que desarmar el sistema actual a mediano plazo. Es muy complicado, pero no imposible”.
CRÓNICA DE UN CONFLICTO SIN FIN
El caso Metropol: reclamos, intimaciones y amenazas
El conflicto entre la firma propiedad de Eduardo Alejandro Zbikoski y el Gobierno tuvo su punto de partida una vez concluida la pandemia, cuando el Estado nacional comenzó a otorgar subsidios en virtud de garantizar el transporte público para todos los usuarios y atendiendo a las pérdidas que había tenido el empresariado.
Alegando que el monto que le daba Nación no le alcanzaba y que se les adeudaban 24.000 millones de pesos por costos operativos, Metropol empezó con las medidas de fuerza. La Provincia los intimó y, a mediados de 2021, el juez federal en lo Contencioso Administrativo, Walter Lara Correa, dictó una medida cautelar a su favor.
“No entiendo cómo no tiene para operar siendo que recibe exactamente lo mismo que otras empresas”, expresó el ministro bonaerense Jorge D’Onofrio.
“Este conflicto es una cuestión económica. La provincia de Buenos Aires no participa en la liquidación de los subsidios, sino que solamente paga lo que le indica la Nación”, dijeron desde Transporte a La Tecla, dejando en claro que el conflicto es de jurisdicción nacional pero afecta a la Provincia.
“Los bonaerenses son los principales damnificados, porque el 66% del parque automotor de las empresas funciona dentro de la Provincia, y el resto, que son líneas nacionales, también transportan en su mayoría a ciudadanos bonaerenses”, resaltaron.
En ese marco, la semana pasada Nación convocó a las cámaras de transporte del AMBA a una reunión donde se les notificó la acreditación de parte del saldo de compensaciones de marzo.
Allí, Metropol y Dota expusieron sus intenciones de cambiar la forma en que se calculan los subsidios. En vez de pasajeros por unidades en la calle, como era antes, adujeron que, como hay menos gente viajando, cayeron los subsidios.
Pero los empresarios sostienen que el costo de poner en funcionamiento el colectivo es el mismo, más allá de que viaje menos gente, por lo que la tregua promete durar poco.
CÁLCULOS Y ANTECEDENTES
Cómo es la distribución de los subsidios en la Provincia
En el AMBA, el servicio de colectivos se mantiene dentro de la órbita del Estado nacional, que es el que lo regula, fija los niveles tarifarios y, desde mediados de 2012, cuenta con un subsidio variable.
Los colectivos que transitan, tanto dentro de Capital Federal como entre esta y la Provincia, son de jurisdicción nacional y tienen un boleto mínimo de 45 pesos, costo significativamente menor que el de otras ciudades del país.
Este mismo escenario se traduce puertas adentro del territorio bonaerense. Mientras las demás provincias se quejan por el trato diferencial que reciben con respecto al AMBA, en Provincia son los municipios del interior los que se quejan del GBA.
Asimismo, el AMBA cuenta con red SUBE, una herramienta que le permite al Estado calcular de manera exacta la recaudación y, con ello, el faltante que se necesita compensar. Por ejemplo, si el transporte del AMBA cuesta 100 millones de pesos pero sólo recaudó 10 millones, el Estado tiene que poner los 90 millones que faltan. En el caso de la Provincia los pone el Estado bonaerense.
No obstante, esto no siempre fue así. La transferencia de los subsidios al transporte de Nación a Provincia se acordó entre María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, en medio de la negociación por la actualización del Fondo del Conurbano. En ese entonces, desde la oposición salieron a cuestionar duramente la decisión de absorber el costo de los subsidios y lo relacionaron, directamente, con el acuerdo con el FMI que obligaba al Gobierno nacional a ajustar sus cuentas y reducir el déficit fiscal.
A comienzos de 2020, la idea de Axel Kicillof era volver a pasar los subsidios a la órbita nacional, devolverlos. Ahora, la dirección es contraria, porque el Gobierno nacional le pidió a la Ciudad hacerse cargo de lo suyo, por lo que el reclamo de la Provincia quedó sin lugar.
Lo cierto es que el servicio genera déficit en las arcas provinciales. “El 32% del déficit provincial en 2019 fue subsidio al transporte, es inviable sostener ese esquema”, reconoció tiempo atrás el exsubsecretario del área Alejo Supply, quien dejó en claro que es un tema que deberá discutirse en profundidad. |
