El juicio contra Claudio Scapolán por una decena de delitos que van desde liderar una asociación ilícita y mal desempeño como funcionario público, el jury que debatió sobre esta causa decidió, casi por unanimidad, echar al fiscal de su cargo en San Isidro.
La lectura del veredicto final tardó tan solo dos minutos y decidieron destituirlo de su cargo, acusado de mal desempeño y una decena de delitos de corrupción. El jury de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios bonaerenses decidió destituirlo, en una causa que tiene larga data. La primera denuncia contra el fiscal se presentó hace casi ocho años, pero recién le dieron lugar el 23 de febrero de este año.
Claudio Scapolan, fiscal de 52 años, lo inhabilitaron para ocupar cargos públicos y dejará de percibir su sueldo de manera inmediata. En una decisión casi unánime, la única que votó de forma disidente fue la legisladora del Frente de Todos, Sofía Vannelli.
Scapolán llegó a esta instancia, acusado de las conductas por las que en su momento la jueza Arroyo Salgado, una de las impulsoras de la denuncia pidió que le sacaran los fueros para poder detenerlo. Allí, fue señalado por la fiscalía como jefe de una banda integrada por policías, funcionarios judiciales y abogados dedicada la extorsión, el armado de operativos y la reventa de la droga secuestrada en procedimientos antinarcóticos.
Pero la primera en presentar la denuncia contra el fiscal fue la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Las primeras pruebas se reunieron en 2016. A esta causa se le sumó una investigación que realizó el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, y la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Este jury duró tan solo tres días, ya que comenzó el martes 20 de marzo y finalizó 72 horas después.
Scapolán fue condenado por diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos entre 2013 y 2015.
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