La jugada del Frente de Todos que busca prolongar la guerra contra la Corte Suprema

El bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) presentará en la Cámara baja el proyecto para abrir el proceso de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, una vez que el Poder Ejecutivo formalice la convocatoria a sesiones extraordinarias e incluya el debate de esa iniciativa. De esta manera, buscan extender el plazo de la vigencia para tratarlo en el recinto.

En una decisión acordada con la Casa Rosada, serán los legisladores oficialistas y no el presidente Alberto Fernández los que suscribirán el pedido de enjuiciamiento para que su vigencia se extienda por tres años. 

Una vez presentado el texto por los diputados, el proyecto tendrá validez por tres años y no cae con la renovación del cuerpo. Es decir, si el oficialismo consigue dictamen por mayoría simple pero no lo puede llevar al recinto este año porque no logra los dos tercios necesarios, podría insistir más adelante si reúne las voluntades necesarias. 

La movida fue adelantada el diputado Rodolfo Tailhade, quien indicó que el texto no se apartará de los lineamientos principales del documento que firmó el jefe de Estado y los once gobernadores justicialistas que acompañan la embestida contra el máximo tribunal.

Mientras los diputados del Frente de Todos avanzan en la redacción del texto, que se basará en el documento que la semana pasada el Presidente le presentó al jefe de la bancada del bloque, Germán Martínez y a la titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, la mesa nacional de Juntos por el Cambio amenaza con paralizar el Congreso.

Este martes, los principales dirigentes de la coalición opositora resolvieron cerrar filas y salir a bancar a los integrantes de la Corte Suprema. En un comunicado, advirtieron que participarán del debate pero no darán quórum para avanzar con el proceso de remoción.

Además, ratificaron un virtual bloqueo legislativo a todo lo que proponga el Gobierno, que solo se levantará si cesa el pedido de juicio político a la Corte. Si bien la estrategia de bloquear leyes viene funcionando desde 2020, es la primera vez que la oposición admite que su intención es paralizar el Congreso.