Vía La Tecla Mar del Plata
“Hoy apuntamos a la generación de laburo, el espacio público y la seguridad; la gente nos plantea eso”. La sentencia de Guillermo Montenegro resume, quizás, el principal frente político de cara al tramo final del año y, también, de su mandato.
Mientras la postulación para la reelección es prácticamente un hecho, el jefe comunal de General Pueyrredon sabe que la mejor campaña posible de cara al 2023 es mostrar y profundizar la gestión, moneda corriente de los oficialismos a medida que se acerca la fecha de los comicios.
El mensaje ya fue bajado en más de una ocasión a la tropa heterogénea del gabinete municipal este año, en medio del afán eleccionario y los “codazos” que comienzan a crecer entre los funcionarios, habida cuenta de las distintas pertenencias políticas que hay en el Ejecutivo y la necesidad de Montenegro de tener un cabeza de lista ciento por ciento leal el año que viene.
En el frente interno, la bajada al territorio y la “peronización” de la gestión tuvo un avance crucial en las últimas semanas, con la implementación del Presupuesto Participativo: una forma de participación ciudadana por la cual el gobierno les da la oportunidad a los vecinos a que decidan sobre las obras prioritarias para los distintos barrios de la comuna.
En principio se aprobó la realización de 35 intervenciones con un presupuesto de $148 millones, luego de la nula ejecución en 2021. El progreso de esta herramienta es una señal que también busca darle gobernabilidad a Montenegro.
Sin mayoría propia en el HCD ni perspectivas de acuerdos con el Frente de Todos permanece la necesidad de tejer puentes con el pultismo para que avance la agenda legislativa en lo que resta del año. El gobierno debe hacer equilibrio en las comisiones decisivas de Hacienda y Legislación -por donde pasan los expedientes más importantes-, en las que Acción Marplatense (AM) es árbitro para desempatar en un escenario polarizado con el FdT.
En tanto, en las sesiones ordinarias del Legislativo el intendente parece haber conseguido el acompañamiento de Nicolás Lauría, hoy realineado con el oficialismo, lo que le aporta al gobierno el voto 12 en los plenarios para que Marina Sánchez Herero, la presidenta del HCD, pueda desempatar en discusiones sensibles.
De todos modos, AM comienza a despegarse de su rol de oposición dialoguista y ha profundizado sus críticas al Ejecutivo; una cuestión a atender si se considera que, de cara a fin de año, el gobierno buscará la aprobación del pliego para la operatoria del predio del basural, el Presupuesto 2023 y la posibilidad latente de que se inicie el debate por el pliego del transporte.
En el frente externo, el avance de la obra pública tiene un fuerte condicionamiento en la relación hoy rota entre Montenegro y Kicillof. Lejos de un acercamiento de las partes tras el encontronazo en La Plata, los dirigentes profundizaron sus diferencias. “No se llevan, hoy hay cero diálogo”, aseguran desde el Ejecutivo municipal, aunque matizan con que hay comunicación con Martín Insaurralde, jefe de Gabinete, y Leonardo Nardini, ministro de Infraestructura.
Según la ejecución del primer semestre, apenas se destinó el 9,89% de los recursos proyectados para obra pública en este ejercicio, donde las incidencias de Provincia y Nación son claves, ya que se pautó un financiamiento cercano al 75% entre ambas administraciones. Ahora, bien, el retraso en el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) continúa tensando el vínculo: en el Municipio afirman que, sumando algunas remesas del año pasado y hasta este mes, se le adeudan a la Comuna unos $700 millones en concepto de partidas para obras.
Esto se lee con suma preocupación, con una inflación que en lo que va del año orilla el 50% y licúa los recursos pautados a fines del año pasado. La macroeconomía dificulta los precios de referencia en los proveedores e impacta en el avance de las licitaciones, muchas veces desiertas.
Mientras se busca surfear los problemas locales, en el Ejecutivo destacan que el enfrentamiento con Provincia por la “discriminación” por el reparto inequitativo de recursos, no cesará.
La pulseada por el Minella
La puesta en valor del estadio José María Minella parece ser un frente victorioso para el gobierno. El martes pasado Montenegro acordó con Claudio Tapia cederle por 30 años el “uso y goce” del inmueble a la AFA, que se hará cargo de las mejoras en base a los estándares exigidos por Conmebol y FIFA. La idea es que Mar del Plata sea “la nueva casa de las selecciones nacionales”.
En el Ejecutivo remarcan que esto “cambia la dinámica de la ciudad” a partir del impacto económico que generaría el renovado Minella en otras actividades. Por estos días se trabaja en un convenio marco que deberá ser avalado por el HCD y el Comité Ejecutivo de la AFA.
Puertas adentro, el anuncio se vio como una victoria política ante el FdT luego de que, en julio, Raverta anunció que Provincia financiaría el estudio técnico que debía realizarse para conocer qué tareas se deberían llevar a cabo en el estadio.
Frente judicial: una alivio y una preocupación
La Justicia le dio un alivio y mantiene una preocupación en el gobierno de cara a fin de año. En los últimos días, el intendente recibió un guiño del juez federal Alfredo López, quien frenó una medida cautelar impulsada por el Comité contra la Trata para frenar la regulación de la Zona Roja en la ciudad, uno de los principales proyectos legislativos de Montenegro.
Del otro lado, los juzgados contenciosos administrativos N° 1 y 2 ordenaron el pago de vacaciones no gozadas entre 2018 y 2019 a seis exfuncionarios, a la espera de una definición en el reclamo que también impulsa Carlos Arroyo. Si bien el Municipio apeló los respectivos fallos, todo indicaría que sufrirá un revés en los tribunales, y que la lista podría alargarse.
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