El incremento llega en un contexto socioeconómico sin precedentes desde 2001: inflación anual por arriba del 80%, disparada del dólar y malestar social son algunos de los problemas que empañan el presente de los bonaerenses.
No obstante, el gobierno de Axel Kicillof debió ceder a las presiones de los empresarios del transporte público y ejecutó la actualización tarifaria; que debía implementarse en julio pero fue postergada para agosto.
El reclamo por la distribución del subsidio al transporte público es uno de los que más protagonismo tomó en las últimas semanas. Semanas atrás gobernadores como Sergio Uñac, manifestaron su descontento por los fondos que recibe el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) - en supuesto detrimento - del interior del país. “Hay argentinos de primera y argentinos de segunda”, lanzó el sanjuanino, tras señalar que el AMBA “recibirá más de 210.000 millones anuales en subsidios al transporte, mientras que el resto de las provincias argentinas recibirán 46.000 millones por año”.
El cordobés Juan Manuel Schiaretti también manifestó su disconformidad, al señalar que el boleto de colectivo en el AMBA saltaría de 18 a 130 pesos si el Congreso eliminara los subsidios que aporta la Nación.
Con el objetivo de llevar a cabo ese debate se dio cita el mes pasado la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. La implementación de la tarjeta SUBE en todo el país y el aumento de la partida a los subsidios de los colectivos del interior fueron los ejes del encuentro.
Federalizar la SUBE es otra de las grandes discusiones: su sistema, no define a qué colectivos financiar pero sí permite identificar a los que cumplen con las frecuencias estipuladas. De esta manera, Transporte define si otorga el subsidio o no. Antes de su aparición, hace una década, para pedir plata las empresas concesionarias presentaban declaraciones juradas.
Así, mientras el malestar crece y los bonaerenses son rehenes del lock out de las empresas de colectivos, desde las cámaras de transporte afirman que el 40% de aumento para el boleto en el AMBA no cambiará demasiado la situación.
A mitad de julio, las empresas redujeron a la mitad la cantidad de servicios alegando que el Gobierno nunca cumplió con los aumentos acordados tras las paritarias de marzo.
"Hay empresas que ya no tienen plata para comprar el gasoil, por eso la decisión fue bajar a la mitad las frecuencias", aseguraron desde el sector.
En esta línea, y con la esperanza de solucionar el conflicto cuando antes, en la zona metropolitana el boleto mínimo pasará de 18 a 25 pesos. Fuentes del Ministerio de Transporte que conduce Jorge D’Onofrio consultadas por este medio, aseguraron que si bien “la Provincia se hace cargo del 90 por ciento del valor del costo del boleto en territorio bonaerense, el tema tarifario lo define el Gobierno Nacional, que es el que tiene la potestad de hacerlo”.
Respecto al criterio con el que se define la segmentación, desde Transporte explicaron que se trata de “un esquema en el que el subsidio está destinado a pago de sueldos de choferes y renovación y mantenimiento de las unidades” y que contemplan además “una cuestión que tiene que ver con los tramos y la cantidad de pasajeros que circulan”. “Eso es lo que define los montos en cada lugar”, justificaron.
Sin embargo, la diferencia tarifaria se siente no sólo en el interior del país, sino también en el interior bonaerense. En localidades como Bahía Blanca y San Pedro, el costo del boleto ya alcanzó los $100: la suba fue debatida y autorizada por sus respectivos Concejos Deliberantes.
En este marco, y pese a las explicaciones deslizadas por Provincia, el reclamo por una distribución más 'equitativa' sigue estando en el centro de la cuestión.
“Desde su creación este año, el Ministerio de Transporte bonaerense mantiene reuniones en todos los distritos de la Provincia con los intendentes para conocer bien la situación y ver la manera de poder ir llegando a un punto de acuerdo para el tema tarifario de los pasajes”, expresaron al respecto fuentes cercanas a D’Onofrio.
Respecto a las subas y cómo serán implementadas en las distintas comunas, se explicó que “en el caso del transporte municipal, los Concejos Deliberantes definen las licitaciones y el control de las empresas prestadoras de los servicios. Algunos municipios aportan subsidios. Provincia no tiene la potestad de definir el valor de las tarifas”.
Así, la implementación de subsidios deberá quedar a cargo de cada provincia: en el caso de Buenos Aires, la administración de Axel Kicillof mantendrá el subsidio del 90% en el AMBA.
EL LITIGIO POR LA COPARTICIPACIÓN
Al mandatario bonaerense, le hace sentido que el distrito más rico y poblado del país tenga un subsidio al transporte público alto. Esta semana, al presentar en Gobernación el Programa Buenos Aires CREA ante intendentes del conurbano, recordó que la Provincia "en el año 88’ cedió parte de los recursos que recibía a través de la coparticipación" y como consecuencia "hoy aporta el 40% de los recursos pero recibe sólo un 22%".
"La coparticipación es un hecho solidario que nos enorgullece, pero ha sido desmedido para la provincia de Buenos Aires. Actualmente, la Provincia es la jurisdicción más rica del país pero tiene un gobierno pobre", aseguró.
"Hemos cedido una porción muy importante de recursos que nos ha impedido dar respuesta a problemas estructurales de infraestructura", añadió, desmintiendo lo expuesto por otros gobernadores.
De ahora en más, finalizada la emergencia por Covid-19, cada comuna (en caso de tener concesión municipal) o región deberá debatir el valor de su boleto de acuerdo a las necesidades de su población.
Las discusiones se darán puertas adentro de los recintos deliberantes, tal como se hizo en Chivilcoy, Bahía Blanca, San Pedro y otros distritos; mientras que se continuará priorizando a las regiones con más habitantes y flujo de movimiento. |
