A través de la Resolución 430/2022 publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional difundió la “Carta Básica de Derechos y Obligaciones para trabajadores de la Economía Popular”, a través de la cual se recomienda a los beneficiarios del programa cómo actuar frente a posibles pedidos de ‘aportes’ o de que concurran a manifestaciones.
La publicación del manual, tuvo lugar un día después de la nueva marcha que protagonizaron piqueteros opositores contra las políticas sociales de Alberto Fernández y la negativa de Desarrollo Social a ampliar los cupos en el programa Potenciar Trabajo.
“Recordá que ninguna persona o autoridad de las Unidades de gestión o Certificación del Programa Potenciar Trabajo puede exigirte dinero como ‘aporte’ o ‘cuota’ bajo amenaza”, así como tampoco pueden “exigirte participar de actividades políticas, religiosas o de otra naturaleza distinta a las laborales o educativas del programa”, se informa.
En el texto también se remarcan las obligaciones de los beneficiarios, entre las que se mencionan el “cumplimiento de 60 horas mensuales dentro de su plan de actividades y grupo de trabajo de su Unidad de Gestión o Certificación, en las siguientes ramas de actividades”.
Allí se enumeran: tareas de cuidados y servicios sociocomunitarios; reciclado y servicios ambientales; construcción, infraestructura social, mejoramiento barrial y habitacional; agricultura familiar y producción de alimentos; producción de indumentaria y otras manufacturas y comercio popular.
Y se añade: “Estas actividades siempre deben realizarse en forma independiente o agrupada, bajo relaciones comunitarios o en cooperativas de trabajo. Nunca en beneficio de un tercero que no sea la comunidad o realizando actividades bajo una relación de dependencia encubierta. En caso de que la actividad genere un excedente económico, el mismo debe distribuirse equitativamente entre quienes lo produzcan”.
Por último, se explicita que “cualquier dependencia del Ministerio de Desarrollo Social podrá recepcionar planteos con controversias que pudieran existir sobre la aplicación de esta Carta de Derechos y Obligaciones, debiendo remitirlas a las oficinas competentes para su intervención".
Consultadas por La Tecla, fuentes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, cartera que conduce Andrés Larroque, señalaron que si bien "los planes son nacionales", en la Provincia rige "una línea telefónica para que quienes cobren asistencia social y sean obligados a marchar o realizar aportes, puedan denunciar".
"Si vivís en la provincia de Buenos Aires y sos destinatario de Programas sociales recordá que es tu derecho recibir la totalidad de la prestación. Nadie puede retenerte o quitarte una suma de dinero de lo que te corresponde”, especifica el spot lanzado el mes pasado, que ofrece una línea (221-2230021) para hacer denuncias “de manera confidencial y segura”.
POTENCIAR TRABAJO
El programa fue lanzado en 2020, cuando Desarrollo Social se encontraba bajo el mando de Daniel Arroyo. Tiene fondos anuales que superan los 300 millones de pesos, que son distribuidos entre los 1,3 millones de beneficiarios que hay en todo el país.
Se trata de un ingreso que equivale al Salario Mínimo, Vital y Móvil, que actualmente es de $22.770 mensuales.
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