La Comisión de Legislación General del Senado de la Provincia de Buenos Aires convocó esta tarde a especialistas para tratar el proyecto de Ley de Alquileres, impulsado por Francisco ‘Paco’ Durañona.
En el marco de la reunión, el presidente de la comisión y autor del proyecto destacó la importancia de legislar sobre esta temática que “para los que tenemos nuestra mirada puesta en el interior, sabemos que muchos de los jóvenes que se desarraigan de sus pueblos dependen enormemente de este tipo de alquileres”. Además, en relación al acceso a los derechos del inquilino, declaró: “Tiene que haber claridad y transparencia para acceder a la información de los honorarios”.
Del encuentro participaron: Federico Kulekdjian, Coordinador de Alquileres de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad bonaerense; Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional; Jerónimo Guerrero Iraola de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires; Luna Miguens, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Eduardo Tonioli, Diputado Nacional.
Por su parte Muñoz detalló: “Para un alquiler de 42 mil pesos, que es un alquiler promedio, hoy entre pedidos de informes, certificación de firmas, depósito y seguro de caución; un inquilino debe pagar un total de $217.200. Mientras que con la sanción de esta Ley se reduciría a unos $80.000”. Asimismo agregó que esto se solucionaría con la “modificación de un artículo para que los costos lo paguen los propietarios; es un proyecto que no perjudica a nadie, ni a las inmobiliarias ni a los inquilinos”.
Por otro lado, Tonioli comentó su experiencia en el tratamiento de la Ley de Alquileres en la Cámara de Diputados de la Nación donde se llegó a un dictamen para “generar incentivos fiscales para los pequeños propietarios de viviendas, establecer la obligación de poner un CBU para el pago virtual del alquiler, la prohibición de los contratos en dólares y la creación de un registro público de contratos”.
En su exposición la Coordinadora del área de Derechos Económicos Sociales y Culturales del CELS, explicó: “Un tercio de los inquilinos tienen deudas de alquiler pero están aún más endeudados en otras cosas como expensas y servicios, tarjetas de crédito o familiares. El 90 por ciento pidió plata para pagar gastos cotidianos porque prioriza tener un techo para vivir”.
Además expresó que ”corresponde que el Estado tenga un rol activo en este conflicto que está formado por dos partes asimétricas: una parte lucha por la posibilidad de tener un techo y la otra busca una renta”. Por último Kulekdjian contó que “Los inquilinos destinan un 40% de sus ingresos sólo a pagar el alquiler, sin contar expensas ni servicios”.
En relación al punto del proyecto que explicita que el Estado deberá garantizar la publicación de los honorarios y las alícuotas que se cobrarán en los alquileres, Guerrero Iraola de la Defensoría del Pueblo bonaerense explicó que “la información empodera y es la herramienta para que se garanticen los derechos” y concluyó, “cuando hay una ley, hay una forma de afianzar ese derecho”.
Para finalizar, Durañona agregó que la iniciativa “no solo se basa en el cumplimiento de un derecho básico sino que se amplía desde el arraigo, para que todas y todos tengan oportunidades de desarrollo y bienestar en donde decidan vivir” y adelantó que en una próxima jornada, la comisión contará con la participación “de más expositores para seguir enriqueciendo el proyecto, entendiendo la necesidad habitacional que viven los y las bonaerenses”. |
