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14 de junio de 2022

La reforma previsional del Bapro tuvo tercer dictamen favorable y dio un paso decisivo

La comisión de Legislación General de Diputados dio otro visto bueno al proyecto del Ejecutivo, con el voto del FdT y un bloque aliado y el rechazo de Juntos y Avanza Libertad. Ponen el pie en el acelerador, con la vista puesta en una posible sesión el 30 de junio. Resta pasar por Presupuesto, donde el oficialismo también tiene mayoría.

La reforma previsional del Bapro tuvo tercer dictamen favorable y dio un paso decisivo - La Tecla


La comisión de Legislación General dio hoy el visto bueno a la reforma previsional de los empleados del Bapro, que ya tenía despacho favorable de Justicia y Asuntos Constitucionales, con modificaciones. 

Se trata de una iniciativa enviada por el Ejecutivo y que fue una promesa de campaña que selló ante el secretario General del gremio de los bancarios, el diputado nacional Sergio Palazzo, uno de los sindicalistas preferidos del kirchnerismo.

Hace minutos, el oficialismo impuso su mayoría para dar el tercer despacho favorable en Legislación General, presidida por el massista Rubén Eslaiman, restando su tránsito por Presupuesto, donde cuenta con superioridad de manos. Así, el Frente de Todos podría llevar la norma al recinto en una sesión que podría realizarse el 30 de junio.

A diferencia de lo que había ocurrido en la comisión de Previsión, donde la UCR se abstuvo, esta vez los radicales votaron en contra junto con el PRO y Avanza Libertad. A favor votaron los legisladores del Frente de Todos: Rubén Eslaiman, Maite Alvado, Alberto Conocchiari, Adrián Grana, Lucía Iáñez y Carlos Puglelli, además de Fabio Britos, del bloque 17 de Noviembre.

En tanto, rechazaron la propuesta y presentaron despacho de minoría los diputados de Juntos: Vanesa Zuccari, Viviana Dirolli, Daniel Lipovetzky, María Florencia Retamozo y Mauricio Vivani, además de Guillermo Castello, de Avanza Libertad, quien aseguró que presentaría su propio texto.

En Asuntos Constitucionales volvió a introducírsele modificaciones, amén de las que había realizado ya la de Previsión y Seguridad Social. En realidad, fue una vuelta atrás para reafirmar aspectos del proyecto original: el 82% móvil en base a las últimas 120 remuneraciones mensuales y no sobre el mejor sueldo en los últimos cinco años.

Sí se mantienen, en cambio, aspectos como la paridad de género en el directorio de la caja del Bapro y la jubilación a los 60 años para las mujeres. En el caso de los hombres que no reúnan los 35 años de servicio, la edad mínima requerida será 70 años.

La diputada oficialista Susana González, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, aseguró que con el dictamen favorable en dicha comisión y el OK que esperan lograr en Legislación General podría encaminarse el proyecto hacia el debate en el recinto, donde se requeriría mayoría simple (la mitad más uno) para su aprobación. Sin embargo, desde Juntos consideran que sí o sí debería pasar por Presupuesto.

La oposición se basa en el artículo 123 del reglamento parlamentario, que sostiene que "en ningún caso podrán ser tratados sobre tablas sin despacho de comisión los proyectos que autoricen gastos".

El debate del proyecto se había “caído” luego de que los halcones del PRO boicotearan el acuerdo sellado por el intendente de Lanús, Néstor Grindetti (también había participado el titular de la bancada de Diputados opositores, el radical Maximiliano Abad), y el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, que finalizó con el portazo del alcalde del Conurbano a seguir integrando la Mesa Provincial de Juntos.

Para que la norma sea aprobada el oficialismo apunta a negociar con los radicales (el PRO adelantó su rechazo), que podrían ordenar la abstención de algunos de sus legisladores para facilitar la aprobación. Además, podría contar con el apoyo de la izquierda y otros diputados de bloques habitualmente aliados.

La reforma, impulsada por Cambiemos en tiempos de María Eugenia Vidal, generó una avalancha de presentaciones judiciales, y la Asociación Bancaria presentó un recurso para que se declarara la inconstitucionalidad de la norma.
 

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