Hace algunos días el Municipio de La Matanza anunció que realizará una presentación judicial para reclamarle a la Ciudad de Buenos Aires al menos $ 100.000 millones por “el daño que el comportamiento del Estado porteño provocó, y sigue provocando, en territorio matancero” a partir de la relocalización de asentamientos en ese distrito bonaerense.
Desde la comuna que conduce Fernando Espinoza consideran que hay una “deuda histórica” vinculada a las relocalizaciones de villas porteñas realizadas por gobiernos dictatoriales en territorios que pertenecían a Nación pero que se encontraban dentro de distritos bonaerenses y de los que “nunca se pagaron las tasas municipales”.
El pedido de Espinoza generó un dilema en torno a quién debe responder realmente: ¿Será la Nación o la Ciudad?. Es que se trata de tierras fiscales federales cedidas a CABA cuando era intendencia -ahora es autónoma-, pero que se encuentran en Provincia. Por lo pronto, fuentes oficiales de CABA señalaron a este medio que tales predios fueron cedidos a la Ciudad en el ‘73”, durante el Gobierno de Juan Domingo Perón.
Mientras tanto, en la actualidad, las tres partes dialogan para llegar a un consenso. El conflicto tiene su origen en la década del 70, cuando familias trabajadoras de bajos recursos llegadas en su mayoría de las provincias o de países limítrofes fueron víctimas del Plan de Erradicación encabezado por la dictadura cívicomilitar.
Las zonas de acción prioritarias fueron las villas 29, en Bajo Belgrano; 30 (Colegiales); 31 (Retiro) y 40 (Avenida Córdoba y Jean Jaurés), según precisa el investigador Demian Konfino en su libro “Patria Villera”. En 1976 había 224.000 personas viviendo en villas y asentamientos en la Capital Federal, aunque dos años después, en los meses posteriores al Mundial 78, alrededor del 50% de esa gente había sido expulsado de sus casas, según el informe oficial de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV), citado por Marta Bellardi en el libro “Villas Miseria”.
En junio de 1980, cuando el presidente de facto Jorge Rafael Videla continuaba encabezando la Junta Militar, sólo 9.000 familias permanecían en los asentamientos porteños, número que bajaría a 4.000 un año después. A su vez, el secretario de Vivienda de la dictadura, Máximo Vázquez Llona, informó en mayo de 1978 que el déficit habitacional afectaba al 42% de la población argentina, de 25 millones por ese entonces.
En ese tiempo también rigió la ejecución de una nueva ley de alquileres, que entró en acción cinco días después de la final del Mundial y habilitó el desalojo de 200.000 personas solo en la Capital Federal. En tanto que al mismo tiempo, el gobierno de facto ofrecía créditos blandos a empresarios para levantar hoteles de cuatro y cinco estrellas.
El objetivo cívico-militar era recuperar el espacio de la ciudad para el desarrollo inmobiliario privado, y además consistía en mostrar otra “imagen del país” para el Mundial 78 ante las autoridades de la FIFA, las selecciones y los turistas que llegarían. En la actualidad, la disputa entre el Gobierno del Frente de Todos que conduce La Matanza y la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires revive una historia pendiente de tierra y hábitat entre la gran ciudad y la periferia.
Desde el Municipio recordaron que “hace casi un año hubo una reunión” por el tema “entre el Gobierno nacional, representado por Gustavo Béliz, autoridades eclesiásticas, el Gobierno porteño y La Matanza”, pero que en la misma “no hubo avances”. La cuestión gira en torno a qué sucederá con la deuda que reclama el municipio bonaerense y quién se hará cargo de resolver un conflicto que lleva décadas abierto.
El plan Cacciatore y las huellas de un oscuro pasado en el país
El Plan de Erradicación de Villas de Emergencia tuvo su capítulo más sangriento durante la última dictadura cívico-militar, más precisamente en el momento en el que se llevó a cabo el Mundial de Fútbol masculino de 1978.
El brigadier Osvaldo Cacciatore, designado intendente de facto de la Ciudad de Buenos Aires por el genocida Jorge Rafael Videla, encabezó un proceso en el que se implementaron operativos para destruir las villas ubicadas en los alrededores del estadio de River Plate y otras zonas que se consideraban centrales para el desarrollo del evento deportivo.
El accionar incluyó el uso de topadoras, grupos de tareas, traslados en camiones de basura y violaciones a los derechos humanos de las familiias afectadas. Entre las villas atacadas, entre otras se encontraban: la del Bajo Belgrano, Colegiales, 31 (Retiro), Bajo Flores (1-11-14). Además, la Villa 15 comenzó a llamarse Ciudad Oculta, ya que se construyó un muro para no mostrarla a los turistas.
Los tironeos por los barrios de Ciudad Evita y Villa Celina
El reclamo del Municipio de La Matanza hacia la Ciudad de Buenos Aires para que salde una deuda multimillonaria generó una rápida respuesta del Gobierno porteño. Fuentes oficiales de CABA señalaron a La Tecla que los barrios en cuestión se encuentran en Ciudad Evita y Villa Celina. A su vez se mostraron “sorprendidos por la decisión de Espinoza”, porque había un “convenio firmado para ceder tierras a la Provincia”.
Entonces explicaron que “la Provincia pidió el traspaso de una parte de las tierras de Ciudad Evita para realizar proyectos de urbanización financiados por el Banco Mundial. Por ello se firmó un convenio en agosto de 2021 entre el intendente Espinoza, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. El mismo establece que CABA traspasa sin cargo esta fracción de tierras y el municipio condona la deuda por las tasas municipales de las parcelas en cuestión”.
Además indicaron que “el convenio tiene aún que ser ratificado” por la Legislatura porteña y el Concejo Deliberante del distrito bonaerense. En cuanto a las restantes tierras aseveraron a este medio que “se está llevando a cabo una mesa de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (mediante RENABAP) y CABA para también avanzar en los traspasos para realizar otros proyectos de urbanización”.
Asimismo afirmaron que “la Ciudad nuevamente estaría dispuesta a traspasar las tierras sin cargo en tanto se condonen las tasas municipales”.
PEVE: el impacto del programa en el Conurbano bonaerense
El Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE) se reglamentó en 1964, durante la presidencia de Arturo Illia, con el objetivo de transformar los asentamientos precarios en planes de vivienda. No obstante, debido a los vaivenes de la historia argentina, la iniciativa no se pone en funcionamiento pleno y la población en las villas creció considerablemente.
Tiempo después, el programa se llevó a cabo en su mayoría durante la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía, Roberto Levingston y Alejandro Lanusse (1966-1973). En ese marco, en el Conurbano bonaerense se realizaron tareas en Adrogué (Almirante Brown); Ciudadela (Tres de Febrero) donde se construyó el Barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache; Florencio Varela, con el conjunto habitacional en las calles José María Paz y Vicente López y Planes; San Isidro; San Justo (La Matanza), con dos conjuntos habitacionales: uno en el cruce de la Avenida Intendente Crovara y el Camino de Cintura, y otro en la Avenida Provincias Unidas, entre las calles Pedro Gallo y Charrúa.
En 1973 el peronismo elaboró el Plan Alborada, que quedó trunco con la irrupción de la última dictadura cívicomilitar, comanda por el genocida Jorge Rafel Videla.
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