Dentro del temario que podría llegar a tratarse en la doble sesión de este jueves en la Legislatura bonaerense, el oficialismo busca incluir el proyecto del Ejecutivo para modificar el régimen jubilatorio de los empleados del Banco Provincia, luego de la reforma votada en tiempos de María Eugenia Vidal y que fue rechazada por los trabajadores bancarios.
El tema está hoy en la Justicia, tras el recurso de amparo presentado por el sindicato contra la eliminación del 82% móvil, el aumento en los años para jubilarse y otros recortes. Al respecto, desde la Corte instaron a las partes a llegar a un acuerdo político para destrabar la situación.
Como si la situación no fuese ya suficientemente intrincada, en las últimas horas hubo algunas definiciones por parte de la conducción nacional del PRO que suman tensión puertas adentro del partido amarillo, también dentro de Juntos por el Cambio y, por supuesto, con el oficialismo.
Como se sabe, el proyecto busca, entre otros puntos, devolver la movilidad jubilatoria, cuestión que Vidal pasó del 82 por ciento a un 70 por ciento, sin movilidad y atado al régimen nacional.
Según trascendió la oposición acordó aprobar las modificaciones, incluyendo la movilidad. Pero, cuando el sector duro del PRO se enteró, puso el grito en el cielo. El proyecto pasó por las manos del ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien advirtió un posible desfinanciamiento no sólo de la caja de los bancarios, sino de todo el IPS.
El ex funcionario expuso que para pagar a los beneficiarios se necesitan 42.000 millones de pesos. La caja recauda, entre aportes patronales y del personal, 23 mil millones, con lo cual el déficit de 19.000 millones lo cubre el Banco porque no tiene garantía la Provincia.
“La caja tiene 15.400 beneficiarios y tiene 10.400 empleados, por lo que tendría que tener una relación tres a uno para poder ser superavitaria, o por lo menos dos”, explicó Lacunza.
El mayor problema, según explicó el PRO, es que con el proyecto de Kicillof la Provincia se pone como garante si los aportes no alcanzan. Es decir, si hay déficit y el Banco no puede cubrir, el Ejecutivo es quien sale como respaldo. “Los jubilados del Bapro cobran 215 mil pesos en promedio de jubilación. Lo que le sobra a la Provincia, hoy va al IPS. Pero si la provincia le tiene que pagar a la caja de Bapro, le tiene que sacar al IPS. O sea, le vamos a sacar recursos s los jubilados que cobran 35 mil para garantizar el pago de los que cobran 215”, explicaron desde el partido amarillo al defender su rechazo a la modificación de la Ley.
En medio de este contexto, acusan al ex presidente Mauricio Macri de “operar” contra el radicalismo al asegurar que el centenario partido estaría acompañando a Kicillof para voletar una ley de Vidal. Pero, según pudo saber LaTecla.Info, fueron los intendentes (comandados por Néstor Grindetti) quienes se comprometieron a votar la Ley.
Este martes, la UCR se le plantó al jefe de bloque de Juntos en el Senado, Christian Gribaudo, para despegarse de la cuestión. “El problema no es nuestro, sino del PRO”, dijeron.
Lo que sí estaría dispuesto a acompañar el partido amarillo, aunque no todos estén de acuerdo, es la movilidad. Pero no la idea de bajar la edad jubilatoria de las mujeres, y tampoco el 82 por ciento por el desfinanciamiento que habría con la caja.
En este escenario, se planteó cambiar articulados para aumentar el aporte de empleados y del propio Banco como requisito para aprobar la movilidad.
Esta misma mañana, Kicillof se refirió al tema del Bapro, asegurando que "para nosotros es muy importante que se arregle el régimen porque está judicializado. La Suprema Corte nos pidió que llegáramos a un acuerdo con el sindicato para que no se sigua judicializando", expresando su deseo de que no haya "vencedores ni vencidos para que funcione bien en el marco de un acuerdo".
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