VIH, hepatitis y tuberculosis: cuenta regresiva para un proyecto que busca ampliar derechos en la salud
La adhesión a la normativa nacional 27.675 lleva dos años y medio de recorrido legislativo y quedó a un paso de convertirse en ley. Necesita despacho de la Comisión de Presupuesto para llegar al recinto hacia fines de noviembre y evitar que pierda estado parlamentario.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La Cámara de Diputados bonaerense tiene en sus manos una iniciativa que puede marcar un avance importante en materia de salud pública y ampliación de derechos. Se trata del proyecto de adhesión a la Ley Nacional 27.675, que establece una respuesta integral e intersectorial al VIH, las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y la tuberculosis. Después de dos años y medio de recorrido legislativo, el expediente quedó a una sola comisión de llegar al recinto, aunque el calendario comienza a jugar en su contra.
La propuesta ya cuenta con media sanción del Senado provincial y obtuvo despacho favorable en las comisiones de Salud Pública y Legislación General de Diputados. Sin embargo, todavía necesita el aval de Presupuesto para quedar en condiciones de ser tratada por el pleno de la Cámara y se estima que la semana próxima podría avanzar. La intención es que pueda incorporarse al temario de la sesión prevista para fines de noviembre, antes del cierre del período ordinario. Si no consigue avanzar, corre el riesgo de perder estado parlamentario y tener que comenzar nuevamente su recorrido legislativo.
El reclamo por su tratamiento también llegó desde las organizaciones que trabajan con las comunidades afectadas. Desde la Fundación GEP advirtieron sobre la urgencia de avanzar con la iniciativa y plantearon que la adhesión no constituye un gesto meramente administrativo, sino una herramienta para garantizar el acceso a la salud integral de miles de bonaerenses.
"La Provincia de Buenos Aires no puede seguir demorando derechos", señalaron desde la entidad. También remarcaron que la normativa nacional está vigente desde 2022 y que las comunidades llevan cuatro años esperando una respuesta provincial. "Los diputados tienen la responsabilidad de garantizar su tratamiento de manera urgente", agregaron.
Entre sus principales disposiciones establece la creación de un Régimen Provincial de Jubilación Especial para personas con VIH y/o hepatitis B y C, en el marco de las facultades que contempla la ley nacional. Se trata de uno de los puntos centrales del proyecto, que busca terminar con las desigualdades que enfrentan quienes realizan aportes a la caja previsional bonaerense respecto de otros sectores que pueden acceder a ese beneficio.
Otro de los aspectos relevantes es la creación de una Comisión Provincial de Control y Coordinación de Políticas sobre VIH, Hepatitis Virales y Tuberculosis, dentro del Poder Ejecutivo. El organismo tendría una integración interministerial e intersectorial, con participación mayoritaria de las redes de personas afectadas y las organizaciones que trabajan en la temática. La intención es que las políticas públicas no queden exclusivamente en manos de las estructuras estatales, sino que incorporen a las comunidades en su diseño e implementación.
El texto también reconoce derechos sociales específicos para las personas con VIH y hepatitis virales que atraviesen situaciones de vulnerabilidad económica y social. Entre ellos contempla el acceso gratuito al transporte para concurrir a los servicios de tratamiento y monitoreo, medidas para facilitar el acceso a una vivienda digna, igualdad de oportunidades en el empleo público y prioridad en programas de capacitación y empleabilidad. A su vez, incorpora el derecho a una alimentación adecuada, con intervención del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
Para quienes atraviesan situaciones de tuberculosis, establece el derecho a recibir tratamiento oportuno y sin dilaciones, además de una prestación económica complementaria en los términos de la Ley provincial 10.436 y transporte gratuito para acceder a los servicios sanitarios.
La propuesta, impulsada por el senador Federico Fagioli, contempla la creación de una Comisión Provincial de Apoyo a Personas en Situaciones Especiales, destinada a elaborar políticas específicas para personas privadas de la libertad y aquellas que atraviesan situaciones especiales de residencia. El objetivo es identificar a la población afectada, conocer cuántas personas se encuentran bajo tratamiento y diseñar intervenciones para evitar interrupciones en la atención.
En materia presupuestaria, el articulado establece que el Gobierno provincial destine el 1% del presupuesto de la Dirección de VIH a fortalecer las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en prevención, acompañamiento y asistencia. El proyecto las reconoce como un brazo ejecutor de las políticas públicas en el territorio. También incorpora la cobertura de niños, niñas y adolescentes que viven con VIH en el marco de la Ley provincial 10.205, referida a pensiones sociales no contributivas.
El expediente fue construido a partir del trabajo conjunto de las redes de personas afectadas y organizaciones que integran la Mesa de VIH, Hepatitis y Tuberculosis de la provincia. Entre ellas se encuentran la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH-SIDA, Fundación GEP, RAJAP, Fundación HCV Sin Fronteras y distintas organizaciones territoriales.
Con la ley nacional vigente desde 2022 y una parte importante de su recorrido parlamentario ya cumplida, la definición quedó ahora en manos de la Comisión de Presupuesto de Diputados. Para las organizaciones que impulsan la iniciativa, el margen para seguir postergando una respuesta que involucra derechos sanitarios, sociales y previsionales es cada vez menor.
