Milei pone más rutas bonaerenses en manos privadas y abre la puerta a nuevos peajes
El Gobierno nacional habilitó la concesión de corredores estratégicos de la Provincia y otros distritos del país. Las empresas podrán cobrar peajes a cambio de administrar y mantener los caminos.
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El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su política de concesiones de infraestructura pública y habilitó la incorporación de más rutas nacionales al sistema de explotación privada. La medida alcanza a corredores de distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, donde varios caminos estratégicos quedaron incluidos en el esquema que contempla el cobro de peajes.
El Decreto 1358/26 con firmas de @JMilei y @LuisCaputoAR, amplía los tramos de rutas a ser concesionadas al sector privado. En esta ocasión las concesiones incluirán obras críticas además del mantenimiento. Ampliaremos. VLLC! pic.twitter.com/V3ClljX9Eq
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1358/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, que amplía el alcance de la denominada Red Federal de Concesiones. La iniciativa permite que empresas privadas asuman la administración, conservación, reparación y explotación de determinados tramos de la red vial nacional.
En territorio bonaerense, la disposición comprende las rutas nacionales 3, 9, 22, 33, 35 y 228, además del acceso A0017. Se trata de corredores que conectan distintas regiones productivas, localidades del interior y accesos estratégicos, por los que circula diariamente una importante cantidad de vehículos particulares y transporte de cargas.
La normativa también incorpora rutas que atraviesan Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Pampa, La Rioja, Chubut, Santa Cruz y Neuquén. En total, el anexo identifica 27 rutas nacionales distribuidas en 16 provincias que podrán integrar las futuras concesiones.
De acuerdo con el decreto, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, deberá definir los sectores que serán entregados a operadores privados. Para ello, tendrá que contar previamente con informes técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que conservará las funciones de supervisión y control sobre los contratos.
El Ejecutivo estableció un plazo máximo de 12 meses para convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales. En ese proceso se elaborarán los pliegos, se evaluarán las ofertas y se seleccionarán las empresas encargadas de administrar los corredores. Los contratos también podrán contemplar actividades comerciales complementarias que generen ingresos adicionales para los concesionarios.
Sin embargo, la inclusión de una ruta en el decreto no implica que toda su extensión vaya a quedar bajo administración privada ni que comiencen a cobrarse peajes de manera inmediata. Los tramos específicos deberán determinarse durante el procedimiento administrativo y quedarán excluidos aquellos sectores que ya estén comprendidos en concesiones vigentes.
Desde la administración nacional justificaron la iniciativa como una herramienta para mejorar el estado de los caminos, reforzar la seguridad vial y reducir los costos logísticos. Según los fundamentos oficiales, la participación privada permitirá financiar obras de rehabilitación y mantenimiento sin comprometer los objetivos de equilibrio fiscal.
De esta manera, el Gobierno profundiza su esquema de concesiones viales y abre una nueva etapa para la infraestructura carretera bonaerense. Mientras avanzan las definiciones administrativas, quedan pendientes cuestiones centrales para los usuarios: qué tramos serán concesionados, dónde se instalarán los peajes, cuáles serán las tarifas y qué inversiones deberán realizar las empresas adjudicatarias.
