Milei va por las cajas profesionales y sacude el tablero bonaerense
El Gobierno nacional profundiza su ofensiva contra los aportes y matrículas obligatorias. La reforma amenaza con desatar una disputa por los recursos previsionales y las atribuciones de la Provincia.
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El Gobierno nacional impulsa la eliminación de matrículas y aportes obligatorios para el ejercicio de distintas profesiones. Las iniciativas ponen en discusión el financiamiento de las cajas previsionales y las competencias provinciales para regular la actividad. En Buenos Aires, miles de profesionales podrían verse alcanzados por los cambios.
Uno de los sectores alcanzados por la discusión es el de los médicos. Recientemente, el Gobierno nacional anunció que los residentes del Hospital El Cruce, ubicado en Florencio Varela, podrán elegir su cobertura de salud a partir de un convenio con Unión Personal. La medida fue presentada como parte de una política más amplia destinada a revisar las obligaciones administrativas y económicas que deben afrontar los profesionales del sistema sanitario.
En ese contexto, desde Nación cuestionaron los costos de matriculación y los aportes a las cajas previsionales bonaerenses. Según las cifras difundidas por el Ejecutivo nacional, algunos médicos de la Provincia deben afrontar pagos superiores a los 330 mil pesos mensuales entre matrícula y aportes previsionales, además de contribuir con un 5% de sus honorarios profesionales. Estos valores corresponden a situaciones específicas y no necesariamente representan los costos de todos los médicos matriculados.
El planteo alcanza a la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires, que administra un régimen previsional propio financiado mediante aportes y contribuciones establecidos por ley. Una eventual modificación de esas obligaciones requeriría analizar sus consecuencias sobre los ingresos de la entidad, el pago de jubilaciones y las prestaciones destinadas a los afiliados.
La discusión también involucra a otras actividades profesionales, como la abogacía, la ingeniería, la arquitectura y la escribanía, que cuentan con sistemas de matriculación y regímenes previsionales específicos. En estos casos, la eliminación o reducción de aportes obligatorios podría representar una disminución de los costos para ejercer, pero también modificar las fuentes de financiamiento de las cajas y exigir alternativas para garantizar sus compromisos previsionales.
Uno de los principales puntos de discusión es el alcance de las facultades nacionales. La regulación del ejercicio profesional corresponde, en términos generales, a las provincias, que establecen mediante sus propias leyes los requisitos de matriculación, fiscalización y funcionamiento de los colegios. Por ese motivo, las iniciativas nacionales no implican automáticamente la eliminación de las obligaciones establecidas por la legislación bonaerense.
Como antecedente, en mayo de 2025 el Ministerio de Salud de la Nación dispuso que la matrícula nacional fuera suficiente para desempeñarse en organismos e instituciones dependientes del Estado nacional, independientemente de su ubicación. La disposición modificó los requisitos para ese ámbito específico, pero no eliminó las matrículas provinciales ni los regímenes previsionales vigentes.
Mientras Nación impulsa estas modificaciones, el gobierno de Axel Kicillof mantiene una política de articulación con los colegios profesionales. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se reunió recientemente con representantes de distintas entidades del sector sanitario para incorporarlas a la elaboración del Segundo Plan Quinquenal de Salud 2027-2032. Participaron autoridades de colegios vinculados con la medicina, la farmacia, la kinesiología, la nutrición y otras disciplinas.
En paralelo, la Legislatura bonaerense analiza iniciativas vinculadas con la creación de nuevos colegios profesionales, encargados de regular la matrícula, fiscalizar el ejercicio de determinadas actividades y establecer mecanismos de control ético. De esta manera, conviven propuestas nacionales destinadas a reducir la obligatoriedad de la colegiación con proyectos provinciales orientados a ampliar la organización institucional de distintas profesiones.
El impacto sobre las cajas previsionales constituye uno de los aspectos centrales del debate. Estas entidades administran recursos destinados a financiar jubilaciones, pensiones y otros beneficios, por lo que una modificación de los aportes obligatorios podría afectar sus ingresos. Al mismo tiempo, los costos de matriculación y previsión representan una obligación económica para los profesionales, especialmente en las etapas iniciales de su actividad.
Por ahora, las iniciativas nacionales no modifican de manera general el funcionamiento de las cajas profesionales bonaerenses. No obstante, el avance de la política de desregulación instala una discusión sobre los aportes obligatorios, la sostenibilidad de los sistemas previsionales y los límites de intervención del Estado nacional en competencias provinciales. Su eventual aplicación dependerá del alcance de las reformas, las leyes vigentes y las decisiones que adopten las distintas jurisdicciones.
