El gigante sigue sin definir su rumbo. Internas, un gerente con superpoderes, gastos cuestionados y baja producción llevan a que la empresa estatal sume problemas para la gestión de Kicillof
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Reclamos salariales, malestar interno y una conducción a cargo de un gerente con facultades de presidente agravan la crisis del Astillero Río Santiago. Con un presupuesto provincial superior a $105.000 millones, destinó casi el 94% a salarios y apenas $2.400 millones a producción. Mientras su actividad es prácticamente nula, proyectó ingresos propios por solo $1.210 millones.
La megaempresa bonaerense que supo ser líder en la construcción naval carece de notas positivas y se puebla de negativas, mientras ve tambalear su futuro en medio de pedidos de reconversión como Empresa Estatal y la recurrente idea de privatizarla.
En un laberinto sin salida, el Astillero ve naufragar la esperanza de ser un emblema para la industria naviera provincial y nacional. Una nueva crisis de conducción quedó en evidencia tras la salida de Pedro Wasiejko, cuya renuncia a la presidencia del armador se oficializó el 25 de agosto de 2025. Había asumido en marzo de 2021 y su eyección estuvo atravesada por disputas internas y reclamos sindicales. Desde entonces, la empresa estatal quedó sin un reemplazo definitivo en la presidencia.
Aunque inicialmente se preveía designar un sucesor después de las elecciones del año pasado, el Gobierno bonaerense no formalizó una nueva conducción, aunque el Gerente General, Gonzalo Ibendhal, oficia como máxima autoridad, con superpoderes no inherentes a su cargo de gerente. Tanto el gobernador Axel Kicillof como el ministro de Producción, Augusto Costa, mantienen hasta el presente el cargo de presidente vacante, en un escenario de incertidumbre institucional.
Esta irregularidad parece no ser una preocupación para las autoridades bonaerenses. En ese sentido, el Poder Ejecutivo amplió las facultades operativas del Astillero mediante el Decreto 357/2026, cuya norma habilita a sus autoridades a firmar contratos, aprobar acuerdos comerciales y avanzar en operaciones vinculadas con la actividad industrial y metalúrgica. También les permite intervenir en procesos judiciales y arbitrales, incluso en ámbitos internacionales. Según la fundamentación oficial, el objetivo es agilizar los procedimientos y facilitar la concreción de contratos y convenios. Además, establece que, ante la vacancia simultánea de la presidencia y la vicepresidencia, esas facultades podrán ser ejercidas por el gerente general.
Sin embargo, la ampliación de atribuciones convive con una disputa interna por los espacios de decisión. Según fuentes consultadas, uno de los sectores responde al ministro Augusto Costa y tiene presencia en áreas como las gerencias del área Comercial, Almacenes, Compras y Recursos Humanos y en otro espacio se ubicarían dirigentes referenciados en el jefe comunal ensenadense Mario Secco, como el propio Ibendahl y Emmanuel Ruiz. Más allá de la sintonía fina entre Kicillof y Secco, en el caso del Astillero ha diferencias con el Ejecutivo provincial que se expresarían en la definición de autoridades, gerencias y jefaturas. Dentro de ese esquema, la denominada mesa política del Astillero concentraría parte de las decisiones sobre el funcionamiento de la empresa donde el intendente Secco lleva la cinta de capitán sin ser parte del equipo.
También se atribuye un papel relevante a Andrés Biscione, jefe de Gabinete del ministerio de Producción, en cuestiones vinculadas con la incorporación de personal y los acuerdos sobre la planta.
Además, hay compras y contrataciones que quedaron bajo cuestionamientos. Fuentes consultadas señalaron adquisiciones que habrían generado malestar entre los trabajadores, entre ellas la compra de unos 25 equipos de aire acondicionado mientras, según los testimonios, se registraban faltantes de guantes y otros insumos necesarios para la producción. Además, mencionaron gastos en artículos de librería, resmas y servicios de catering. Las críticas apuntan a la adecuación de algunos convenios con proveedores a las necesidades de una estructura administrativa, en lugar de las demandas específicas de una fábrica industrial. A estos planteos internos se suman observaciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia sobre irregularidades detectadas en gestiones anteriores. (Ver cuadros).
Los números del presupuesto 2026 exponen otra de las dificultades del ARS. La empresa contó con una asignación inicial de $105.175 millones y recibió un refuerzo de $348 millones para atender compromisos operativos. De acuerdo con los datos presupuestarios consignados, $98.376 millones -cerca del 94% del presupuesto inicial- se destinaron a salarios y haberes de una planta estimada entre 2.300 y 2.900 trabajadores. En contraste, se habían previsto alrededor de $2.400 millones para insumos, maquinaria y materiales vinculados con la producción naval que, por cierto, es prácticamente nula.
La capacidad de generar recursos propios también aparece como un punto crítico. Para todo 2026, el Astillero habría proyectado una facturación de $1.210 millones, poco más del 1 % de su presupuesto total. La diferencia entre los fondos asignados, los recursos previstos para la actividad productiva y los ingresos propios refleja la dependencia de los aportes provinciales para sostener su funcionamiento, cuando la empresa debiera generar más recursos de los que demanda.
En cuestión de números, la escasa cantidad de licitaciones identificadas en los últimos dos años también ofrece una radiografía de la actividad del Astillero Río Santiago. Entre los procedimientos consignados aparecen compras de cables, mangueras, discos, lubricantes y ropa de trabajo, además de servicios de control de plagas y la adquisición de un termotanque. La lista, con operaciones fechadas entre junio de 2025 y octubre de 2026, muestra un volumen acotado de contrataciones registradas, un dato que se suma a los interrogantes sobre el nivel de actividad de un astillero de las dimensiones y capacidad que tiene el ARS.
Entre las operaciones figuran la compra de cables por $166,3 millones, en abril de 2025, y de cable eléctrico para grúas por $112,8 millones, en octubre de 2026. También se registraron adquisiciones de ropa de trabajo por $156,5 millones, mangueras por $56,2 millones, discos por $65 millones y lubricantes por $41,6 millones. Se suma un servicio de control de plagas por casi $21 millones, fechado en diciembre de 2025.
La escasez de procedimientos relevados contrasta con la dimensión de su estructura y el presupuesto que recibe. La falta de grandes proyectos de construcción naval vuelve a poner el foco en la actividad productiva y en la capacidad de la empresa para traducir los recursos públicos en nuevos trabajos que le generarían ingresos al erario bonaerense.
Con una conducción sin definir, disputas internas y cuestionamientos sobre el manejo de los recursos, el Astillero Río Santiago enfrenta el desafío de recuperar actividad y fortalecer su capacidad productiva. Mientras tanto, siguen en discusión las alternativas para su futuro: una reconversión que consolide su perfil como empresa estatal o la posibilidad de avanzar hacia una privatización, una propuesta que reaparece periódicamente en el debate político.
TRIBUNAL DE CUENTAS Consultorías cuestionadas: la dura observación contra ARS
El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires desaprobó gastos por $7 millones realizados en 2024 por el Astillero Río Santiago (ARS) para contratar a dos consultoras y formuló un cargo personal de $10.382.315,08, incluidos intereses y actualizaciones, contra el entonces presidente del organismo, Pedro Andrés Wasiejko, y otros responsables. Según el fallo, los informes entregados carecían de sustento técnico y no aportaban utilidad concreta a la actividad naval.
Las contrataciones se realizaron durante la gestión de Wasiejko. El Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx) recibió $4 millones el 29 de julio de 2024 por estudios vinculados con el desarrollo de proyectos navales. Un día después, se pagaron otros $3 millones a la Fundación Proyecto Económico, vinculada con la economista y exdiputada Fernanda Vallejos, para elaborar informes sobre la industria naval, el comercio internacional y el transporte marítimo.
Sin embargo, la auditoría determinó que los documentos no se correspondían con los servicios contratados. En el caso de OCIPEx, el Tribunal encontró un ensayo de opinión sobre política económica nacional, sin desarrollo técnico ni propuestas específicas para el Astillero. Los informes de la Fundación Proyecto Económico, por su parte, se centraban en variables macroeconómicas generales, sin abordar la industria naval ni aportar indicadores sobre astilleros, puertos o vías navegables.
El organismo de control cuestionó que los trabajos no ofrecieran herramientas concretas para la producción, la logística, la ingeniería o el desarrollo comercial del ARS. También señaló que no se acreditó una necesidad operativa que justificara los pagos. Wasiejko, quien solicitó y certificó los servicios, no presentó un descargo para revertir las observaciones.
La resolución se suma a los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos de una empresa estatal fuertemente dependiente de los fondos provinciales. En 2024, el Astillero contó con un presupuesto definitivo superior a los $70.000 millones, destinado mayoritariamente al pago de personal.
JUAN CONTRISCIANI Salarios y trabajos a la baja: la situación cotidiana del Astillero
El delegado de la sección de Cobrería, Juan Contrisciani, cuestionó la evolución de los salarios de los trabajadores del Astillero Río Santiago y apuntó contra el Gobierno nacional por la paralización de contratos que, según sostuvo, podrían haber impulsado la actividad de la fábrica naval. Además, reclamó inversiones para recuperar la capacidad productiva.
En materia salarial, señaló que el acuerdo alcanzado con la Provincia contempla un incremento del 6% en dos tramos, correspondientes a octubre y noviembre. Sin embargo, advirtió que la mejora resulta insuficiente frente al avance de los precios. “Estamos llegando con un 23% de aumento salarial en lo que va del año y ya en septiembre tenés un 26% de inflación”, sostuvo.
El delegado también cuestionó los indicadores oficiales por considerar que no reflejan el impacto real del costo de vida. Como ejemplo, mencionó el aumento superior al 120% en el boleto de colectivo. En ese sentido, afirmó que la pérdida del poder adquisitivo se arrastra desde 2019 y estimó que los salarios acumulan un deterioro del 34%. Según planteó, la situación no es exclusiva del sector naval, sino que alcanza también a docentes, auxiliares y otros trabajadores estatales.
En cuanto a la actividad del astillero, destacó la construcción de un dique de reparaciones financiado por la Provincia. La obra, de 90 metros de largo, 25 de ancho y 12 de alto, busca recuperar una capacidad que se perdió en 2021, cuando colapsó la estructura anterior. No obstante, aclaró que el proyecto todavía está lejos de ocupar toda la capacidad productiva disponible.
El dirigente atribuyó parte de la falta de trabajo a decisiones de la administración de Javier Milei. En particular, mencionó la baja del contrato para construir un dique destinado a la Armada en Ushuaia y la paralización de otro proyecto que contemplaba la construcción de tres patrulleros oceánicos en el marco de un acuerdo con Francia.
Contrisciani consideró que ambas iniciativas podían representar una reactivación significativa. Mientras tanto, el astillero sostiene su actividad con obras para ABSA, Copetro y tareas de mantenimiento en el Estadio Único, entre otras.
Sociedad del Estado: una iniciativa con distintas posiciones
El Astillero vuelve a estar en el centro del debate por su posible transformación jurídica en una Sociedad del Estado, bajo propiedad íntegra de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por dirigentes y sectores gremiales como ATE Ensenada y referentes de la conducción del Astillero, busca agilizar los procedimientos administrativos, mejorar la competitividad y otorgar mayor autonomía de gestión. Sus promotores sostienen que el cambio permitiría superar las trabas de la administración pública central y facilitar el desarrollo de la actividad industrial.
Sin embargo, la propuesta también genera resistencias entre sectores sindicales y políticos disidentes, incluidas corrientes de izquierda y referentes de la oposición interna. Estos espacios advierten que la nueva figura podría habilitar esquemas de flexibilización laboral y cuestionan que una modificación jurídica, por sí sola, resuelva los problemas estructurales de la empresa.
Entre los principales reclamos aparecen la falta de inversiones, la escasez de contratos y las dificultades para sostener el nivel de producción. Sin embargo, la capacidad operativa genera incertidumbre frente al proceso electoral del 2027 y si cambia de color la condiucción política de la Provincia.
JORGE SMITH Obras en marcha, contratos frenados y preocupación por el futuro
Jorge Enrique Smith, trabajador de oficio maniobristas y dirigente gremial de la agrupación Celeste CCC de Astillero Río Santiago, describió las dificultades operativas. El dique flotante, los buques venezolanos y los proyectos paralizados marcan el presente del establecimiento. De esta manera, advirtió sobre el impacto de las políticas nacionales en la industria naval, aunque destacó que la continuidad laboral se sostuvo a partir de las obras que encara la Provincia. “Si hablamos de la era de Milei, todas las empresas del Estado están al borde del colapso, del cierre o de la privatización”, sostuvo Smith.
En ese escenario, remarcó que la actividad sigue siendo limitada y que no todos los sectores de la fábrica están operativos. Uno de los principales trabajos en marcha es la construcción de un dique flotante propio. Según explicó, ya se colocaron siete bloques y restan otros siete, con la expectativa de concretar la botadura alrededor de marzo del año próximo. La obra permitió sostener parte de la actividad, aunque las áreas de alistamiento y reparación de buques permanecen paralizadas por la falta de infraestructura disponible.
Otro frente pendiente es el de los barcos petroleros vinculados a Venezuela. Smith señaló que la Provincia intimó para que se defina la continuidad del contrato o su rescisión. “Si quieren, seguimos el contrato y, si no, que lo rescindan, paguen el costo y nosotros vendemos los barcos”, planteó.
Según afirmó, existen potenciales compradores en el mercado internacional. A su vez, el dirigente mencionó la posibilidad de construir un dique de mayores dimensiones para un astillero uruguayo. La iniciativa ya fue cotizada y depende de que se concrete el acuerdo, con avales financieros del gobierno bonaerense. También cuestionó la paralización de proyectos para la Armada, entre ellos un dique flotante destinado a Tierra del Fuego y la construcción de patrulleras, que atribuyó a decisiones del Gobierno nacional.
Mientras tanto, el astillero continúa con trabajos acotados, entre ellos la finalización de una embarcación reconvertida para el transporte de arena. “No tenemos mucho, pero subsistimos”, resumió Smith, al describir un panorama en el que la continuidad laboral convive con la falta de nuevos encargos y la incertidumbre sobre el futuro productivo.
NOMBRE CUESTIONADO Gonzalo Ibendahl: un reemplazo envuelto en polémicas
Tras la salida de Pedro Wasiejko, el gobernador Axel Kicillof no designó un nuevo presidente formal para el Astillero Río Santiago, que permaneció durante meses sin una conducción titular. En mayo de 2026, la Provincia publicó el Decreto 357/26, con el objetivo de agilizar la gestión y destrabar procedimientos administrativos.
La norma otorgó facultades operativas a las autoridades del ente, entre ellas Gonzalo Ibendahl, para firmar y aprobar contratos comerciales vinculados con la actividad naval y metalúrgica, intervenir en cuestiones jurídicas y operativas y administrar materiales declarados en rezago o abandono dentro del predio. La medida buscó facilitar decisiones y operaciones sin depender de circuitos administrativos más extensos.
Sin embargo, el funcionario ya había quedado bajo observación del Tribunal de Cuentas bonaerense. A fines de noviembre de 2025, el organismo de control sancionó administrativamente a Ibendahl y al director Eduardo Luis Padín por irregularidades detectadas en la gestión presupuestaria del Astillero.
Entre las observaciones figuraron la falta de presentación del plan anual de contrataciones y el presunto fraccionamiento de compras de suministros para evitar los límites que obligan a convocar licitaciones públicas. De este modo, la ampliación de facultades operativas en el ARS coincidió con antecedentes de cuestionamientos administrativos sobre los procedimientos de contratación.
DESCONTENTO GENERALIZADO Reclamos, despidos y un malestar recurrente dentro de ARS
En medio de los recurrentes reclamos salariales, como también el malestar dentro de la planta por la falta de trabajo y gastos por parte de la conducción, el Astillero Río Santiago suma un nuevo frente de conflicto por los despidos de dos trabajadoras que denuncian persecución laboral y discriminación. Se trata de Victoria Lago, desvinculada en enero de 2026, y Verónica Giraldi, quien recibió su telegrama de despido el 3 de junio, fecha que coincidió con la movilización de Ni Una Menos.
Ambas cuestionaron las decisiones de la empresa estatal y aseguran que sus ausencias laborales estaban justificadas mediante certificados médicos e informes de salud mental. Además, sostienen que el Astillero incumplió los protocolos establecidos por la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley Micaela.
En su momento, desde el Gobierno de Axel Kicillof y la administración del ARS rechazaron las acusaciones de discriminación y justificaron las desvinculaciones por ausentismo.
También aseguraron que las denuncias presentadas previamente por las trabajadoras habían sido abordadas por las autoridades correspondientes. Lejos de resolverse, la disputa escaló a las calles. Las trabajadoras realizaron movilizaciones frente al ministerio de Trabajo y al Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense. Incluso llevaron adelante un acampe y se encadenaron frente a la Gobernación para visibilizar sus reclamos.
