Un fiscal penal juvenil de San Isidro aseguró que aplicará la Ley 27.801 pese a la suspensión preventiva por 60 días dispuesta por una jueza de Lomas de Zamora. El conflicto suma tensión política y abre un nuevo frente para La Libertad Avanza en la provincia.

Cruzada por el nuevo Régimen Penal Juvenil: un fiscal mantendrá la ley en su jurisdicción

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La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires luego de que un fiscal de San Isidro anticipara que continuará aplicando la Ley 27.801, pese a la decisión judicial que suspendió preventivamente su entrada en vigencia durante 60 días.

Se trata del fiscal penal juvenil Andrés Zárate, quien cuestionó con dureza la resolución de la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual. La magistrada había dispuesto la suspensión a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado en representación de adolescentes privados de su libertad.

Zárate sostuvo que la jueza puede declarar la inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto, pero consideró que no está dentro de sus atribuciones suspender de manera general una ley sancionada por el Congreso de la Nación.

"Suspender la aplicación de una norma salida del Congreso de la Nación, una norma penal, es un absurdo procesal, un absurdo constitucional y un absurdo jurídico", sostuvo el fiscal en declaraciones televisivas.

La ley que baja la edad de imputabilidad

El nuevo régimen establece un sistema penal específico para adolescentes y alcanza a jóvenes desde los 14 años en determinados supuestos. La discusión se concentra especialmente en la capacidad del sistema bonaerense para alojar y asistir a los menores alcanzados por la reforma.

Ese fue precisamente uno de los argumentos centrales de la jueza Pascual para disponer la suspensión preventiva: la falta de infraestructura y de establecimientos adecuados para implementar el nuevo esquema sin afectar los derechos de los adolescentes.

Sin embargo, Zárate rechazó que ese escenario impida aplicar la legislación. Según explicó, antes de la reforma también existían medidas judiciales que implicaban la privación de libertad de adolescentes acusados de delitos, aunque bajo otro régimen.

El fiscal también remarcó que la nueva normativa contempla penas alternativas y establece un máximo de 15 años de prisión para los adolescentes, por lo que la privación de libertad no constituye una consecuencia automática.

Un conflicto que también es político

La disputa judicial rápidamente se transformó en un conflicto político. La Libertad Avanza bonaerense anticipó que impulsará un pedido de juicio político contra la jueza Pascual por haber suspendido la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

El oficialismo provincial busca avanzar contra la magistrada mientras distintos sectores discuten si la decisión judicial excedió sus facultades o si, por el contrario, constituye una medida preventiva frente a las falencias del sistema de responsabilidad penal juvenil.

En ese escenario, la decisión de un fiscal de San Isidro de aplicar la norma agrega un elemento de tensión: mientras la suspensión judicial continúa vigente en el territorio bonaerense, Zárate sostiene que la Ley 27.801 debe ser considerada plenamente aplicable dentro de su jurisdicción.

El enfrentamiento deja así planteado un escenario de tensión entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el oficialismo libertario, con la implementación del nuevo régimen penal juvenil como telón de fondo.

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