Kicillof busca recuperar $150 mil millones que las obras sociales le deben a hospitales
La Provincia puso en marcha un régimen especial de regularización para cobrar la deuda acumulada por prestaciones del SAMO. El Gobierno atribuye el crecimiento del pasivo a la disolución del sistema de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada durante la gestión de Javier Milei y anticipa que parte de lo recuperado se distribuirá entre los trabajadores de la salud.
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El Gobierno de Axel Kicillof estableció un régimen especial para que las obras sociales nacionales regularicen las deudas que mantienen con hospitales y efectores públicos bonaerenses por prestaciones realizadas a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO). La idea es recuperar lo adeudado y parte de eso será transferido a los trabajadores y trabajadores.
La medida fue dispuesta por la Resolución N° 103-SAMO-2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y tendrá una vigencia de 45 días corridos desde su publicación. Según fundamenta la norma, las deudas se acumularon luego de cambios introducidos a nivel nacional que modificaron los mecanismos utilizados para recuperar el costo de las prestaciones realizadas por los hospitales públicos. La Provincia sostiene que esos cambios dejaron a numerosas prestaciones sin un mecanismo eficaz de cobro.
Según pudo conocer La Tecla, la deuda que poseen es de unos 150 mil millones de pesos en total. La misma se generó luego de que el gobierno de Javier Milei disolviera el régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), que fue creado por el Decreto Nº 939/00. El sistema permitía a los hospitales públicos facturar y recuperar los costos de las atención médica brindada a pacientes que tienen obra social o cobertura de salud.
Asimismo, desde el Ministerio de Salud que conduce Nicolás Kreplak explicaron que la eliminación del HPGD complicó y demoró el cobro a las obras sociales por lo que se acumuló deuda. Sin embargo, a raíz de la implementamos un programa basado en la historia clínica digital y de cuidados progresivos en los hospitales, lograron ordenar finalmente la facturación e identificarlas.
Además, recordaron que por ley, lo que se recaude a través del SAMO, una parte de distribuye en el salario de los trabajadores y trabajadoras de la salud. "Vamos a ver cuánto podemos recuperar. Es un plan de pagos bastante accesible", indicaron a este medio fuentes oficiales.
El Gobierno bonaerense señala además que las obras sociales nacionales concentran la mayor parte de la deuda acumulada con los efectores provinciales. Por ese motivo, resolvió establecer un tratamiento específico para esas entidades.
La resolución también advierte que una ejecución inmediata de los créditos podría comprometer la capacidad de pago de las obras sociales y afectar la continuidad de la cobertura de sus beneficiarios, en su mayoría bonaerenses, lo que terminaría generando una mayor presión sobre el sistema público de salud.
El régimen permite cancelar las obligaciones de tres maneras: en una sola cuota, en hasta 18 cuotas mensuales sin interés de financiación o en hasta 24 cuotas con una tasa del 4% anual sobre saldos.
En este último caso, las obras sociales deberán cancelar al menos el 70% de la deuda durante los primeros 12 meses del plan.
La adhesión al régimen implicará el reconocimiento expreso de la deuda. Además, mientras se cumpla con el plan se suspenderá el cómputo y devengamiento de intereses moratorios, recargos y otros accesorios financieros correspondientes a esas obligaciones.
El beneficio, sin embargo, podrá perderse si se incumplen las condiciones. La falta de pago de tres cuotas, consecutivas o alternadas, puede provocar la caducidad del régimen y habilitar a la Provincia a iniciar el juicio de apremio por la totalidad de la deuda reconocida.
La medida apunta así a recuperar recursos que, según el Gobierno bonaerense, son fundamentales para sostener el sistema público. El SAMO permite recuperar fondos por prestaciones realizadas a personas que cuentan con cobertura de obras sociales u otros sistemas de aseguramiento, para luego reinvertirlos en el sistema de salud provincial.