7 de mayo de 2026
CRISIS ECONÓMICA
Más largo que esperanza de intendentes: siguen sin respuestas por fondos libres
Un grupo de tres jefes comunales pasó por la Legislatura y fueron recibidos por las autoridades de la Cámara de Diputados. Destacaron la predisposición, pero no obtuvieron soluciones concretas. Sin embargo, se abre una luz de al final del túnel.
En medio de la crisis que golpea a los municipios, los intendentes reclaman al Gobierno bonaerense respuestas por diferentes rincones. Este jueves la Cámara de Diputados recibió a tres jefes comunales con el objetivo de escuchar sus reclamos para tener libre disponibilidad de los fondos coparticipables.
El encuentro se produjo desde las 11 con la presencia del presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara, y los diputados Alexis Guerrera, Rubén Eslaiman, Juan Pablo de Jesús, Diego Garciarena y Alejandro Rabinovich, todos integrantes de la Comisión Bicameral de seguimiento de la iniciativa que inyecta fondos a los distritos. Por el lado de los alcaldes estuvieron Franco Flexas y Maximiliano Suescun (UCR) y Javier Gastón, massista de Fuerza Patria.
Según la Ley de Endeudamiento sancionada en diciembre de 2025, el 70% del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipales es de libre disponibilidad, mientras que el resto está condicionado a programas específicos en áreas como infraestructura, transporte y cultura. Según la Ley 14.812, el fondo destinado a los municipios se conformará con lo obtenido del 8% de la toma de deuda.
Ante esta situación, propusieron que, con carácter estrictamente excepcional, se habilite su utilización para gastos corrientes y de libre disponibilidad, a efectos de garantizar la continuidad de los servicios esenciales, el cumplimiento de las obligaciones salariales y la estabilidad institucional de los municipios.
Según pudo conocer La Tecla, los cañones apuntan al Poder Ejecutivo en torno a la posibilidad de modificar la ley. No obstante, comenzó a circular la versión de la posibilidad de que el Fondo Educativo sea la llave para destrabar el conflicto porque existiría la chance de que se modifique lo establecido para hacerlo de libre disponibilidad. Una posibilidad que podría avanzar y que abre una luz de esperanza para los municipios, y que podría repartir unos 240.000 millones de pesos.
Al finalizar el encuentro, el intendente de Chascomús, Javier Gastón, sintetizó el reclamo al señalar que “acá hay 70 intendentes que estamos planteando lo mismo, la necesidad de poder usar este Fondo de Infraestructura Municipal en un ciento por ciento libre disponibilidad”. Según explicó, el esquema original había surgido “de un acuerdo de distintos espacios políticos”.
El jefe comunal sostuvo además que el deterioro económico y financiero de los municipios obliga a replantear las condiciones actuales del fondo. “El contexto ha cambiado a lo que era diciembre, se ha profundizado la crisis, se ha profundizado la demanda de nuestros vecinos a cada uno de los intendentes, y necesitamos herramientas nuevas para dar respuestas distintas a las que venimos dando”, afirmó.
Gastón también buscó involucrar a los legisladores provinciales en la discusión y remarcó que muchos de ellos representan distritos del interior bonaerense que atraviesan problemas similares. “Son diputados que salen de los mismos distritos y saben perfectamente lo que está pasando en el interior de la provincia de Buenos Aires, y ven con preocupación lo que está pasando con las arcas provinciales, pero también las arcas municipales”, expresó.
En la misma línea se manifestó el presidente del Foro de Intendentes Radicales, Maximiliano Suescun, quien aseguró que existe predisposición política para reabrir la discusión sobre el funcionamiento del fondo.
“Vimos muy buena predisposición. Primero recibirnos, después explicarnos todos los pasos que se dieron hasta llegar hasta acá y me parece que en los próximos días podemos llegar a avanzar”, señaló.
Suescun explicó que el objetivo es volver a sentar en una mesa al Ejecutivo, las cámaras legislativas y los intendentes para revisar el esquema actual frente al agravamiento de la situación económica municipal.
“Lo que nosotros estuvimos charlando hoy es de sentarnos todos nuevamente para poder repensar cuál es la nueva situación de los municipios con un análisis concreto de las situaciones que se dan de los distintos municipios y pensar lo mejor entre todos”, indicó.
Y agregó una frase que expone el desfasaje que perciben los intendentes entre la dinámica institucional y la realidad financiera local: “A veces los tiempos legislativos no son los tiempos de la realidad de los municipios”.
Según detalló, la próxima instancia de negociación dependerá de la conformación de la comisión bicameral en el Senado bonaerense. “La fecha va a ser ni bien se conforme la bicameral en el Senado, vamos a planteárselo a Verónica Magario para ver cuándo pueden terminar de conformar y avanzar a paso concreto”, explicó.
La resolución que endurece el control provincial
El reclamo de los intendentes coincidió con la publicación de la Resolución 231/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, encabezado por Gabriel Katopodis, que reglamenta el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal y establece una batería de controles sobre los proyectos financiados con fondos provinciales.
La medida obliga a los municipios a presentar expedientes técnicos completos, con memoria descriptiva, planos, presupuestos detallados, plan de trabajo y acreditación de titularidad de los terrenos donde se ejecutarán las obras.
Además, la Provincia se reserva la facultad de exigir documentación adicional y someter cada proyecto a múltiples instancias de validación administrativa, técnica y financiera.
Uno de los artículos más sensibles establece que la Dirección Provincial de Infraestructura Municipal evaluará si cada obra responde “a las necesidades de la Provincia”, verificará que no exista superposición con otros proyectos y analizará la razonabilidad de los montos presupuestados.
La resolución también condiciona los desembolsos al avance físico de las obras. El segundo pago solo podrá realizarse si el municipio acredita inicio de obra, cartel oficial y un avance mínimo del 20%, mientras que el tercer desembolso requerirá superar el 50% de ejecución.
Otro punto que generó ruido entre los intendentes es que cualquier modificación de proyectos deberá ser aprobada por Infraestructura, Economía, Asesoría General de Gobierno, Contaduría y Fiscalía de Estado. Es decir, los municipios no podrán redefinir libremente obras ya autorizadas.
La normativa incluso habilita a la Provincia a suspender pagos o frenar nuevos proyectos si considera que un municipio “obstaculiza el contralor” de los fondos transferidos.
En los municipios interpretan que el nuevo esquema consolida un modelo de control centralizado sobre la obra pública local en momentos donde las comunas reclaman exactamente lo contrario: mayor autonomía financiera, menos burocracia y capacidad de maniobra para afrontar una crisis social y económica que golpea cada vez más fuerte en el territorio bonaerense.